La Generalidad mantiene suspendido sine díe el pago a los geriátricos privados

Prolonga la decisión adoptada hace unos meses y que estaba anunciada finalizar en octubre. La consejera Munté culpabiliza del impago al Gobierno y a que este no aplica correctamente la financiación de la ley de la dependencia; pero se había comprometido a "proteger de los recortes a los colectivos más vulnerables, como la gente mayor".

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Neus Munté, en una comparecencia en el Parlamento autonómico
Redacción
Martes, 1.10.2013 12:08

La Generalidad ha decidido mantener en suspenso la prestación económica vinculada al servicio de atención en las residencias. Las ayudas eran parte de los Programas Individualizados de Atención (PIA) de la ley de la dependencia y se destinaban al pago de residencias geriátricas privadas concertadas.

Este tipo de ayudas económicas fueron congeladas durante los meses de agosto y septiembre. La consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté (CiU), anunció entonces que se trataba de una suspensión temporal de la prestación. Sin embargo, este lunes ha ratificado que el recorte prosigue "indefinidamente".

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), que depende del departamento de Bienestar Social y Familia y es el ente encargado de hacer las transferencias, no cuenta con recursos y "se ve obligado a suspender estas ayudas", según ha señalado Carmela Fortuny, directora del instituto.

Fortuny lo ha justificado así: "Si bien se habló inicialmente de dos meses de suspensión, una vez conocido definitivamente el objetivo de déficit para el actual ejercicio presupuestario, y habiéndose confirmado así la dificultad presupuestaria, el ICASS se ve en la necesidad de mantener esta suspensión".

"Incumplimientos del Gobierno"

Además, la directora del ICASS sostiene que la decisión adoptada es consecuencia de los "constantes incumplimientos del Gobierno", que no estaría aplicando la ley de dependencia y de la "nueva mala noticia" de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que ahora han iniciado su trámite parlamentario en el Congreso.

En esta línea, Munté también ha atribuido al Gobierno la responsabilidad última por este nuevo tijeretazo: "La deficiente financiación por parte de la administración del Estado ha provocado que durante años la Generalidad haya asumido una gran parte de los recursos necesarios para aplicar la ley".

La consejera se había comprometido a "proteger de los recortes a los colectivos más vulnerables, como la gente mayor". Pero ahora no podrá cumplir su compromiso. Algo que le recriminan quienes, como Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), señalan que la "prestación era la única vía rápida de acceso al sistema para quienes no podían esperar a una plaza pública".

Garantizar la sostenibilidad de la Ley de Dependencia

El Gobierno viene financiando el 20% de las prestaciones y servicios asociados a la llamada ley de dependencia, cuando en realidad, según lo establecido en la ley, debería financiar el 50%. Y el otro 50% debería corresponder a los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, para subsanar este desbarajuste, el ICASS puso en marcha en 2011 un proceso de acreditación de plazas privadas con una prestación ecónomica vinculada al servicio, que permitió que muchas personas accedieran a él ya que el sector público estaba colapsado.

Pero "la deficiente financiación por parte del Estado ha provocado que este esfuerzo se haya convertido en insostenible", según Fortuny, quien añade que "el sobreesfuerzo que estamos haciendo cada vez más desde la Generalidad para dar vigencia a la ley de la dependencia nos obliga ahora a buscar soluciones dialogadas con el sector para garantizar la sostenibilidad".

Hace tres meses, Munté admitió que la medida de suspender el pago afectaría a cerca de 500 dependientes, cifra que ahora se verá ampliada. Con esta suspensión no sólo se paralizan los PIA, también se suspende sine díe el ingreso a plazas de prestación económica vinculada.

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