"las leyes tienen que cumplirse"

Una magistrada del TC propuesta por CiU advierte de que el "derecho a decidir" tiene el límite de la Constitución

Encarnación Roca señala que la Carta Magna "no distingue ningún tipo de pueblo español dentro del ámbito de las CCAA y de las nacionalidades, y por eso se ha considerado que, en este sentido, [la declaración] no se podía considerar constitucional". Por lo que hace a la "programación del derecho a decidir", apunta que, en todo caso, debe llevarse a cabo "a través de los mecanismos marcados constitucionalmente": "legalidad quiere decir que las leyes tienen que cumplirse, y entre otras leyes la Constitución es la ley fundamental del Estado".

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Encarnación Roca, magistrada del TC
Redacción
Jueves, 27.03.2014 11:05

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Encarnación Roca, que en su día fue propuesta por CiU con el beneplácito del PSC y del PSOE para satisfacer la exigencia nacionalista de una presunta "cuota catalana" en el Alto Tribunal, ha declarado este miércoles que "la soberanía pertenece al pueblo español en general" y, pese a considerar que el llamado "derecho a decidir" puede estar "de acuerdo con la Constitución", ha advertido de que "la legalidad quiere decir que las leyes tienen que cumplirse, y entre otras leyes la Constitución es la ley fundamental del Estado".

Roca, en declaraciones al canal autonómico 3/24, ha comentado tanto el contenido como el valor de la sentencia del TC que ha rechazado, por unanimidad, la declaración de soberanía del Parlamento autonómico de Cataluña. "La pimera parte" de dicha declaración, "el principio primero que define al pueblo catalán como sujeto político y soberano", es inconstitucional, según ha explicado Roca, "porque no está de acuerdo con los artículos de la Constitución española que establecen que la soberanía pertenece al pueblo español en general".

La también magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha señalado, asimismo, que la Carta Magna "no distingue ningún tipo de pueblo español dentro del ámbito de las CCAA y de las nacionalidades, y por eso se ha considerado que, en este sentido, [la declaración] no se podía considerar constitucional".

Por el contrario, la segunda parte, según el análisis del TC, "donde está toda la programación del derecho a decidir, [...] se ha considerado que estaba de acuerdo con la Constitución", ha apuntado Roca. Pero insiste: "Siempre y cuando se llevara a cabo a través de los mecanismos marcados constitucionalmente, porque la misma declaración del Parlamento [autonómico] de Cataluña hace referencia al principio de legalidad".

"El país necesitaba esta unanimidad"

En un ejercicio de divulgación en apariencia banal, Roca ha creído oportuno llamar la atención sobre un hecho en realidad recogido en la propia formulación del principio mencionado, esto es, "legalidad quiere decir que las leyes tienen que cumplirse, y entre otras leyes la Constitución es la ley fundamental del Estado".

En este sentido, la catedrática de Derecho Civil y ex vicerectora de la Universidad de Barcelona ha recordado que "el TC es un tribunal que controla la aplicación de la Constitución". Toda vez que ya se ha pronunciado -después de discutir sobre la cuestión desde "casi después del verano"-, el Alto Tribunal "deja las cosas donde deben estar, es decir, este es un problema político como toda la Constitución es un problema de interpretación jurídica de cuestiones políticas que previamente están en la Constitución".

Sobre el hecho significativo de que el TC se haya pronunciado de forma unánime sobre una cuestión que está marcando la discusión política de los últimos años, Roca ha indicado que "las unanimidades y las decisiones tienen que trabajarse. [...] Hemos valorado cuáles son las consecuencias de una resolución unánime y de una resolución por mayoría y hemos pensado que en estos momentos el país necesitaba esta unanimidad".

Roca es vicepresidenta de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. En 2011 se convirtió en la primera mujer que ingresaba en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación nacional. Durante el período 1983-2005, Roca fue además miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña, y en 2003 el Gobierno autonómico le concedió la Cruz de Sant Jordi. Es asimismo miembro numeraria del Instituto de Estudios Catalanes y en 2012, de manos del presidente de la Generalidad, Artur Mas, recibió el premio Puig Salellas en reconocimiento de su "larga y brillante" trayectoria jurídica, y en concreto por su "extraordinaria producción científica, que la ha convertido en una de las juristas contemporáneas más unánimemente reconocidas".