Libertad de expresión

Absueltos los acusados por el asedio al Parlamento autonómico de junio de 2011

Se enfrentaban a una petición de cinco años y medio de cárcel, por los delitos de atentado contra la autoridad y contra las instituciones del Estado. La sentencia recuerda que el derecho de reunión y la libertad de expresión han de tener una "especial protección".

2 min
Redacción
Lunes, 7.07.2014 15:08

El asedio al Parlamento autonómico de junio de 2011 se ha saldado sin ningún castigo. La Audiencia Nacional ha decidido este lunes absolver a los 19 acusados, que se enfrentaban a una petición de cinco años y medio de cárcel por parte del fiscal, por los delitos atentado contra la autoridad y contra las instituciones del Estado. La única sanción impuesta a los imputados es una pena de cuatro días de localización a uno de ellos, por una falta de daños, por pintar la chaqueta de la entonces diputada autonómica del PSC Montserrat Tura.

Según la sentencia,los manifestantes "ejercieron el derecho fundamental de manifestación" para "reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios", así como para "expresar el divorcio entre representantes y representados". Y recuerda que la libertad de expresión y el derecho de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan de un amplio espacio exento de coacción".

La sentencia la ha adoptado la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero con el voto particular de su presidente, Fernando Grande-Marlaska. Este era partidario de condenar a 10 de los activistas por un delito contra las instituciones del Estado, así como de elevar a delito de daños la falta de daños que se ha sentenciado.

Pedían cinco años y medio

La fiscalía pedía para los acusados cinco años y medio de prisión, por un delito de atentado contra la autoridad y otro contra las Instituciones del Estado, así como una multa de 7.500 euros para cada uno de ellos.

La acusación particular, que ejercía el sindicato ultraderechista Manos Limpias, pidió ocho años y medio para los 19 acusados. Más suaves eran las acusaciones de la Generalidad y del Parlamento autonómico, que pedían tres años de cárcel para algunos de los 19 imputados.

Los hechos se produjeron el 15 de junio de 2011, cuando miles manifestantes rodearon el Parlamento autonómico, que ese día debía debatir los presupuestos de la Generalidad de 2012, con el ánimo de impedir o dificultar el acceso de los diputados, y en protesta por los recortes presupuestarios.

Al pleno de ese día solo pudieron asistir 70 de los 135 diputados, y algunos de ellos -como el presidente de la Generalidad, Artur Mas, o el entonces líder de la oposición, el socialista Joaquim Nadal- tuvieron que acceder en helicóptero al edificio del Parlamento autonómico.

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