ETA costó 1.625 millones de euros desde 2010 al erario público solo en seguridad privada

Los gobiernos nacional y autonómico respondieron a la "socialización del sufrimiento" de la banda terrorista iniciada a finales de los 90 contratando escoltas privados. Todo el mundo que no estuviera a favor de ETA era objetivo de los terroristas. Desde 2011, el Gobierno autonómico ya no contrata escoltas privados y el Gobierno central tiene 300 para casos "muy concretos".

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Escoltas en el País Vasco
Redacción
Domingo, 29.09.2013 10:13

Las administraciones públicas han gastado 1.625 millones de euros para defender a las personas amenazas por ETA desde el año 2000. Esta cifra es solo la destinada a los escoltas privados, por lo que, en realidad, la cifra total es mucho mayor ya que no se incluye el gasto destinado a esta labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según publica este domingo El Correo, con estos 1.625 millones de euros se podría haber financiado, por ejemplo, más de 325.000 plazas en una escuela pública infantil, o más de 678.000 partos en el servicio vasco de sanidad pública (Osakidetza), o haber solucionado los problemas de cataratas de más de un millón y medio de personas.

Estos datos salen de la suma realizada a partir de los datos contemplados en los presupuestos del Gobierno autonómico del País Vasco, que sufragaba este gasto a medias con el Gobierno nacional, y solo desde 2000, cuando las administraciones públicas empezaron a contratar guardaespaldas ante la imposibilidad de hacer frente a las necesidades de protección con sus propios recursos policiales.

La banda terrorista ETA -que considera "justa" la historia de muerte que ha protagonizado con unos 800 asesinatos y miles de heridos- inició en 1992 la estrategia de la "socialización del sufrimiento", tras la caída de su cúpula en Bidart (Francia), después de una gran operación policial llevada a cabo por España y Francia.

Hasta 4.000 escoltas en País Vasco y Navarra

Fue entonces cuando los gobiernos nacional y autonómico empezaron a valorar la contratación de empresas privadas debido al salto cualitativo que dio ETA, que consistía en poner en la diana a la práctica totalidad de la sociedad española: políticos, jueces, fiscales, empresarios, policías, periodistas... todo el mundo se convirtió en objetivo etarra.

Tras los asesinatos de Gregorio Ordóñez (1995) y Miguel Ángel Blanco (1997), ambos concejales del PP, el Gobierno cambió la ley para permitir que la seguridad privada pudiera encargarse de la vigilancia de cargos públicos. La protección a personas amenazadas se extendió desde el año 2000.

En 2001, tras el asesinato de Fernando Buesa, diputado autonómico del PSOE, y su escolta, el Gobierno tuvo que aumentar la partida presupuestaria y ese mismo año se duplicó el número de escoltas privados. El Ejecutivo autonómico acabó gastando 27 millones ese año. Las partidas presupuestarias de los dos gobiernos no dejaron de incremantarse hasta el año 2010. Ese año, según Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (AEE), llegó a haber hasta 4.000 escoltas solo en el País Vasco y Navarra.

Desde que ETA anunció que dejaba de matar, aunque no se disolvía, los gobiernos empezaron a reducir el número de escoltas. Y desde que la banda terrorista, en octubre de 2011, anunció el "cese definitivo" de la violencia, aunque sigue sin desaparecer, hasta la fecha actual los escoltas contratados por el Gobierno autonómico han desaparecido.

Actualmente, solo hay 70 altos cargos y representantes institucionales con protección en el País Vasco, protección que corre a cargo de la Ertzaintza. El Gobierno, por su parte, cuenta con unos 300 escoltas privados, que, según aseguran desde el Ministerio del Interior e informa El Correo, son para casos "muy concretos".

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