Convivencia Cívica Catalana exige que castellano y catalán se utilicen al 50% en las escuelas tal y como ordenó el Supremo

La entidad promotora de los autos del TSJC sobre bilingüismo escolar conocidos este viernes los valora "positivamente" pero recuerda que el Supremo ordenó un uso equilibrado de ambas lenguas oficiales en Cataluña de forma general. También advierte de que los reiterados incumplimientos de Rigau pueden suponer un delito de desobediencia a los tribunales.

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Redacción
Viernes, 31.01.2014 21:28

Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que ha asesorado jurídicamente a los padres de los alumnos a los que afectan los cinco autos del TSJC conocidos este viernes que ordenan ofrecerles, al menos, el 25% de las clases en castellano, ha valorado "positivamente" estas decisiones judiciales.

Las consideran como "un paso adelante para la supresión del inconstitucional y excluyente sistema de inmersión lingüística monolingüe que aparta de las escuelas como lengua vehicuar a la lengua de la mitad de la sociedad".

Y recuerdan que, junto a los autos de hace unos días del Tribunal Supremo que ordena aplicar el bilingüismo de forma cautelar, "hacen posible que de manera inmediata todos los escolares cuyos padres lo soliciten reciban como mínimo el 25% de la enseñanza en castellano".

El Tribunal Supremo estableció un 50% de forma general

Sin embargo, también ha advertido de que estas resoluciones "contienen aún extremos que consideramos no conformes a derecho, en particular, la fijación de la utilización del castellano como lengua vehicular en un 25%, cuando el Tribunal Supremo la ha fijado en un 50% como norma general".

Y recuerdan que, en anteriores sentencias, "el Tribunal Supremo ha fijado la utilización del castellano en un 50%, salvo que, literalmente, 'se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña', en cuyo caso, 'debería ser transitorio hasta tanto se obtenga el objetivo de normalización que constituye el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral que constituye el modelo constitucional que garantiza el principio de lealtad constitucional entre Administraciones Públicas y que de acordarse deberá estar suficientemente motivado'".

Por ello, han anunciado que continuarán trabajando para que se haga efectivo el derecho a recibir una enseñanza bilingüe en Cataluña de forma equilibrada entre el castellano y el catalán.

Además, han asegurado que estos autos "abre la vía también para un procesamiento de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por un delito de desobediencia a los tribunales de justicia, al declarar como no cumplimentados los requerimientos efectuados por el tribunal" para aplicar el bilingüismo en las escuelas.

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