El Gobierno seguirá asumiendo las deudas vencidas y no pagadas por la Generalidad

A pesar de la estrategia de Mas-Colell de culpabilizar al Gobierno de sus propios impagos con los proveedores, Montoro volverá a salvar al Ejecutivo autonómico, otorgándole el 39,5% del total de la nueva fase del plan de pago a proveedores. La Generalidad hace días que urge a sus acreedores a adherirse al mecanismo de pago del Gobierno.

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El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro
Redacción
Viernes, 8.11.2013 21:13

El Ejecutivo autonómico de Artur Mas sigue implementando su estrategia de culpar al Gobierno de todos los males que padece Cataluña. El último de estos episodios ha sido el del impago a las farmacias catalanas.

En total, la deuda vencida y no pagada por la Generalidad asciende a 416 millones de euros, que corresponde a los fármacos dispensados mediante recetas en los meses de noviembre y diciembre de 2012, y de mayo y septiembre de 2013.

En las últimas semanas, ante la intensificación de las protestas de los farmacéuticos -que este jueves llevaron a cabo una huelga masiva-, desde la Generalidad se acusado al Gobierno de ser el responsable de dichos impagos.

"Yo quiero pagar a los farmacéuticos y no puedo. Madrid puede pagarles y no quiere", llegó a decir el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien apuntó como causa del impago la "mala intención" por la negativa del Gobierno a incrementar en 1.700 millones de euros la dotación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) correspondiente a la Generalidad.

La maniobra tuvo éxito, y un millar de farmacéuticos, durante la huelga, se concentraron ante la Delegacion del Gobierno en Cataluña para reclamar que se haga efectivo los pagos pendientes.

Desvío de dinero procedente del FLA

En cambio, la realidad es otra. Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se explicó que el retraso en la autorización de los 1.700 millones adicionales del FLA solicitados por la Generalidad respondía a que era necesario identificar correctamente el destino de ese dinero, a efectos de evitar duplicidades en la financiación de pagos que ya habían sido atribuidos al plan de pagos a proveedores, el otro mecanismo puesto en marcha por el Gobierno para proporcionar liquidez a las CCAA.

De hecho, el PP catalán ha denunciado que la Generalidad ha desviado en los últimos meses partidas procedentes del FLA, cuyo destino previsto eran las farmacias, a universidades. Y han acusado al Gobierno autonómico de "engañar" a la opinión pública.

"El Gobierno ha pagado y ha cumplido sus compromisos. Quien ha decidido desviar el dinero a otros sectores es la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalidad", ha asegurado el portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico, Santi Rodríguez.

La Generalidad recibirá el 39,4% del nuevo plan de pago a proveedores

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, notablemente contrariado por la estrategia de la Generalidad, recordó este jueves que, en todo caso, es el Gobierno el que está suministrando a la Generalidad la liquidez necesaria para hacer frente a sus deudas (más de 25.000 millones de euros desde principios de 2012), y que no es el resposable de los impagos, como se le atribuye.

En todo caso, Montoro, que garantizó que ningún proveedor se quedaría sin cobrar, ha anunciado este viernes que una tercera fase del plan de pago a proveedores estará operativa a partir del próximo sábado 16 de noviembre, que destinará 1.757 millones a los ayuntamientos y 3.624 millones a las CCAA. De estos, la Generalidad de Cataluña recibirá 1.431 millones, un 39,5% del total.

Por otra parte, sorprenden los movimientos que recientemente venía llevando a cabo la Generalidad. Proveedores de diversos sectores -ajenos a la sanidad-, que tienen deudas vencidas e impagadas por parte de Gobierno autonómico desde hace muchos meses, en los últimos días estaban siendo urgidos por la Generalidad a solicitar formalmente su adhesión al plan de pago a proveedores. Antes incluso de que este fuese implementado. Y es que, al parecer, el Ejecutivo autonómico quiere evitar tener que volver a desviar fondos para un destino que no era el inicialmente previsto.

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