Paralizar "los efectos que pudieran quebrantar la legalidad constitucional"

El Gobierno recurrirá la ley de consultas catalana para impedir que se convoque el referéndum proyectado para el 9N

La decisión de Rajoy afecta directamente al planteamiento que viene haciendo Artur Mas sobre la legalidad de la consulta, porque si la ley catalana no entra en vigor hasta que el TC resuelva sobre su constitucionalidad, el Gobierno autonómico no tendrá ni siquiera ese instrumento legal para llamar a los ciudadanos a las urnas.

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Los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Generalidad, Artur Mas, a la puerta de La Moncloa
Rosa Paz
Jueves, 14.08.2014 10:20

Mariano Rajoy no tiene intención de esperar a que Artur Mas convoque la consulta independentista para el 9 de noviembre para recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC) e impedir su celebración. La estrategia del Gobierno pasa ahora por impugnar directamente la ley que se aprobará en el Parlamento autonómico en septiembre con la intención de que el alto tribunal paralice su aplicación y la Generalidad no tenga la posibilidad siquiera de hacer la convocatoria.

La decisión de Rajoy afecta directamente al planteamiento que viene haciendo Artur Mas sobre la legalidad de la consulta, porque si la ley catalana no entra en vigor hasta que el TC resuelva sobre su constitucionalidad, el Gobierno autonómico no tendrá ni siquiera ese instrumento legal para llamar a los ciudadanos a las urnas.

Encallar la consulta

El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, confirmó la pasada semana que "si el Parlamento [autonómico] catalán hace una ley inconstitucional, el Gobierno la recurrirá y se paralizarán los efectos que pudieran quebrantar la legalidad constitucional".

De hecho, en el Ejecutivo señalan que recurrir la ley e impedir la convocatoria será menos traumático y generará menos irritación en los sectores independentistas que prohibir la consulta cuando ya haya sido convocada. Rajoy pretendería de ese modo que el proceso quede encallado antes de que se agote el calendario previsto por Mas y sus aliados de ERC.

Como el presidente de la Generalidad insinuó en Madrid, tras su entrevista con Rajoy, que la consulta sería legal en base a la ley que se aprobará el próximo mes en el Parlamento autonómico, su argumento quedaría arrumbado si el TC impide la aplicación inmediata de la norma catalana.

CiU y el 'caso Pujol'

Quizás sea esa la razón por la que ya hay voces en CiU, especialmente en Unió, que empiezan a hablar de la posibilidad de aplazar el referéndum. Porque desde el inicio del proceso dirigentes de CiU aseguraban que la consulta sería legal y pactada -y algunos incluso creían posible que el Gobierno de Rajoy la autorizara- y a menos de tres meses de la fecha prevista para su celebración no se da ninguna de esas dos circunstancias, ni hay pacto ni habrá cobertura legal.

En el PP, no obstante, se extiende el convencimiento de que el 'caso Pujol' va a acabar por desactivar en buena medida el proceso independentista, dada la conmoción que ha causado en la sociedad catalana en general y en el electorado de Convergència en particular. Especialmente -dicen- en las clases medias y medias altas, esa "gente de orden" que se ha sumado a la opción independentista y ahora, noqueada por la confesión del expresident, estaría replanteándose su posición.

A ese hecho atribuyen algunas de las declaraciones recientes de dirigentes de CiU y también la baja inscripción para participar en la manifestación de la Diada del tricentenario. No obstante, algunos dirigentes populares creen que hay que esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Si Jordi Pujol comparece o no en el Parlamento autonómico, si aparecen nuevos informes sobre las finanzas de su familia, si el juez Ruz toma medidas judiciales contra Jordi Pujol Ferrusola, si existen ramificaciones que afecten a CDC y cómo reaccionan los votantes de CiU ante esos hechos, si se alejan del independentismo o si se echan en brazos de ERC.

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