Bajo la carpa

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Miércoles, 15.01.2014 08:48

Las diversas causas que están siendo investigadas judicialmente, y de las que exclusivamente informan algunos medios de comunicación, dan idea de las -por llamarlas de alguna manera- peculiaridades de la sanidad catalana. Estas prácticas están tan profundamente arraigadas y entronizadas en el sistema que incluso profesionales supuestamente ajenos a tales tejemanejes se escandalizan porque se hagan públicas las que afectan al centro concreto donde ellos trabajan, bajo el argumento de que "esas cosas pasan en todas partes".

En el caso Innova-Sagessa, con múltiples piezas separadas de instrucción penal que todavía están bajo secreto de sumario, parecen confluir intereses de personas que han estado en el "top" de la sociovergència que ha regido los destinos de la sanidad catalana durante los últimos treinta años

La cosa ha llegado al extremo de creer, y sobre todo de hacer creer, que el conocimiento público de esas situaciones perjudica la reputación de los profesionales del centro, intentando confundir, de forma intencionada, el prestigio de la propia institución y la honorabilidad de sus profesionales, con las cuestionables conductas de los gestores que las parasitan. Se ha llegado al paroxismo de la desvergüenza al afirmar que la transparencia y la denuncia de esas corruptelas "hacen mucho daño a la institución" pero, según parece, tolerar que las corruptelas persistan y se mantengan ocultas de forma crónica e inveterada, no resulta perjudicial para la institución ni para los ciudadanos que costean la sanidad. Se pretende conseguir que esas prácticas sean percibidas como un "fenómeno natural" inevitable, decidido y enviado por la providencia política y respecto al que, por respeto a esa autoridad cuasidivina, no debe hacerse ninguna mención pública. A los que, inconscientes e irreverentes, se atreven a desafiar esas fuerzas de la naturaleza se les tacha de herejes y se les persigue y anatemiza como corresponde a tal infame condición.

Pero no se trata de ningún espejismo ni tampoco, como algunos pretenden hacernos creer, de meras irregularidades administrativas fruto de un error involuntario o resultado de un defecto formal. Lo que hay, lo que se pretende esconder y que, en la mayoría de ocasiones desgraciadamente se consigue, es otra cosa: la codicia, la soberbia, la prepotencia y la desvergüenza de los que utilizan y han utilizado sus cargos públicos y sus relaciones políticas para obtener lucrativos ingresos y notorios beneficios propios o cercanos.

En el caso Innova-Sagessa, con múltiples piezas separadas de instrucción penal que todavía están bajo secreto de sumario, parecen confluir intereses de personas que han estado en el "top" de la sociovergència que ha regido los destinos de la sanidad catalana durante los últimos treinta años. Nadie puede cuestionar que el señor Prat y el señor Manté han ocupado los cargos más relevantes en la sanidad pública catalana. Y allí están, en el epicentro de ese "fenómeno natural" con sede en Reus. Es de desear que, algún día, sean públicamente conocidas todas las personas y las instituciones presuntamente involucradas en ese pacto de caballeros y que, aunque ya sea esperar mucho, se depuren las responsabilidades que correspondan.

La instrucción del caso San Pablo, otro "fenómeno natural" inevitable, sigue avanzando. Hace unos meses el juez instructor decidió el sobreseimiento provisional en relación a las posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del nuevo hospital. En contra de lo que algunos intencionalmente afirman, la resolución judicial no ha determinado la inexistencia de irregularidades sino que, por el contrario, la resolución manifiesta expresamente que "en este supuesto podría estimarse realizada la parte objetiva del delito de prevaricación administrativa", si bien plantea la posible prescripción de las acciones diciendo que "ha de añadirse que no se ha dirigido la acción penal, en tiempo procesalmente útil, contra los que adoptaron la decisión". El contenido del auto judicial expresa un evidente desvalor respecto a las conductas realizadas, y señala además que debe estarse a la espera de los resultados de la instrucción pendiente para valorar si concurren los elementos necesarios para que ese desvalor pueda ser considerado como penalmente relevante.

Hace pocos días, y en relación a este mismo caso, el juez ha decidido no sólo mantener la imputación de tres personas, sino que ha solicitado a las partes y al Ministerio Fiscal que presenten escrito de calificación y apertura del juicio oral. Es decir: da por concluida la instrucción de esa parte de la causa y, muy probablemente, esos tres imputados pasarán a ser inculpados. El señor José I. Cuervo, persona de larga trayectoria política en el Ayuntamiento de Barcelona y en la sanidad catalana, dejó su último cargo político como delegado del Gobierno tripartito catalán en Madrid para pasar, de forma inmediata, a prestar servicios mediante contrato laboral en una de las fundaciones del Hospital de San Pablo (la única que realiza actividad sanitaria).

Lo que llama poderosamente la atención es que, a pesar de que el ICS es el organismo público directamente afectado por esas actuaciones, no ha comparecido todavía en la causa como perjudicado a pesar de que ha sido notificado para que pueda ejercer ese derecho contra sus presuntos defraudadores

El entonces gerente del centro, el señor Jordi Varela, vinculado políticamente al mismo partido que el señor Cuervo y con quien había también compartido funciones directivas en la sanidad municipal de Barcelona, fue quien le contrató. El señor Cuervo solicitó también su reincorporación al Instituto Catalán de la Salud (ICS) en la plaza de funcionario de la que se encontraba excedente por su dedicación política. Como ha quedado establecido en la instrucción, ambos solicitaron al entonces director general del ICS, señor Enric Argelagués, la adscripción funcional del señor Cuervo al Hospital de San Pablo para realizar, al parecer, tareas vinculadas a la Investigación, a la Docencia y al desarrollo de nuevas Tecnologías pero, eso sí, omitieron decir que el señor Cuervo ya estaba siendo retribuido por el Hospital de San Pablo por las mismas tareas que le retribuía el ICS: un sólo trabajo aparente y dos sueldos completos, lo que suponía unas retribuciones mensuales superiores a los 8.000 euros, probablemente cantidad equiparable a los ingresos derivados de su anterior cargo político.

El señor Varela ha manifestado en sede judicial que puso fin al contrato con el señor Cuervo porque éste ya había realizado las tareas encomendadas, cosa que casualmente coincidió con la denuncia de la situación por parte de algunos trabajadores del centro y, también casualmente, pasó a ser contratado y retribuido, sin solución ninguna de continuidad, por la otra fundación del Hospital (la que gestiona el patrimonio) con una retribución equivalente. El objeto del segundo contrato, según ha manifestado el señor Bachs, gerente de esa otra fundación del mismo Hospital, era el diseño de los nuevos edificios destinados a investigación (que ni siquiera tienen fecha prevista de construcción) y el proyecto de un estabulario.

En el escrito en que se opone al sobreseimiento solicitado por esos tres imputados, el fiscal anticorrupción manifiesta: "Lo que Cuervo consigue es cobrar del San Pablo, continuar como funcionario y, además, seguir cobrando del ICS. Resulta evidente que Cuervo no quería de ningún modo perder su "colchón" como funcionario público, pero también resulta palmario que quería aprovechar para ganar más dinero". "Lo demás es retórica", dice también el fiscal, quien concluye su escrito diciendo: "J.I. Cuervo consiguió una disposición indebida de fondos públicos a su favor mientras estuvo prestando servicios a la fundación, lo cual indiciariamente apunta a hipótesis típicas de malversación o estafa con abuso de función".

Hasta aquí, nada realmente sorprendente. Lo que llama poderosamente la atención es que, a pesar de que el ICS es el organismo público directamente afectado por esas actuaciones, no ha comparecido todavía en la causa como perjudicado a pesar de que ha sido notificado para que pueda ejercer ese derecho contra sus presuntos defraudadores. Este hecho queda reflejado en el auto judicial en los siguientes términos: "El ICS no ha ofrecido en la presente causa una especial contrariedad por la situación creada. Aún así, el director de Recursos Humanos manifiesta que por el mismo trabajo no podía pagarle dos veces". ¿Se personará el ente público? ¿Ejercerá la acusación particular defendiendo los intereses y haberes públicos que han sido presuntamente defraudados? O, como ha ocurrido ya en otros procedimientos judiciales, ¿no se personará o llegará incluso a renunciar al resarcimiento económico? Veremos.

En el circo de la sanidad catalana hay dinero de sobras para trapecistas, equilibristas, acróbatas, malabaristas, funambulistas, prestidigitadores, contorsionistas, ilusionistas, políticos, ex políticos y payasos de todo tipo

Los actuales responsables del Hospital de San Pablo tampoco han reprobado las actuaciones de los anteriores gestores, a pesar de que pueden conllevar un claro perjuicio para la institución; bien al contrario, ya que -según se dice- incluso están costeando, con cargo al Hospital, las defensas de algunos de los imputados. Pero es que el país es pequeño y las familias amplias y, en esas circunstancias, ya se sabe: Hoy por ti, mañana por mí. Baste señalar que el director general del ICS que autorizó la adscripción funcional del señor Cuervo al San Pablo es, en la actualidad, el presidente del patronato de ese mismo Hospital.

El pasado mes de octubre y en una entrevista en Catalunya Ràdio, el señor Duran i Lleida se preguntaba retóricamente de qué iba a vivir si dejaba la política. Señor Duran, no tiene de qué preocuparse: no hará falta que, como usted mismo manifestó tan acertadamente, malviva haciendo de profesor o de médico, profesión que todavía le reportaría mayores dificultades económicas. En el circo de la sanidad catalana hay dinero de sobras para trapecistas, equilibristas, acróbatas, malabaristas, funambulistas, prestidigitadores, contorsionistas, ilusionistas, políticos, ex políticos y payasos de todo tipo. ¡Ah! Y a pesar de que en los circos no se exhiben animales, el San Pablo tiene todavía pendiente la construcción del estabulario. Puede estar seguro de que no será usted una excepción a tanta solidaridad bajo la carpa y cuente ya con tener garantizada retribución generosa para cuando deje la política, puesto que de lo que se trata es de fomentar la ganadería intensiva y estabular el país entero.

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¿Quién es... Carme Pérez?
Carme Pérez
Radióloga y abogada. Presidenta del Comité de Empresa del Hospital de San Pablo de Barcelona, centro sanitario en el que trabaja desde 1979. Es diputada autonómica por Ciudadanos desde mayo de 2014.
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