Los procesos judiciales que marcarán la agenda política en Cataluña este curso

Policía, jueces y fiscales catalanes investigan graves episodios de presunta corrupción que afectan a pesos pesados y caras conocidas en el caso Palau, caso de las ITV, caso Mercurio o caso Pretoria.

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De arriba a abajo, Oriol Pujol, Fèlix Millet y Manel Bustos, implicados en diversos casos judiciales
Xiana Siccardi
Viernes, 6.09.2013 11:08

La agenda política de este otoño no sólo estará marcada por los tempos de cada partido, sino también por las decisiones de policías, jueces instructores y fiscales que a día de hoy están investigando diferentes casos de presunta corrupción -todos ellos de gran calado- destapados en los últimos años en Cataluña. La mayoría de ellos, pese a que afectan a diferentes colores políticos y versan sobre distintos presuntos ilícitos, tienen una característica común: afectan a pesos pesados del propio partido, a caras muy visibles de la política catalana.

Probablemente y en este sentido, uno de los mayores escollos con el que se encontrará el equipo de Artur Mas este año y durante 2014 en los tribunales sea el desarrollo del caso Palau, sobre todo con un juez que parece dispuesto a ir hasta el final. La gestión nefasta del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet alcanza a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), dado que el juez considera probado que el partido recibió, entre los años 2007 y 2009, presuntas comisiones millonarias por parte de Ferrovial a cambio de concesiones favorables de obra pública, como pudo ser la Ciudad Judicial, la Línea 9 del Metro o la construcción del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, entre otras.

El pasado mes de julio, el magistrado que investiga el caso, Josep Maria Pijuan, concluyó la instrucción con un auto demoledor en el que sostiene que, a través del Palau de la Música, CDC se lucró con 5 millones de euros.

El juicio por el caso Palau, con fecha en 2014

Todo apunta a que el juicio por el caso Palau podría señalarse el año próximo. No obstante, una vez a punto el juicio, podría suceder una conformidad en el último momento que llevase a su suspensión, como sucedió el año pasado con el caso Pallerols, el proceso derivado del desvío de fondos de subvenciones para cursos de formación de parados, que afectó de pleno a Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a dos ex altos cargos de la formación liderada por Josep Antoni Duran i Lleida, al tiempo que condenaba al partido a pagar 400.000 euros por financiación irregular, esto último, una resolución sin precedentes en la justicia catalana.

Regresando al caso Palau, el párrafo concreto del duro auto del juez Pijuan que más deberá rebatir Artur Mas es el que se refiere a que, entre los años 2003 y 2009, Fèlix Millet y su equipo, "aprovechándose de la situación de poder absoluto", se dedicó a “un verdadero expolio de los fondos" de la institución musical "aplicándolos al pago de gastos particulares y privados, apoderándose directamente de los fondos, o destinándolos a pagos a terceros".

Y también "vehiculó un flujo de fondos de la empresa privada Ferrovial-Agroman -aprovechando que dicha empresa era patrocinadora de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana- a la formación política CDC como pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Gobierno de la Generalidad u otros organismos públicos".

Según el magistrado, Ferrovial-Agroman "abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento de la obra pública adjudicada, y de éste un 2,5 por ciento se asignaba a CDC, y el 1,5 por ciento restante para los imputados Fèlix Millet y Jordi Montull por su intermediación que, a su vez, éstos se distribuían en el 80% y el 20% respectivamente". Estas comisiones a CDC -prosigue- "vehiculadas a través del Palau de la Música, se articularon a través de tres procedimientos: mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, mediante facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello, y mediante convenios de colaboración aparente suscritos por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó-Català-Palau de la Música Catalana con la Fundació Trias Fargas, directamente vinculada al partido CDC".

Tras cerrarse la instrucción, ahora son las partes las que ultiman sus escritos de calificación a presentar ante el juzgado para que el caso pueda ser llevado a juicio. De momento, el escrito del juez Pijuan motivó una comisión de investigación en el Parlamento autonómico el pasado julio sobre el caso Palau, en la que Artur Mas inquirió al resto de partidos: "¿Cómo quieren que yo ejerza la responsabilidad política si no hay ningún imputado del Gobierno [autonómico] ni de la ejecutiva de CDC?". Cabe recordar que el tesorero de CDC, Daniel Osàcar, dimitió de su cargo pocos meses antes de ser imputado en esta causa, en 2011.

A mediados de agosto, el líder del PSC, Pere Navarro, instó a Mas a que declarase voluntariamente como testigo ante el juez del caso Palau para explicar si CDC se benefició de estas comisiones, porque entre aquellos años, Mas era el secretario general del partido. No obstante, no hay que olvidar que dentro del caso Palau existe una pieza separada, el caso Hotel del Palau, por el que -también por presunta corrupción urbanística- está imputada prácticamente toda la antigua cúpula socialista de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. No sólo eso. Los socialistas catalanes, por su parte, también deben hacer frente a otros presuntos episodios de corrupción en los tribunales de gran envergadura, como son los casos Mercurio o Pretoria.

Mercurio y Pretoria, los quebraderos de cabeza del PSC

El caso Mercurio ha supuesto un verdadero terremoto interno para el PSC, sobre todo cuando el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) anunció -el pasado julio- la imputación del diputado autonómico y secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, por un presunto delito de tráfico de influencias dentro de un caso de más envergadura, centrado en la persecución de la corrupción urbanística.

Fernández -quien se apartó de manera fulminante de todas sus responsabilidades institucionales en el Parlamento autonómico al aparecer como implicado- está acusado de haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez García, para que -siempre presuntamente- contratara a una persona que había sido un alto cargo en el partido, Carmina Llumà, pese a que el cargo en cuestión debía ser sometido a concurso público. Fernández negó el tráfico de influencias argumentando en rueda de prensa que "di mi opinión a la alcaldesa sobre un caso de libre disposición". Hasta el momento, Fernández ha contado con el arrope del líder del PSC, quien rápidamente reaccionó al caso Mercurio recordando que "ser imputado no significa ser culpable".

Junto a Daniel Fernández está imputado en la causa -por su presunta vinculación en una presunta trama de cobro de comisiones por adjudicación de obras públicas- el histórico del PSC Manuel Bustos, que cuando saltó el caso a la luz pública, en noviembre de 2012, era alcalde de Sabadell. El caso salió a la luz pública cuando los Mossos d’Esquadra entraban al Consistorio para registrarlo.

Junto a Bustos también está imputado en esta causa su hermano Francisco y su tío, Melquíades Garrido, entonces presidente del Gremio de Constructores de Sabadell. Cuando este enero se levantó parcialmente el secreto de sumario del caso, Bustos emitió un comunicado refiriéndose a la documentación en el que aseguraba que "en ninguna de las conversaciones en las que yo, los electos y los trabajadores municipales participamos, se hace referencia a ningún cobro de comisiones ni a ninguna concesión de obras a ninguna empresa ni ninguna modificación de puntuación para la obtención de adjudicaciones". Sugirió, no obstante, que quien realizó todas estas irregularidades fue Jordi Soriano, el ex regidor de Urbanismo de Sabadell y, por cierto, del PP. "Mi nombre ha sido utilizado de manera reiterada en conversaciones con personas que ni conozco o que no tengo relación", resumió Bustos, reiterando su inocencia.

El otro gran caso que ha hecho temblar al PSC ha sido Pretoria, otro presunto asunto de corrupción urbanística que inicialmente afectaba a una parte importante de la zona metropolitana de Barcelona. El caso Pretoria arrancó a lo grande una mañana de octubre de 2009, cuando trascendió que el juez Baltasar Garzón -en base a informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria- mandó a la Guardia Civil a registrar el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, y a buscar información en los de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Pero lo cierto es que, con el paso del tiempo y más de tres años de pesquisas, Pretoria se ha ido desinflando. La instrucción del caso corre actualmente a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y del magistrado Pablo Ruz, quien podría estar ultimando el escrito de apertura de juicio oral. Las voluminosas acusaciones iniciales parecen reducirse hoy a las influencias que ejercía otro histórico del PSC, Luis García Sáenz, Luigi, un presunto intermediario entre empresas constructoras y la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet.

Esta última estaba entonces bajo mandato del también socialista Bartomeu Muñoz, quien fue detenido y acusado de cohecho. Lo más curioso de Pretoria es que en la causa también constan antiguos pesos pesados de Convergència como Lluís Prenafeta -ex secretario de Presidencia de CiU hasta 1990- y Macià Alavedra -ex consejero de Economía-, acusados de ser comisionistas y de tener dinero en distintos paraísos fiscales. Ambos, junto al ex alcalde Bartomeu Muñoz, pasaron unos días en prisión hasta que pudieron salir previo pago de una fianza millonaria impuesta por Garzón el mismo año 2009.

En las últimas semanas, el PSC -especialmente, pero también el resto de partidos- está atento a lo que pueda suceder en el futuro con el llamado caso de espionaje político, aunque se encuentra todavía en una fase procesal bastante inicial. No obstante, sin duda será un caso que puede marcar prácticamente a diario la agenda política catalana durante los próximos meses con las revelaciones en goteo del contenido del sumario que, de momento, no dejan bien parado al ex secretario de Organización del PSC, José Zaragoza.

Oriol Pujol, ante un jurado ciudadano

Por otra parte, el diputado autonómico de CiU, Oriol Pujol, deberá enfrentarse el año próximo al veredicto de un jurado, que será el encargado de deliberar sobre su responsabilidad en el caso de las ITV, que versa sobre la presunta trama empresarial y con ramificaciones políticas que trató de amañar concesiones de ITV en Cataluña de manera fraudulenta, intentando utilizar a Oriol Pujol y sus influencias.

Este se ha apartado de la primera línea política hasta que se resuelva el caso, reiterando públicamente no tener ningún tipo de vinculación con el tráfico de influencias. En el sumario de las ITV, un informe de la Agencia Tributaria va más allá afirmando que CDC habría utilizado "dinero negro" para financiar su campaña electoral, en base a las intervenciones telefónicas practicadas a uno de los imputados en junio de 2011.

Estos son los casos más mediáticos que veremos evolucionar a partir de este otoño, pero no hay que olvidar otros que, aunque no afecten de pleno a caras conocidas de la política como las mencionadas, sí repercuten seriamente en la gestión y la imagen de las administraciones públicas. Es el caso, por ejemplo, de la imputación -el pasado julio- de nueve personas por presunta malversación de fondos públicos en el Hospital de San Pablo de Barcelona. Entre ellos figuran el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat -también imputado en el caso Innova de Reus-, además del ex primer teniente de alcalde de Barcelona Xavier Casas o a Josep Anton Grau, director de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), con antiguas responsabilidades en el Incasol y ex vicepresidente de la empresa Gisa -la gestora de la obra pública de la Generalidad- durante la era tripartita. Precisamente, también aguarda el caso Gisa, el que vio la luz en marzo de 2011, cuando fue detenido el gerente de carreteras de Gerona de Gisa, Jordi Vergé, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras.

El último caso a citar quizá sea uno de los primeros investigados en los últimos años. Se trata del caso Adigsa y versa sobre una presunta trama em torno a esta empresa pública, que pudo adjudicar a dedo obras a empresarios -de manera irregular- para rehabilitar viviendas de segunda mano. Fue el ex presidente autonómico Pasqual Maragall quien destapó personalmente el caso en 2005 al dirigir públicamente a CiU la ya famosa frase: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", que sirvió a la fiscalía para comenzar a investigar.

Sobre este caso, hace unos días trascendió que la causa abierta contra uno de los principales imputados, el diputado autonómico de CiU y ex concejal de Badalona Ferran Falcó, quedó archivada por el TSJC. Esto demuestra otro aspecto importante: en los procesos judiciales las cosas no siempre acaban como empezaron. En cambio, sí es criticable la constante investigación judicial de tramas de cobro de comisiones en el terreno político -una de las características del delito de corrupción urbanística, íntimamente ligado a las burbujas inmobiliarias- en varios casos abiertos que este septiembre ya aguardan en no pocas mesas de jueces, fiscales y policías catalanes.