El proyecto Castor, bajo sospecha

Después de un largo recorrido que dura ya más de 5 años, el proyecto de almacén gasístico subterráneo situado frente a la costa de Vinaroz ocupa las portadas de todos los medios, tras haber sido señalado como "posible" responsable de los continuos seísmos que se vienen registrando en la zona. El proyecto Castor, controlado por la constructora ACS, ha sido respaldado sin condiciones por los dos últimos gobiernos.

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Instalación de la plataforma Castor
Javier Garriga
Viernes, 4.10.2013 18:23

El fiscal decano de Castellón, Francisco Sanahuja, ha abierto una investigación de oficio para determinar las causas del creciente número de seísmos acaecidos en los últimos días en las inmediaciones del proyecto de almacén subterráneo de gas, más conocido como proyecto Castor, ubicado a 22 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón). La Junta de Coordinación Provincial de Castellón ha resuelto "incoar diligencias de investigación penal con objeto de esclarecer lo ocurrido en relación a los múltiples seísmos sufridos durante las últimas noches".

La Junta ha adoptado esta determinación "sin estar en el orden del día", puesto que, aseguran, "no existen denuncias de ningún colectivo ante el ministerio público". La iniciativa se pone en marcha justo después de que se haya divulgado en los medios que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), hizo caso omiso a las advertencias de posibles terremotos que serían ocasionados por el proyecto Castor.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), ha declarado que denunciará a los ex ministros Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos "si la inspección detecta negligencia en la tramitación del proyecto Castor entre 2008 y 2010".

Sin embargo, esta actitud contrasta con la de dos de los principales protagonistas que estos días salen a la palestra a causa de los incidentes: Recaredo del Potro, presidente de la empresa gestora de Castor, Escal UGS, S.L, y José Manuel Soria (PP), ministro de Industria, Energía y Turismo. Ninguno de los dos ha querido dar por hecho que la planta de almacenamiento de gas sea la responsable de los terremotos, si bien Del Potro admite que "es posible que la planta haya acelerado la natural actividad sísmica de la zona".

De momento, la actividad de la plataforma gasística ha sido suspendida provisionalmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "hasta que el informe de los técnicos ofrezca una garantía de seguridad absoluta, 100%, para la población", ha asegurado Soria.

Desde el pasado 13 de septiembre se han producido una serie de seísmos que han ido en aumento tanto en intensidad como en frecuencia. Este viernes a las 10:49 se ha registrado un terremoto de 3,7 grados en la escala de Richter, tras el cual el Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado cinco nuevos seísmos de menor intensidad. El movimiento terrestre de este viernes se ha acercado al de mayor intensidad registrado hasta ahora, un seísmo que alcanzó los 4,2 grados de entre los 24 terremotos producidos la noche del miércoles al jueves.

Esperando la opinión de los expertos

El objetivo del proyecto es tratar de aprovechar un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, convirtiéndose así en uno de los mayores de los cinco existentes o previstos en España. El método consiste en recoger gas natural y trasladarlo desde una red de gasoductos, comprimirlo e inyectarlo en pozos.

Para lograr su objetivo, la planta necesita seis meses de trabajo para inyectar la totalidad del gas considerado útil, que podrá ser retirado cuando sea requerido. Pero este no es el único tipo de gas que se acumula bajo las superficie del mar. Junto al "gas útil" existe el denominado "gas de colchón", que se queda atrapado en los poros de las rocas y que, en principio, es necesario para el funcionamiento de la instalación.

Aunque desde el Gobierno aseguran que está por determinar la posible relación causal entre los terremotos y la actividad de extracción de gas, el proyecto Castor está paralizado por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Técnicos de este Ministerio ya han visitado, el pasado miércoles, las instalaciones del proyecto, con el objeto de verificar que la inyección de gas ha sido detenida.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP) también se personó este miércoles en las instalaciones de Castor, pero ha querido dejar claro, este viernes en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que las conclusiones y el diagnóstico último "corresponde a los técnicos".

Entre el colectivo de geólogos y geógrafos españoles sigue habiendo diferencias, pero la mayoría son de simple matiz. Mientras unos achacan la responsabilidad de los terremotos a la plataforma de gas, otros simplemente apuntan a la más que probable "sismicidad inducida" por la inyección de gas. Algo que ayudaría a sustentar las afirmaciones de Del Potro.

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción se denuncia precisamente esta obviedad: "si uno instala una planta de inyección de gas en plena falla tectónica, lo natural es que provoque el movimiento de las placas y se produzcan terremotos”, y han tomado los hechos como evidencia del "grave riesgo de las actuaciones en el subsuelo".

Por su parte, el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Suárez, ha celebrado la suspensión provisional de las actividades de la planta. Como explica Suárez, para almacenar gas, este tiene que inyectarse en "una roca caliza" que, de un modo natural, acumula energía y se libera a través de ondas sísmicas.

El catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, Luis González de Vallejo, ha añadido que la presión a la que se inyecta el gas en el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta (Tarragona), es "muy eleveda", lo cual "siempre" ha de provocar fracturas en la roca. Para el catedrático, la supuesta "sismicidad inducida", o como ha enfatizado él mismo, "creada donde antes no la había" produce cientos de terremotos. La correlación "perfecta" entre inyecciones y sismicidad es "algo que se sabe" desde hace 50 años, ha rematado.

A su turno, el vocal del Colegio de Geógrafos de España, Jonathan Gómez Cantero, sostuvo que la inducción de movimientos sísmicos como consecuencia de la inyección de gas puede provocar "perturbaciones en la superficie del mar y daños en zonas costeras por efecto de pequeños tsunamis". Por lo pronto, desde que el proyecto se puso en marcha ya se han producido 300 seísmos.

La normativa europea es demasiado genérica, según denuncian desde el Colegio de Geólogos. Este colectivo lleva años reclamando "un plan integral de prevención del riesgo sísmico". Coincidiendo con el terremoto de Lorca, en Murcia, el Colegio reivindicó que se implantara en España "un plan de prevención de riesgos", y no limitarse a "tomar medidas curativas" una vez ocurrida la desgracia.

Un secreto a voces y cambios ad hoc de la normativa 

Soria modificó desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la normativa que regula el mercado del gas, de tal manera que facilitaba a Enagás, filial de ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, la adquisición de "gas colchón" necesario para que el almacén pueda asentarse. Ya en noviembre de 2009, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Castor, ubicado en el término municipal de Vinaroz, pero más cercano a Alcanar, el último pueblo al sur de Cataluña.

La misma resolución del BOE de aquel noviembre no consideraba necesario la evaluación del impacto ambiental del ramal de conexión entre la planta terrestre y el gasoducto Tivissa-Paterna, puesto que entendió que no afectaba a espacios protegidos. Estos hechos fueron los que ocasionaron las protestas de varias localidades catalanas, que sentían amenazada su seguridad y la del medio ambiente regional. Pero no ha sido hasta la concreción de estas suspicacias en verdaderos movimientos sísmicos durante estas últimas semanas, que la Generalidad ha declarado que emprendería medidas legales.

La DIA, que data de 2009, fue obra del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que en el fondo ni siquiera contenía condicionamientos ni alertas sobre riesgos sísmicos, a pesar de las reiteradas advertencias, tanto desde la sociedad civil como del Observatorio del Ebro, que aconsejó al Gobierno de Zapatero que estudiara "la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas".

Aunque todavía quedaban pendientes algunos trámites por cerrar para la puesta en marcha del proyecto, Escal UGS, S.L., inició en la primavera de 2010 las obras de la planta. Hecho este que ha sido reiteradamente denunciado por la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Senia (PDTS). En concreto, desde esta organización se ha denunciado que el proyecto se ha llevado a cabo en el más absoluto "secretismo", y así lo ha defendido en Bruselas su portavoz, Joan Ferrando: "Creemos que la tramitación incumple directivas europeas en cuanto a participación ciudadana y transparencia en la información, así como en su vertiente ambiental".

La última maniobra político-jurídica, esta vez responsabilidad del Ministerio de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy, respondía a que la propia ACS había informado de su incapacidad financiera para adquirir semejante volumen de gas, y sostuvo que los gastos de la infraestructura sobrepasaban los 500 millones de euros presupuestados hasta alcanzar los 1200. La nueva normativa eximía a Escal UGS, S.L. de sufragar los gastos del gas que posibilitaría la puesta en marcha del almacén. ¿Cómo? Posibilitando que "un tercero pueda subrogarse en las obligaciones y derechos del titular del almacenamiento en lo que se refiere a la adquisición de gas colchón".

"Un tercero" podría adquirir el gas que necesitaba ACS y que hasta ese momento era asumido por Escal UGS, S.L. Como habían previsto desde el sector, Enagás, finalmente incorporada en el accionariado de Castor, ha sido la encargada de comprar ese gas para ACS. Es el mismo grupo quien "rescata" a la infraestructura -puesto que, entre tanto, ACS se ha hecho con el 66,67% de Escal UGS S.L.- y ahora podrá rentabilizar su inversión y salirse del proyecto cuando lo desee, sin que ni siquiera tuviera que presentarse a la subasta de gas colchón de 2012.

Una vez concedida la licitación para las obras de infraestructura, el proyecto Castor ha superado con creces la presupuestada inversión inicial cifrada en 500 millones. Pese a que el ministro Soria explicaba este viernes que el Gobierno sigue pendiente de "una auditoría externa", lo cierto es que Castor ha alcanzado hasta la fecha la citada inversión de 1.200 millones de euros.

Riesgos y otros costes

Pese a las previsiones al alza de los interesados, según las entidades ecologistas el descenso del consumo de gas se ha acentuado desde que empezó la crisis, de modo que, concluyen, "el proyecto Castor es de todo punto innecesario y genera más desperfectos en el medio ambiente marino".

Por su parte, desde el mismo sector energético se cuestiona la utilidad de una infraestructura costosa, que fue concebida en tiempos de bonanza y que, según los expertos en este campo, con su entrada en servicio añadirá "presión a los costes regulados del sistema gasista, que ya arrastra un incipiente déficit de tarifa".

Pero lo más inquietante es que el almacén de gas fue proyectado sobre una falla de 51 kilómetros registrada desde hacía tiempo por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Muy cerca, otras dos fallas, de 18 y 35 kilómetros respectivamente, conviven con muchas otras más de tamaño inferior que no han sido cartografiadas.

Escal UGS, S.L. no sólo no lo considera un riesgo, sino que, como declaraba este viernes el presidente de la empresa, Recaredo del Potro, "somos la falla de Amposta", y explicaba y defendía la pertinencia de emplear la misma falla como parte del cierre de la estructura de Castor. 

Esta actitud no se corresponde con la de varias entidades ecologistas, que han aprovechado los incidentes para reclamar la paralización de las tres centrales nucleares de Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II, en la provincia de Tarragona. Desde Ecologistas en Acción recuerdan las catastróficas consecuencias del terremoto marino que afectó a la central de Fukushima, en Japón. Y la Generalidad de Cataluña ya ha activado un plan sísmico de precaución, aunque de "mínimos".

Del Potro considera estas apreciaciones y estas medidas "un disparate", puesto que los grandes terremotos, a diferencia de los "miniseísmos" de estos días, apunta Del Potro, ocurren "donde siempre: California, Japón...".  Sin embargo, estas entidades recuerdan que los terremotos no son nuevos. Aunque Del Potro lo niega "rotundamente", los ecologistas insisten en que en 2012 ya se registraron movimientos sísmicos, durante la fase de pruebas del proyecto.

El estado de alarma lo justifican los ecologistas aduciendo que la central nuclear de Vandellós está muy cercana a la "falla del Camp", donde por lo demás, advierten, han tenido lugar tres grandes terremotos en los últimos 125.000 años.

Por ello, desde varias organizaciones ya se ha pedido la "paralización inmediata" de las centrales nucleares hasta que no se estabilicen los movimientos sísmicos y se analicen rigurosamente los riesgos tanto del propio proyecto Castor como de la resistencia de las instalaciones nucleares a los seísmos. En este sentido, ya han anunciado movilizaciones de protesta durante los próximos días.