¿Quién es quién en la trama de las ITV?

La compleja investigación lleva a un magistrado de Barcelona a ser juzgado por orden del Tribunal Supremo, mientras el diputado autonómico Oriol Pujol deberá enfrentarse a un jurado.

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Oriol Pujol, ex 'número dos' de CDC
Xiana Siccardi
Miércoles, 18.09.2013 07:35
La presunta causa de corrupción del caso de las ITV, centrada en descubrir si cargos públicos, empresarios y un magistrado intentaron amañar una concesión de estaciones de ITV de manera fraudulenta en Cataluña, es un complejo sumario compuesto por miles de folios, fotografías, reportes de seguimientos, correos electrónicos comprometidos y transcripciones telefónicas. El caso arrancó en mayo de 2012, cuando la Guardia Civil detuvo en Barcelona a empresarios y a importantes personas relacionadas con la Diputación de Barcelona y con la Dirección General de Seguridad Industrial de la Generalidad de Cataluña. Ahora, el proceso judicial está muy avanzado. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el magistrado implicado, mientras el diputado autonómico Oriol Pujol, imputado en la causa, previsiblemente deberá someterse a la deliberación de un jurado.

El Supremo ha resumido la causa -y lo que considera indicios de criminalidad- en un auto de 26 folios en el que desgrana la supuesta responsabilidad de cada uno de los implicados. El objetivo que tenían era, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dejar sin efecto un concurso resuelto sobre la adjudicación de estaciones de ITV y convocar otro, conforme al nuevo Plan Territorial de Estaciones de ITV. Pero, ¿quiénes son lo implicados en esta presunta trama de corrupción?

Oriol Pujol Ferrusola. Ex secretario general de CDC, e imputado por tráfico de influencias en esta causa desde mayo de 2013. Los investigadores le relacionan con los empresarios Sergi Alsina y Sergi Pastor -también imputados-, mientras el Tribunal Supremo recuerda que Pujol había coincidido en el año 2002 en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo con Josep Tous, imputado en la causa. El papel de Oriol Pujol en el caso viene a ser como la persona que se abrió a favorecimientos a los empresarios encausados para que se pudieran amañar las adjudicaciones de estaciones de ITV. En las conversaciones telefónicas, Pujol era llamado “zumosol” por uno de los imputados, el ingeniero industrial Sergi Pastor, para referirse a él y sus posibilidades de influencia. Pujol, que dejó su puesto como número dos de CDC al ser imputado -ha mantenido, no obstante, su condición de diputado autonómico-, reiteró su inocencia y dijo estar "tranquilo" sobre su responsabilidad en el caso.

Joaquín José Ortiz Blasco. Es magistrado y presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, y actualmente está suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su sección era la competente para el conocimiento de todos los recursos contencioso-administrativos en materia de seguridad industrial, y ante la que debían resolverse todas las impugnaciones judiciales contra los decretos y resoluciones adoptados por el Gobierno de la Generalidad en materia de concesiones y explotación de ITV. Se enfrenta a un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abuso en el ejercicio de su función. El Supremo le lleva a juicio por haber asesorado "de manera permanente" a dos empresas adjudicatarias de estaciones de ITV -las de los imputados Ricard Puignou y Enric Marugán, poseedoras de diez estaciones de ITV- y a la Generalidad cuando era el juez del tribunal que debía resolver los recursos planteados contra la nueva regulación existente sobre las ITV. El Supremo le acusa de mantener "una relación de amistad" con estos dos empresarios, con los que incluso compartió algún viaje.

Josep Tous Andreu. Secretario general de la Diputación de Barcelona -el número dos de la institución hasta su arresto el año pasado- y nombrado mediador en el conflicto de la adjudicación de las ITV. Los investigadores le sitúan como pieza clave por ser, presuntamente, un enlace entre los empresarios imputados y la Administración, dado que fue contratado por la Generalidad para mediar y solucionar el encallamiento existente en el sector de las ITV. Cobraba -él mismo lo reconoció- 2.000 euros al mes del empresario imputado Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, teóricamente, para abrir puertas a negocios en Latinoamérica.

Sergi Alsina Jiménez. Empresario en la compañía Alta Partners y la persona que "facilita los contactos políticos" y "solicita gestiones a nivel político" a Pujol, según Hacienda. Amigo íntimo de Oriol Pujol, declaró que como tal le informaba de la reordenación del mapa de las ITV en Cataluña, así como de procesos de deslocalización empresarial, porque eran temas relevantes para CDC y para Cataluña. Cobraba 12.000 euros mensuales del administrador de la empresa de las ITV Certio -administrada por otro imputado, el empresario Ricard Puignou- en concepto de ser asesor financiero acostumbrado a casos de gran complejidad.

Ricard Puignou. Administrador de Certio, empresa adjudicataria prorrogada durante 25 años en la explotación de estaciones de ITV, y una de las que tenía impugnadas las adjudicaciones aprobadas por el tripartito. Ha reconocido que realizó gestiones para implantar un nuevo mapa de estaciones de ITV -qué él había colaborado en diseñar-, no por interés personal, sino para pacificar el sector, muy encallado en los tribunales. Según los investigadores, este mapa era el que presuntamente quería implantar la trama a través de Josep Tous, el mediador en el conflicto de las ITV.

Sergi Pastor Colldeforms. Antiguo consejero delegado de Applus, y relacionado con la sociedad Upprime, constituida para poder participar, presuntamente, en las nuevas adjudicaciones irregulares de estaciones de ITV, hecho que él han negado en sede judicial. Pastor era quien llamaba “zumosol” a Oriol Pujol en las conversaciones telefónicas interceptadas. En su declaración judicial, explicó que exageró su relación con Pujol, y que utilizaba públicamente un nombre para atraer negocios e inversores.

Margarida Gil Doménech y Assumpta Palau. La primera es letrada de la Generalidad y directora general de su Gabinete Jurídico, y la segunda es abogada jefe del Servicio Jurídico Contencioso-Administrativo de la Generalidad. Las investigaciones y los seguimientos a los presuntos implicados en esta trama llevaron a un restaurante de Barcelona en el que se reunieron, en una comprometida comida a efectos de la causa, el magistrado Ortiz, el empresario de Certio Ricard Puignou, y las dos letradas, que han comparecido como testigos en esta causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.

Enric Marugán. Poseía el 50% de las acciones de Certio, la empresa en la que también estaba Puignou. Marugán, como Puignou, fueron asesorados, presuntamente, por el juez Ortiz cuando Certio presentó un recurso por adjudicaciones ante la sala presidida por este magistrado. A este respecto, el Tribunal Supremo ha valorado, sobre estos asesoramientos, y no exento de tono de reprobación, que el magistrado Ortiz "debió haberse abstenido".