El "derecho a decidir": una invención reciente del nacionalismo catalán

Uno de los creadores y promotores del término "derecho a decidir" -el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández- reconocía hace dos años que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente" este concepto. "Para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas", defendía entonces en un informe de Unescocat destinado a partidos, medios y entidades nacionalistas. Estas recomendaciones se han cumplido al pie de la letra, como si de un guión se tratase.

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Manifestación por el "derecho a decidir" celebrada en Barcelona el 18 de febrero de 2006

El "derecho a decidir": una invención reciente del nacionalismo catalán

Uno de los creadores y promotores del término "derecho a decidir" -el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández- reconocía hace dos años que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente" este concepto. "Para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas", defendía entonces en un informe de Unescocat destinado a partidos, medios y entidades nacionalistas. Estas recomendaciones se han cumplido al pie de la letra, como si de un guión se tratase.

Alejandro Tercero
Jueves, 19.09.2013 11:39

En los últimos años, un concepto político ha triunfado como ningún otro en Cataluña: el denominado “derecho a decidir”. Todos los partidos y entidades nacionalistas apelan a este supuesto derecho para reclamar la celebración de un referendo para la secesión de Cataluña.

La última de estas entidades se presentará en los próximos días. Con el nombre de Col·lectiu Praga, medio centenar de profesores universitarios del ámbito jurídico, todos ellos adscritos a universidades catalanas, se ha constituido con el objetivo de promover el ejercicio del “derecho a decidir” de Cataluña y defender que es posible aplicarlo dentro de la Constitución.

Sin embargo, y de forma sorprendente, en sus documentos fundacionales el Col·lectiu Praga no apela al derecho internacional para justificar ese supuesto "derecho a decidir", y no lo hace por un motivo muy sencillo: el derecho a decidir no es concepto jurídico reconocido en el derecho internacional, sino que es una invención ad hoc del nacionalismo catalán.

De hecho, el propio Agustí Colomines, ex director de la Fundació Catdem -vinculada a CDC- y profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Barcelona (UB), así lo reconocía este martes durante una tertulia en BTV:

"Esto del derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos para no decir lo que es: derecho a la autodeterminación, y punto pelota".

El proceso de fabricación de "un nuevo concepto": "el derecho a decidir"

Esta operación de la maquinaria propagandística del independentismo catalán queda detalladamente recogida en un informe publicado en noviembre de 2011 por el ya desaparecido Centre Unesco de Catalunya (Unescocat).

Con el título Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra Jaume López Hernández -un conocido activista independentista- plantea una estrategia al nacionalismo catalán.

Consciente de la inviabilidad jurídica de apelar al derecho a la autodeterminación, tal y como está recogido en los tratados de derecho internacional, para defender la independencia de Cataluña, López Hernández invita al nacionalismo catalán a recurrir a "un nuevo concepto", el ya citado "derecho a decidir".

El derecho a la autodeterminación solo es aplicable a las colonias

Según la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (1960), el derecho a la autodeterminación solo es aplicable a "procesos de descolonización", principalmente puestos en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Además, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (1970), que ampara el derecho a "la libre determinación de los pueblos", deja muy claro que "todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integri­dad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta" de las Naciones Unidas.

"Así, cualquier reivindicación de una minoría territorial que no pertenezca a un imperio, ni haya sido colonia, se conceptualiza como un conflicto de unos ciudadanos con su Estado, fuera de los márgenes, por tanto, que presupone el derecho a la autodeterminación", reconoce el autor del informe.

Las dictaduras comunistas

López Hernández considera que, "en Cataluña, los requisitos de aplicación del derecho a la autodeterminación solo se dieron durante un período muy limitado: al acabar la Primera Guerra Mundial, época en la que se reivindica desde el partido Estat Català fundado por Francesc Macià, en tanto que España todavía se puede considerar un imperio en vías de descolonización".

Por otra parte, la creación de los nuevos estados a principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento de las dictaduras comunistas, tuvo el amparo del derecho internacional debido a que en esos países no había democracia, más allá de apelar al derecho a la autodeterminación. Una situación que tampoco es comparable a la de la Cataluña actual.

La "aparición" del "derecho a decidir"

En base a esta realidad, López Hernández llega a la conclusión de que en los últimos años se ha producido "la aparición de un nuevo concepto, el derecho a decidir", que es el reflejo de una "nueva tendencia" causada porque "la concreción conceptual y política del derecho a la autodeterminación en un contexto democrático y liberal (no en una colonia o un régimen comunista) ha ido experimentando cambios de matiz, nuevos tratamientos, justificaciones e implicaciones que marcan nuevas pautas tanto en el ámbito normativo y argumental como estratégico y político".

Es decir, el "derecho a decidir" es un "neologismo", como el propio autor reconoce, para soslayar el derecho internacional y adaptarlo a las demandas del nacionalismo catalán, tratando, así, de legitimarlas jurídicamente.

Un término "popularizado" por la Plataforma pel Dret de Decidir

En ese sentido, el informe reconoce que la "reivindicación" de este "derecho a decidir" ha sido "especialmente relevante" y "protagonista" en Cataluña a través "de las tres manifestaciones más masivas que se han producido desde 2006", organizadas o promovidas por la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), entidad que López Hernández considera "pieza clave para la popularización del término".

Lo que, sorprendentemente, el autor no explica en el documento es que él es socio fundador y ex presidente de esa entidad secesionista e indirectamente subvencionada por la Generalidad, a través de sus asociados, entre los que destacan Acció Cultural del País Valencià, Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Ciemen o Plataforma per la Llengua.

De esta forma, y como si de una profecía autocumplida se tratase, el autor actúa, primero, como activista, montando una plataforma independentista para crear y promocionar un nuevo concepto ad hoc (el "derecho a decidir") y, después, como científico, presentando "la aparición" de un nuevo concepto político como si fuera una "tendencia" natural en "los movimientos en defensa de las naciones sin Estado".

La búsqueda de una justificación a posteriori que avale la tesis

Aunque el informe admite que "no hay ninguna legalidad internacional que recoja explícitamente el derecho a decidir", López Hernández trata de buscar una justificación jurídica que le permita establecer la "definición de las bases teóricas del derecho a decidir", y para ello apela a la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de la Haya sobre la independencia de Kosovo, del año 2010.

En base a esa sentencia, el infome estima que "si se agotan otras vías de entendimiento, si es proclamada por actores políticos legítimos, es decir, democráticamente representativos, si se hace por medios no violentos, no hay ningún obstáculo legal internacional para la declaración unilateral de independencia, y no se está violando ninguna norma internacional que el Consejo de Seguridad o la Asamblea de las Naciones Unidas tengan que defender". Lo que, en opinión del autor, avalaría su tesis del derecho a decidir.

El estudio también trata de diferenciar entre derecho a la autodeterminación, que asocia a una reivindicación independentista, y el derecho a decidir, que considera "una reivindicación soberanista" que se basa "en un principio de radicalismo democrático".

Y critica "de forma decidida y categórica el caso de España" porque, a diferencia de Quebec, Escocia, Irlanda del Norte, Groenlandia o Flandes, el Tribunal Constitucional en nuestro país ha rechazado el "derecho a decidir" de forma explícita "con un evidente menosprecio para la problemática democrática de las minorías territoriales".

Las líneas a seguir por partidos, medios y entidades nacionalistas

Finalmente, el informe plantea unas "propuestas de actuación" en las que marca a los partidos y entidades nacionalistas las líneas a seguir.

López Hernández recomienda que, "para que el derecho a decidir se convierta en un nuevo referente en el análisis y la legitimación de las reivindicaciones en defensa de la creación de nuevos estados, hay que difundir el concepto y profundizar en sus implicaciones teóricas".

Además, el informe insta a "vincular el concepto con el discurso sobre la regeneración democrática"; "no convertirlo en ningún caso en sinónimo del derecho a la autodeterminación"; "distinguir entre soberanismo e independentismo"; y "priorizar el elemento democrático sobre otras consideraciones tomando como foco de atención destacada la respuesta del Estado a las reclamaciones de un mejor encaje y de más democracia”, ya que “no son las características de la pretendida nación sin Estado las que han de llevar la carga de la prueba en la justificación de las reivindicaciones, sino las características del Estado y sus carencias".

Como si de un guión se tratase, esta es la estrategia que en los últimos meses han implementado los partidos nacionalistas, la mayor parte de los medios de comunicación en Cataluña y entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

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