CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP no se ponen de acuerdo sobre cómo pedir permiso al Congreso para hacer un referéndum

Los partidos que apuestan por el llamado "derecho a decidir" -con la sonora excepción del PSC- coinciden en trasladar a las Cortes Generales una petición para que se transfiera a la Generalidad la potestad para convocar referéndums, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que una consulta que "no puede dejar de afectar al conjunto de ciudadanos españoles" no puede ser convocada por una Comunidad Autónoma en ningún caso.

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Punto de votación en Barcelona del referéndum independentista no oficial de 2011 que ofrecía a los participantes utilizar la urna utilizada en de Arenys de Munt y la que utilizó el presidente de la Generalidad, Artur Mas
Redacción
Lunes, 11.11.2013 18:18

Tres de las formaciones del Parlamento autonómico que apuestan por celebrar una referéndum secesionista, CiU, ERC e ICV-EUiA, ya han acordado la fórmula para pedir a las Cortes Generales que autorice este referéndum: que transfiera a la Generalidad las competencias necesarias, de forma que sea el Gobierno autonómico el que lo pueda convocar.

Este mismo lunes se ha reunido la comisión parlamentaria que estudia el llamado "derecho de decidir", donde los tres partidos -más la CUP- han intentado precisar más el acuerdo. El PSC, que ha proclamado repetidamente que defiende una consulta legal pactada con Madrid, no ha participado hasta ahora de estos movimientos. Hoy por hoy nadie prevé que el Congreso pueda autorizar esta petición, que podría representar uno de los pasos previos antes de convocar una consulta sin la autorización del Gobierno o unas elecciones plebiscitarias.

Según han anunciado las tres formaciones en sus respectivas ruedas de prensa, la petición pedirá emplear el artículo 150.2 de la Constitución, que dice que "el Estado podrá transferir o delegar" a las CCAA, mediante una "ley orgánica", facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia natura sean susceptibles de transferencia o delegación". Esta, de hecho, es la vía que ha utilizado el Gobierno del Reino Unido para autorizar el referéndum para la independencia de Escocia, que se celebrará septiembre del años que viene.

Lo que todavía no han decidido CiU, ERC e ICV-EUiA es la forma concreta en que esta petición llegará a las Cortes. La primera opción -y que defiende intensamente ICV-EUiA- era votarla antes en el Parlamento autonómico, y después trasladarla al Congreso. Sin embargo, desde ERC -que apuesta porque la consulta se celebre el año que viene- se ha advertido a los ecosocialistas que, con esta vía, la propuesta podría no debatirse antes de la primavera del 2014. Como alternativa, la iniciativa la podrían presentar los propios partidos directamente en el Congreso.

Estos partidos también han coincidido a presionar el PSC porque secunde su iniciativa. El vicesecretario general de UDC, Antoni Font, ha expresado que tienen "la obligación" de evitar que "se descuelguen más fuerzas políticas del proceso iniciado". Por parte de ICV-EUiA, su portavoz parlamentaria, Dolors Camats, ha recordado que el Estatuto que salió del Parlamento autonómico en 2005 preveía que Cataluña pudiera celebrar referéndums, y ha recordado que el PSC votó a favor de aquel texto. "¿Qué problema tienen?", se ha preguntado retóricamente, para concluir que los socialistas catalanes "no quieren incomodar el PSOE en el Congreso".

Los próximos pasos

Sea cual sea la manera de llevar esta petición al Congreso, así como su texto concreto, será derrotada con toda seguridad. Los partidos catalanes que promueven el referéndum, de hecho, ya cuentan, con esta negativa.

En cualquier caso, la sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional sobre el referendo para "el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco" propuesto por el entonces lehendakari Ibarretxe estableció que, aunque se presentó como una "consulta no vinculante", en realidad se trataba de un referendo, por lo que era necesaria la autorización del Gobierno. Y, además, dictaminó que como el contenido de la misma "no puede dejar de afectar al conjunto de ciudadanos españoles", esta consulta no podía ser convocada por una Comunidad Autónoma.

Según la hoja de ruta con que trabaja el presidente de la Generalidad, Artur Mas, a partir de las recomendaciones del Consejo Asesor para la Transición Nacional otras vías para intentar celebrar un referéndum independentista con cobertura legar pasarían para recurrir a la legislación autonómica, bien sea mediante la ley de consultas, en vigor, pero recurrida al Tribunal Constitucional, bien sea con la que está elaborando el Parlamento autonómico, para consultas no refrendarias.

Sin embargo, la sentencia 31/2011 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, en su fundamento jurídico 69, avaló que la Generalidad puede regular y convocar consultas populares, pero dejó claro que únicamente las puede llevar a cabo si "se ciñen expresamente al ámbito de las competencias autonómicas y locales".

Si estas vías también fallaran, no se puede descartar unas elecciones autonómicas convocadas en clave plebiscitaria, seguidas o no por una declaración unilateral de independencia desde la Cámara autonómica.

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