El TSJM congela la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid

La decisión del tribunal se apoya en la "irreversibilidad" de los cambios en la gestión sanitaria que se seguirían en caso de aplicarse el plan del Gobierno autonómico, y en el hecho de que afecatarían a más de un millón de madrileños.

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Redacción
Jueves, 12.09.2013 13:29

El proceso de privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid ha vuelto a quedar congelado después de que este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) haya dictado un auto ordenando su suspensión cautelar.

El auto, que puede suponer en la práctica una espera de cerca de dos años mientras se toma una decisión definitiva, ordena que la prestación sanitaria previa al proceso continúe vigente hasta que se dicte sentencia, y menciona posibles irregularidades en la adjudicación de los centros.

Más de un millón de madrileños y unos 5.000 profesionales de la sanidad pueden verse afectados por este plan privatizador. Por ello, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha justificado su decisión argumentando que los cambios en la gestión sanitaria podrían ser "irreversibles".

"Plan calamitoso", para la AFEM

La privatización de los hospitales madrileños ya suma un total de catorce procedimientos en contra, además de una querella por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos supuestamente cometidos en la primera fase de privatización de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles.

La asociación de médicos AFEM ha sido de las más activas en la denominada "marea blanca" que viene protestando contra la privatización de la sanidad desde que se iniciara el proceso. A pesar de que la gestión de los hospitales ya ha sido adjudicada a entidades privadas, todavía no se han firmado los contratos.

Según la portavoz del AFEM, Patricia Alonso, "la reforma que necesita el sistema" tiene que nacer de la negociación con los profesionales sanitarios, y no a raíz de un "plan calamitoso" como el que, en su opinión, propone el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid.