Nadal, investigado por presuntas irregularidades urbanísticas

El ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas durante los dos tripartitos y ex líder del PSC en el Parlamento autonómico durante la primera legislatura de Mas fue el máximo responsable de la compra de unos terrenos por parte de la Generalidad a un precio presuntamente desproporcionado.

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El ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas durante los dos tripartitos y ex líder del PSC en el Parlamento autonómico durante la primera legislatura de Mas, Joaquim Nadal
Redacción
Martes, 17.12.2013 11:14

El ex consejero de Política Territorial y Obras Públicas durante los dos tripartitos y ex líder del PSC en el Parlamento autonómico durante la primera legislatura de Mas, Joaquim Nadal (PSC), ha prestado declaración este lunes ante la Guardia Civil en relación a unas presuntas irregularidades en una operación urbanística en Santa Cristina d'Aro (Gerona).

La Generalidad firmó en 2006 un acuerdo entre el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) -entonces presidido por Nadal-, el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y la empresa promotora de un polígono industrial. Por la compra de los terrenos, el Gobierno autonómico pagó 7,5 millones de euros, una cantidad que la Guardia Civil -que ejerce de policía judicial- considera desproporcionada.

Según El País, Nadal ha declarado en calidad de imputado, una situación que desmiente El Periódico pero que confirma Europa Press. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Nadal ha asegurado que "no hay imputación judicial, hoy por hoy" y que "el sumario se está instruyendo de forma secreta", pero ha defendido que su actuación siempre ha sido estrictamente legal.

Un proyecto insostenible

Los terrenos inicialmente señalados para la construcción del polígono no fueron del agrado de los vecinos ni de la plataforma ecologista Salvem Solius, puesto que ponía en riesgo el valle de Solius de Santa Cristina. Las partes llegaron a un acuerdo para aplicar una modificación urbanística, y la recalificación incluyó una permuta de terrenos para que la promotora pudiera instalar allí sus empresas, cosa que recibió el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de Gerona.

Sin embargo, aquellos terrenos, como "ya advertían los informes técnicos" según fuentes de la defensa del Incasol, eran "inundables", y la empresa hubo de afrontar una inversión mayor de la prevista para solventar los "problemas de humedades". Los informes remitidos por este ente público, además, alertaron de que, debido a la crisis, el proyecto no era económicamente viable. De modo que, al final, el polígono nunca se desarrolló. El empresario que lo había proyectado ha presentado finalmente una querella en los juzgados.

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