"Para analizar el grado de solidaridad se debe comparar el nivel de producción de cada territorio con su nivel de renta disponible, una vez que se han tenido en cuenta los impuestos, transferencias y subvenciones. [...] Intentar establecer un sistema de financiación de las CCAA que equilibre las balanzas fiscales rompería la solidaridad e iría en contra de los principios de la Constitución española"

Carmen Alcaide, analista y ex presidenta del INE, en un artículo publicado este domingo en El País:

"[...] Si en esta discusión entre lo que aportan los diferentes territorios y lo que reciben, lo que se quiere analizar es la mayor o menor solidaridad entre los territorios, las balanzas fiscales no son el mejor instrumento, ya que dejan fuera del análisis aspectos realmente importantes como, por ejemplo, la producción de energía (en Extremadura), de la que se benefician otras regiones a precio subvencionado. Para analizar el grado de solidaridad se debe comparar el nivel de producción de cada territorio con su nivel de renta disponible, una vez que se han tenido en cuenta los impuestos, transferencias y subvenciones.

Dadas todas estas dificultades, la discusión entre las CCAA y el Estado está asegurada. Por una parte, las de mayor renta, que como es natural aparecen con saldo fiscal deficitario, al pagar más de lo que reciben (Madrid, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana), y por otro, las de menor renta (Extremadura, Asturias, Galicia, Andalucía) con saldo fiscal positivo, que consideran que la información aportada por incompleta no debe ser considerada en el proceso de negociación. Es importante tener en consideración que el sistema fiscal español está basado en un concepto de España como una nación, y no en un sistema federal, como algunos pretenden al compararlo con el sistema alemán.

De acuerdo con la Constitución española, el sistema fiscal español sigue unas pautas de solidaridad por las que se intenta que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos en función de igualdad (artículo 138). Por otra parte, es razonable que en aquellos territorios donde haya más ciudadanos con rentas altas y/o más empresas con beneficios, paguen más impuestos, independientemente de que el gasto público (infraestructuras, educación enseñanza) sea equitativo en función de las necesidades de los ciudadanos que residen en cada comunidad autónoma.

Por tanto, intentar establecer un sistema de financiación de las CCAA que equilibre las balanzas fiscales rompería esa solidaridad e iría en contra de los principios de la Constitución española. Con el sistema actual, el Estado y las CCAA pueden ponerse de acuerdo para modificar, otra vez más, el sistema de financiación acordado, otorgando un mayor porcentaje actual a las comunidades sobre la recaudación de algunos impuestos, incluso hasta llegar a un sistema próximo al de una organización federal en la que, sin embargo, también habría que establecer algún sistema de solidaridad para cumplir con el mandato constitucional. Otra cuestión política diferente es que se quiera modificar la Constitución y cambiar el sistema actual del Estado de las autonomías".