Se reaviva la polémica del Cesicat

Un juzgado investiga al 'CNI catalán' por el presunto espionaje a un sindicato de Mossos

El caso se ha judicializado tras una denuncia del Sindicat de Policies de Catalunya -muy crítico con el actual Gobierno autonómico- al detectar que su web estaba siendo saboteada. Un peritaje sitúa el origen de los ataques en una empresa radicada en un país escandinavo, a la que se vincula una tarjeta cuyo titular es la Generalidad. Los consejeros Puig y Gordó están en el punto de mira.

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El consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó, y el de Empresa y Empleo, Felip Puig
Redacción
Lunes, 2.06.2014 07:05

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona está investigando al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), dependiente de la Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad y también conocido como el 'CNI catalán', por un supuesto caso de espionaje a agentes de los Mossos d'Esquadra.

Según avanza este lunes El Mundo, el sumario se ha abierto tras una denuncia presentada por el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al detectar que su web corporativa estaba siendo saboteada y alguien ajeno a la organización estaba accediendo a una zona restringida.

Después de un peritaje, se averiguó que los ataques procedían de una empresa radicada en un país escandinavo, a la que se vinculó una tarjeta cuyo titular es la Generalidad de Cataluña, lo que se ha considerado un indicio suficiente como para abrir diligencias. El SPC es uno de los sindicatos de policía más críticos con la Generalidad: ha denunciado la falta de medios que padecen los agentes y ha rechazado posicionarse a favor del proyecto independentista, defendiendo la neutralidad del cuerpo de policía autonómico.

Debido a que los presuntos espiados son los Mossos d'Esquadra, la instructora del caso ha decidido encargar las pesquisas al Cuerpo Nacional de Policía para reducir el riesgo de posibles "contaminaciones".

Guerra de espías entre Puig y Gordó

El Cesicat ha estado en el punto de mira de los medios y de los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico desde octubre pasado, cuando surgieron las primeras sospechas de que podría tratarse del embrión de una agencia de inteligencia de cara a una hipotética Cataluña independiente (el presupuesto para este 2014 se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los cinco millones de euros) y de que podría estar llevando a cabo prácticas irregulares. Sin embargo, hasta ahora no se habían judicializado esas sospechas.

El caso salpica de lleno al consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, de quien depende el Cesicat (el organismo se enmarca en el ámbito de las telecomunicaciones), quien en su momento admitió que desde allí se elaboraban todo tipo de informes, pero que en ningún caso se trataba de espionajes.

Algunos medios, en cambio, aseguraron que Puig había utilizado el Cesicat para espiar a su compañero de partido -CDC- y consejero de Justicia, Germà Gordó. Pero este también podría haber hecho lo propio respecto a Puig mediante la polémica agencia de detectives Método 3, a través del ex director de Servicios Penitenciarios de la Generalidad y ex director de Seguridad del F.C. Barcelona, el polémico Xavier Martorell.

En el trasfondo de esta guerra de espías se perfilan intereses empresariales de ambos políticos o de sus familiares, con ramificaciones que alcanzan presuntos casos de corrupción. En febrero pasado, los votos de CiU y de ERC impidieron que el Parlamento autonómico crease una comisión de investigación para aclarar las actividades del Cesicat.

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