La Generalidad podría tener que pagar cinco años de beneficios de ATLL si la justicia anula su privatización por Acciona

La compleja y polémica privatización de Aguas Ter-Llobregat, que el Gobierno autonómico de Artur Mas presentó a finales del año pasado como muy beneficiosa para solucionar los problemas de déficit y tesorería de la Generalidad, podría generar unas pérdidas inmediatas. Pérdidas difíciles de calcular, pero que podrían alcanzar 100 millones de euros: el 10% del total que tenía que ingresar la Generalidad por una concesión de 50 años. Expertos jurídicos consultados por CRÓNICA GLOBAL, en cambio, aseguran que, "al haber resolución judicial por incumplimiento del pliego, no puede hablarse de lucro cesante", ni sería necesaria la indemnización por dicho concepto.

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Instalaciones de la estación de tratamiento de aguas potables de ATLL en Abrera (Barcelona)
Redacción
Miércoles, 9.10.2013 16:52

Según informan este miércoles El País y Ara, el pliegue de condiciones de la privatización del servicio de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que se adjudicó a un consorcio liderado por Acciona por unos 1.000 millones de euros para los próximos 50 años, incluía una serie de indemnizaciones si se anulara la concesión. Y podría anularse, puesto que la otra gran empresa que optó al concurso, Agbar, lo ha llevado a los tribunales y, de momento, con éxito.

En primer lugar, y de acuerdo con las condiciones de la operación, si esta se anulase, la Generalidad tendría que indemnizar al consorcio con una cantidad equivalente a los beneficios previstos para los primeros cinco años de la adjudicación. Teniendo en cuenta que Acciona prevé ganar 18,9 millones de euros en el primer año de concesión -y suponiendo que la cifra de los siguientes años fuera similar-, la Generalidad tendría que indemnizar a Acciona con casi 100 millones de euros por este concepto: es decir, que perdería cerca del 10% del total de los 1.000 millones que debería haber ingresado a lo largo de los 50 años de la concesión.

En el capítulo de pérdidas, la Generalidad también tendría que hacerse cargo de los gastos financieros y de inversiones que haya podido tener Acciona a causa de la operación. Además, la Administración autonómica tendría que reembolsar los cerca de 300 millones que recibió de Acciona como adelanto del total de la operación. Esta última cantidad no se computaría como pérdidas, pero sí que puede representar una nueva tensión de tesorería para un Gobierno autonómico con las arcas en una situación complicada.

Proceso judicial

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Generalidad ha contabilizado como ingresos la totalidad de los cerca de 1.000 millones de la operación, cosa que le permitió reducir el año pasado el déficit público en medio punto porcentual.

La adjudicación de ATLL al consorcio liderado por Acciona fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el mes de marzo, dando la razón a una decisión anterior del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) -un ente independiente en su funcionamiento, pero que forma parte de la propia Generalidad- que, a su vez, admitía un recurso de Agbar.

En julio, el mismo TSJC desestimaba un recurso de la Generalidad, que no se dio por vencida y volvió a recurrir. Ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá que resolver los recursos de casación presentados por Acciona y por la Generalidad respecto a las medidas cautelares, que Agbar reclama que se ejecuten.

Expertos consultados por CRÓNICA GLOBAL descartan la indemnización

Sin embargo, expertos jurídicos consultados por CRÓNICA GLOBAL han descartado que el consorcio liderado por Acciona pueda reclamar una indemnización para compensar las ganancias previstas que finalmente no se hagan efectivas.

"Al haber resolución judicial por incumplimiento del pliego, no puede hablarse de lucro cesante", aseguran estas fuentes.

El origen de la controvertida indemnización por lucro cesante se deriva de una supuesta resolución interpretativa que habría sido firmada por los consejeros de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, y de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ante una posible rescisión del contrato.