El juez investigará los sueldos "desproporcionados" de Catalunya Caixa

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por las retribuciones que se otorgó el consejo de administración de Catalunya Caixa seguirá adelante. La incógnita pendiente es sí Narcís Serra y Adolf Todó acabarán imputados.

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Narcís Serra y Adolf Todó
Redacción
Jueves, 26.09.2013 22:28
El juez Josep Maria Pijuan, titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, ha admitido la denuncia que presentó hace tres semanas la Fiscalía Anticorrupción en la que pedía la imputación de la totalidad del consejo de administración de Catalunya Caixa del año 2010 por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia", según han informado las agencias Europa Press y Efe a partir de fuentes judiciales.

El juez no ha decidido todavía a quién llamará a declarar como imputado. Entre las imputaciones que pedía la fiscalía, destacan las de los últimos máximos dirigentes de la caja, Adolf Todó y el ex vicepresidente del Gobierno y ex dirigente del PSC Narcís Serra.

La denuncia de la fiscalía, presentada el pasado 5 de septiembre, sostiene que el consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 se otorgó "retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas sobre todo cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país".

Según la denuncia "desde la creación de Catalunya Caixa en 2010 -por la fusión de Caixa Catalunya, presidida por Serra, con las cajas de Manresa y Tarragona-, la entidad ha otorgado a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una "inyección de dinero público" al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". Sólo dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, después de un rescate de cerca de 12.000 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, los 54 directivos denunciados, entre los cuales destacan Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a su grave crisis financiera".