Adiós a las multas lingüísticas en Baleares

El Ejecutivo autonómico presidido por Ramón Bauzá prepara una nueva ley de comercio que derogará las sanciones por rotular solo en castellano. El PP balear ya ha eliminado la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán y el requisito de acreditar el dominio del catalán de forma general para acceder a la Administración autonómica.

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José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno autonómico de las Islas Baleares
Redacción
Lunes, 6.01.2014 17:41

El Gobierno autonómico de Baleares, presidido por el popular Ramón Bauzá, tiene previsto eliminar este año las multas lingüísticas a los empresarios que no rotulen los carteles de sus comercios "al menos" en catalán, según ha avanzado este lunes El Mundo.

Esta imposición lingüística -que prevé sanciones para las tiendas que rotulan únicamente en castellano, pero no para las que lo hacen exclusivamente en catalán- está vigente desde el año 2001, según recoge la autonómica Ley 11/2001 de ordenación de la actividad comercial.

La normativa fue aprobada por iniciativa del PSIB-PSOE, pero el PP no la derogó pese a tener mayoría absoluta en el Parlamento autonómico en la legislatura 2003-2007, con Jaume Matas como presidente autonómico. En todo caso, no fue hasta finales de 2010 que se empezó a poner multas por rotular en español. Lo hizo el Ejecutivo autonómico presidido por Francesc Antich (PSIB-PSOE), al implementar un polémico Plan General de Normalización Lingüística.

Multas de entre 1.501 y 60.000 euros por rotular solo en castellano

Ahora, Bauzá ha decidido acabar con este tipo de discriminación lingüística, que tuvo como referencia una normativa similar que sigue vigente en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que es inconstitucional.

El artículo en cuestión (el 8.3) señala que "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para los consumidores de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, al menos, en catalán".

El artículo 49.o califica como "graves" las infracciones relativas a ese punto, que se sancionan con una multa de entre 1.501 y 60.000 euros.

Tras acabar con la inmersión y la obligatoriedad del catalán para los funcionarios

La previsión es que la nueva ley de comercio -cuyo borrador todavía no se ha redactado- esté aprobada antes de verano.

De esta forma, el equipo de Bauzá continúa mostrándose firme en contra de la discriminación lingüística en las Baleares. Los populares, que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, han derogado este curso la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que operaba en los colegios públicos, y han implantado un modelo trilingüe (catalán, castellano e inglés), pese a las huelgas y protestas que este ha generado.

En julio del año pasado, también eliminaron la obligatoriedad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito imprescindible para acceder a la Administración autonómica, que ahora es un mérito, excepto en algunos casos -como los profesores y el personal de atención al público- para los que sigue siendo obligatorio.

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