Piden que se le retire a Pujol la pensión, la oficina, el personal asignado y el trato protocolario de "Muy Honorable Señor"

PP, ICV y UPyD exigen abrir una investigación sobre el fraude fiscal continuado de Pujol y que se le retiren las prebendas que recibe como ex presidente de la Generalidad. Entre ellas, una pensión vitalicia de más de 80.000 euros anuales, una oficina en el centro de Barcelona, tres secretarios, un coche, un chófer, personal de seguridad y el tratamiento protocolario de "Muy Honorable Señor".

6 min
El ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol
Redacción
Domingo, 27.07.2014 20:11

La confesión del ex presidente de la Generalidad y presidente fundador de CiU y CDC, Jordi Pujol, reconociendo que él y su familia ocultaron una fortuna a Hacienda en un paraíso fiscal durante más de tres décadas, ha generado un terremoto político en Cataluña de consecuencias imprevisibles, aunque algunas de ellas empiezan a materializarse.

Los partidos políticos de la oposición empiezan a pedir responsabilidades al 'padre' del nacionalismo catalán contemporáneo, más allá de unas confusas explicaciones y unas tímidas disculpas a través de un comunicado de dos páginas.

De entrada, ya surgen voces que exigen que a Pujol se le retire el trato protocolario de "Muy Honorable Señor" que le corresponde como ex presidente autonómico, así como las prebendas económicas a cargo del erario público asociadas a esa condición -pensión vitalicia, oficina, secretarios, coche oficial, chófer y seguridad-. También reclaman que se inicie una investigación en profundidad para saber si él o su familia se han aprovechado de su cargo para enriquecerse ilícitamente.

Una comisión de investigación en el Parlamento autonómico

En este sentido, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha pedido que se ponga en marcha una comisión de investigación en el Parlamento autonómico donde "se den todas las explicaciones" en relación a este caso y en la que "Pujol sea el primero que comparezca".

Para Sánchez-Camacho, "las consecuencias" de este escándalo "no se liquidan con un simple comunicado un viernes por la tarde" puesto que se trata de hechos "demasiado graves". "Durante 34 años hemos sido víctimas de una gran mentira y de un engaño histórico, y los catalanes nos merecemos saber todo lo que ha ocurrido. No se puede decir desde CiU que el fraude fiscal es una cuestión que compete al ámbito privado y familiar", ha lamentado.

No es "digno merecedor" de los beneficios de un ex presidente autonómico

Por su parte, UPyD Cataluña ha exigido a Pujol que "renuncie a cualquier sueldo o beneficio público", esto es, a la pensión, a la oficina y al personal que la Generalidad otorga a sus ex presidentes.

"Consideramos que tanto la asignación vitalicia, como la prerrogativa de la oficina de ex presidente pueden ser, en general, unos gastos necesarios para dignificar la figura de un honorable servidor público, pero dados los hechos reconocidos por el propio Jordi Pujol, no nos queda más que dejar de considerar en este caso particular ser digno merecedor de tales beneficios", ha denunciado la responsable de Acción Institucional del Consejo Territorial de UPyD de Cataluña, Montse Tonda.

A esta petición también se han sumado desde ICV, añadiendo la petición de que se le retire el trato protocolario de "Muy Honorable Señor". Según el secretario general de ICV, Josep Vendrell, estos derechos son una muestra de respeto institucional, y la confesión de Pujol "demuestra que no es merecedor" de ellos y vulnera la dignidad de la Presidencia de la Generalidad.

Una pensión vitalicia de más de 82.100 euros anuales

El Parlamento autonómico aprobó en 2003, pocos meses antes de que Pujol dejase el cargo de presidente autonómico que ocupaba desde 1980, la Ley del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.

En ella se establece que los ex presidentes de la Generalidad recibirán "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalidad".

Además, "cuando llegan a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalidad", una pensión que no se puede acumular a la asignación anterior. En el caso de Pujol, esta asignación asciende a 82.100 euros anuales (es decir, el 60% de los 136.834,78 euros que cobra Artur Mas).

Su esposa y sus hijos menores de edad -estos solo hasta alcanzar la mayoría de edad- tendrían derecho a recibir "una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión" anterior en caso de que este falleciera.

Una oficina en el Paseo de Gracia, tres empleados, coche, chófer y seguridad

La ley también prevé que se le asignen "medios personales y materiales" -consistentes en una oficina con una dotación presupuestaria "para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan"- y "servicios de seguridad".

El Decreto 195/2003 concreta que a cada ex presidente de la Generalidad se le asignen "tres puestos de trabajo" además de "un automóvil de representación con chófer" y "los servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones".

En el caso de Pujol, cuenta con Sònia Potau Vallverdú como jefa de su oficina de ex presidente autonómico y con dos secretarios: Carlota Bofill Malagarriga y Raúl López Pérez. La oficina está situada en el Paseo de Gracia número 39, en pleno centro de Barcelona, y, según diversas fuentes, el alquiler del año pasado ascendió a 175.668 euros, más 15.451 euros de gastos de comunidad. Se estima que el coste de la oficina y del personal del ex presidente autonómico podría ascender a cerca de medio millón de euros anuales.

"Muy Honorable Señor"

El decreto establece que "los ex presidentes de la Generalidad de Cataluña gozarán del tratamiento de 'Muy Honorable Señor' y ocuparán el puesto protocolario que oficialmente les corresponda de acuerdo con el Decreto 189/1981, de 2 de julio, por el que se establecen las normas de protocolo y ceremonial en el ámbito de la Generalidad de Cataluña".

La ley jusfica todas estas prebendas para que los ex presidentes autonómicos "puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, y con el fin de establecer también, en el caso de que se produzca su traspaso, unas medidas de protección de los familiares más próximos".

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