"Una adhesión de terciopelo [de Cataluña a la UE] sólo sería posible tras una secesión de terciopelo, lo que no parece el caso e incluso, dirían algunos, sería pedir demasiado después de un proceso no pactado"

José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política en la UNED y director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR), en un artículo publicado el martes pasado en El País:

"[...] Se amparan los expertos [del Consejo Asesor para la Transición Nacional -CATN-] para convencerse a sí mismos de que esos escenarios son los más posibles en la falta de precedente jurídico [de una secesión de una parte de un Estado miembro de la UE] y, en paralelo, en la flexibilidad de la que tradicionalmente ha hecho gala la UE para situaciones novedosas. Pero yerran los expertos en, primero, suponer que la ausencia de precedentes para un caso como el que eventualmente plantearía Cataluña les beneficia y, segundo, en pensar que, en las actuales circunstancias se beneficiarían de esa flexibilidad.

Porque esa falta de precedente sólo podría desencadenar un procedimiento de adhesión exprés para Cataluña, y lo haría sólo de forma hipotética, si se diera bajo un tercer supuesto que el CATN omite: el de el consenso entre todas las partes (España, Cataluña y el resto de los gobiernos e instituciones de la UE). Dicho de otra manera: si el gobierno de España y el de Cataluña acudieran de la mano a Bruselas y plantearan el deseo de lograr que la secesión de Cataluña no implicara su salida de la UE, entonces es bastante probable que las autoridades europeas estuvieran dispuestas a establecer un procedimiento y un plazo para lograr que el proceso de secesión y el de adhesión se solaparan.

No se trata por tanto como dicen el CATN de que España vetara o no vetara el proceso, sino de algo que va mucho más allá: de que apoyara activamente ese proceso y lo liderara políticamente dentro de las instituciones europeas. Una adhesión de terciopelo sólo sería posible tras una secesión de terciopelo, lo que no parece el caso e incluso, dirían algunos, sería pedir demasiado después de un proceso no pactado.

Pero incluso en ese supuesto de secesión de terciopelo no podríamos hablar de un procedimiento exprés pues, necesariamente, la UE tendría que verificar que las nuevas instituciones catalanas y las leyes emanadas de ellas (desde una Constitución catalana hasta su desarrollo legislativo) cumplieran el derecho comunitario, un enorme mamotreco de legislación que se estima entre ochenta y doscientas mil páginas. Es decir, Cataluña no podría librarse del proceso de escrutinio y certificación del acervo comunitario (screening, en la jerga al uso) al que se somete a todo Estado candidato, lo que llevaría un tiempo considerable pues esas instituciones y legislación serían nuevas o ni siquiera estarían creadas.

En consecuencia, lo más sorprendente del informe del CATN, y también de las conclusiones del Gobierno [autonómico], no es su desconocimiento de cómo funciona la UE sino de las implicaciones de la estatalidad a la que aspiran. Dice el Gobierno [autonómico] que carece de sentido suponer que la UE expulsaría de su seno a ciudadanos europeos que ya lo son, pero ese es precisamente el asunto central: que los ciudadanos de Cataluña gozan hoy de esos derechos en tanto en cuanto ciudadanos de un Estado, el español, que cumple con los requisitos exigibles a los estados de la Unión en cuanto a protección y garantía del catálogo de derechos más avanzados del mundo.

Precisamente porque las nuevas autoridades catalanas pondrían en marcha nuevas instituciones político-jurídicas, las instituciones europeas tendrían que verificar que no hubiera menoscabo en los derechos que como europeos les corresponden. Pero ahí, en los derechos ciudadanos, es donde el argumento secesionista da la vuelta y se vuelve contra sus promotores pues si los ciudadanos catalanes gozan hoy de plenitud de derechos en el marco europeo, ¿qué sentido último tiene la secesión desde el punto de vista de esos derechos? ¿Y qué otra justificación para la secesión hay si no es la basada en derechos?

Hasta la fecha, ni el CATN ni el Gobierno [autonómico] han planteado a las instituciones europeas queja ni demanda alguna respecto a la privación de derecho alguno de los habitantes de Cataluña en razón de su pertenencia al Reino de España. En ausencia de una caso secesionista claro y en ausencia de consenso entre las partes, ¿por qué debería la UE diseñar un procedimiento ad hoc?".

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