Una salida para Ucrania

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Domingo, 20.04.2014 11:50

Desde mediado el mes de marzo, grupos de activistas "prorrusos" han venido llevando a cabo protestas y manifestaciones en importantes ciudades del Este de Ucrania como Donetsk, Járkov y Lugansk. En estos territorios, por su composición etno-lingüística, su historia y su ubicación cerca de la frontera, anidan fuertes sentimientos filorrusos. Más recientemente, varios grupos armados rebeldes prorrusos han tomado el control de edificios e instalaciones gubernamentales sin encontrar grandes resistencias en las fuerzas policiales de la zona. Esto implica que las fuerzas de orden público local han caído del lado de las élites filorrusas de la zona y lo que entienden como "mayoría social".

La gravedad político-jurídica de lo que está sucediendo no debe servir para ocultar la complejidad de la situación existente. Sólo su reconocimiento público permitirá reorientar la solución del conflicto interno e internacional

Por ello, el gobierno central de Kiev ha tenido que ordenar la recuperación de las instalaciones por unidades del ejército procedentes de otras provincias. El objetivo de los grupos insurgentes es claro: emular a Crimea y Sebastopol nombrando nuevas autoridades en estas capitales de los Oblast (las "provincias"), convocando sus propios referéndums de autodeterminación y, si estos tuvieran lugar y los resultados fueran favorables, declarando su independencia y negociando su anexión libre a la Federación Rusa.

De hecho, los grupos insurgentes –que no terroristas como ha proclamado el gobierno de Kiev- ya han proclamado unilateralmente la creación de la "República Popular de Donetsk" y de la "República Popular de Járkov" y fijado el 11 de mayo como fecha de celebración de los referéndums. Ciertamente, las autoridades de Kiev han logrado la recuperación del control de algunos edificios e instalaciones públicas pero de continuar la escalada y si se produjeran amplios derramamientos de sangre, sería altamente probable que los grupos de milicianos filorrusos coordinasen sus esfuerzos y aumentasen su capacidad de resistencia, esta vez directamente apoyados por Rusia, y que la escalada de tensión llevara a la consumación de la sedición de estas provincias y que se extendiera a otros Oblast del Sur-Este de Ucrania.

Es obvio que la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales inclusive los modos encubiertos de acción militar. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o ayudar a fuerzas irregulares cuyo objetivo sea realizar operaciones en el territorio de otro Estado. Como en los casos de Crimea y Sebastopol del mes pasado, cualquier Declaración de Soberanía, referéndum posterior y anexión a Rusia de estas provincias que cobre vida con los territorios bajo el control de grupos paramilitares -muy posiblemente armados o dirigidos directa o indirectamente desde Rusia- no podría ser reconocida internacionalmente.

Esto dicho, la gravedad político-jurídica de lo que está sucediendo no debe servir para ocultar la complejidad de la situación existente. Sólo su reconocimiento público permitirá reorientar la solución del conflicto interno e internacional. Desde su independencia en 1992, en Ucrania se han acumulado fortísimas tensiones políticas y nacionales agudizadas por la crisis económica del país. La anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia y los recientes movimientos de secesión en otras provincias del Este y Sur-Este de Ucrania no son necesariamente los primeros movimientos expansionistas de una Rusia liderada por un aspirante a Zar y restaurador del mito del "Mundo Ruso" (Russkiy mir).

Las visitas a la oposición del Euromaidán de representantes de la UE y de los EEUU, sus declaraciones públicas dando apoyo a la revuelta y la conminación al presidente a firmar el Tratado de asociación con la UE, vulneraron este deber de no injerencia

El primer vector de las fricciones en Ucrania ha vertebrado el relato dominante en Occidente. El Euromaidán y la oposición al ex presidente Yanuckovych eran "proeuropeos/democráticos". El depuesto Yanuckovych "prorruso/antidemocrático y corrupto". Todo esto es una enorme simplificación que raya la falsedad. El "putsch" de los cuatro partidos de la oposición en el Parlamento de Ucrania que dio lugar a la destitución de Yanuckovych y al nombramiento de un Gobierno de unidad fue hábilmente retratado como un vuelco democrático a la situación. Sin embargo la destitución del Presidente electo se realizó en vulneración flagrante de su Constitución (art. 111). Entre otros motivos porque la adopción de la decisión de destituir al presidente requería la aprobación de la decisión por no menos de dos tercios de sus parlamentarios. La votación nunca logró la mayoría exigida. En añadido, de la mano de los EEUU y de la UE habrían venido otras violaciones del Derecho internacional. La Carta también exige a los Estados no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado. Las visitas a la oposición del Euromaidán de representantes de la UE y de los EEUU, sus declaraciones públicas dando apoyo a la revuelta y la conminación al presidente a firmar el Tratado de asociación con la UE, vulneraron este deber de no injerencia.

El segundo vector de las tensiones sigue más oculto. Las políticas de "desrusificación" llevadas a cabo por anteriores gobiernos de Kiev han sido objeto de denuncia por parte del Comité internacional que vigila el cumplimiento del Convenio Marco para la protección de las minorías. Las observaciones emitidas por el Comité (2002, 2008 y 2012) señalaban violaciones crónicas de los derechos de la minoría rusa, en especial, los de carácter lingüístico. Estas nutren también las rebeliones del Este y del Sur-Este del país. Entre las medidas gubernamentales contrarias a la Convención destacaban las leyes que exigen altas cuotas en lengua ucraniana para los operadores de canales de radio y TV privados; la obligatoriedad de realizar las pruebas de acceso a institutos o a la universidad exclusivamente en lengua ucraniana; la inscripción forzosa de los nombres en los registros públicos en ucranio; o la manipulación de libros de texto para trasladar visiones alteradas de la historia, la cultura y la realidad plural de Ucrania. Una parte de estas violaciones había empezado a ser corregida en 2012. La victoria del partido de Yanukovych en las últimas elecciones facilitó la aprobación de la Ley de Política lingüística que permitía cierta cooficialidad a las lenguas minoritarias. Tras la caída de Yanuckovych el Parlamento la derogó. La sensación de vulnerabilidad de la minoría rusa aumentó aún más con el nombramiento de cuatro ministros del nuevo Gobierno pertenecientes al filonazi partido Svodoba. Otros miembros del mismo han asumido cargos tan importantes como la Dirección del Consejo Nacional de Seguridad y la Fiscalía General. En Ucrania, nada es lo que parece.

Un enfoque de la situación que tenga en cuenta todos estos aspectos podría ayudar a prevenir la escisión de otras partes del territorio de Ucrania, aunque cada vez quede menos tiempo para dar una salida no traumática a la situación. Suspender las elecciones presidenciales previstes para mayo –en estas circunstancias no existen las garantías suficientes para que cumplan con los requisitos democráticos más básicos-; iniciar un proceso serio de modificación de la Constitución de Ucrania para dotar de mayor autonomía a las provincias con fuertes minorías de lengua u origen ruso; garantizar major los derechos de otras minorías existentes; y dotar de un estatus internacional de neutralidad al territorio de Ucrania con el fin de evitar que se convierta en la frontera del Este de la OTAN, son reclamaciones razonables que deben integrarse en una mesa de negociación multilateral para encontrar una salida pacífica y a largo plazo de la controversia.

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¿Quién es... Víctor M. Sánchez?
Víctor M. Sánchez
Doctor en Derecho. Profesor de Derecho internacional público y Derecho de la Unión Europea en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Director del Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización (UOC). Autor de numerosas publicaciones académicas en materia de Derecho internacional, Derecho de la UE, y Derechos Humanos.
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