"régimen heredado de la transición"

Organizaciones vecinales actuarán como acusación popular contra Pujol

"Queremos hacerlo entidades que indudablemente defendemos el derecho a decidir", señalan en su comunicado, donde reiteran que la idea es "marcar territorio, porque no puede ser que este caso esté parasitado por una organización de ultraderecha", en alusión al sindicato Manos Limpias.

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El ex presidente de la Generalidad y presidente fundador de CiU, Jordi Pujol Soley
Redacción
Jueves, 28.08.2014 13:04

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) y la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CAVC) han anunciado este jueves su "disposición" a ejercer como acusación popular en la causa abierta contra el ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol por su fraude fiscal cometido durante 34 años.

El objetivo manifiesto de este colectivo de entidades, al que también se han sumado el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el Consejo de Juventud, y sindicatos como UGT, CCOO y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), es reclamar la potestad de la sociedad civil de "exigir responsabilidades" al ex presidente autonómico.

Consideran asimismo que el 'caso Pujol' pone al descubierto unas relaciones institucionales atravesadas por "cloacas", en las que "unos se corrompen y otros chantajean" y descartan por ello que la actitud delictiva del ex líder de CiU deba inscribirse en la esfera de lo personal y privado, como pretende el actual Gobierno autonómico.

"Régimen heredado de la Transición" 

"La caída de Pujol es la de un actor fundamental del régimen heredado de la Transición. Y, súbitamente, el escándalo proyecta una luz cruda sobre los entresijos de las últimas décadas de nuestra historia", reza un comunicado recogido este jueves por Público.

Argumentan en este sentido que los recientes "editoriales de la prensa conservadora madrileña amenazaban a Artur Mas con airear irregularidades y corruptelas" si no se avenía a "reconducir el proceso independentista", y advierten de que tal cosa presupone que dichas corruptelas eran "conocidas de la administración estatal".

"Más allá de lo que haya de cierto o no, estas insinuaciones ponen de relieve una gobernanza mafiosa, en el que la corrupción de los unos - sabida y tolerada - facilita el chantaje y la extorsión por parte de los otros [...] y todo contra las aspiraciones, la dignidad y los derechos del pueblo", abunda el comunicado.

"Sociedad civil" vs. "sindicato ultraderechista Manos Limpias"

En cualquier caso, las organizaciones de la sociedad civil que se personarán como acusación popular califican de "vergonzoso" y "absolutamente intolerable" que alguien "que se presentaba como una especie de 'padre de la patria' y que -todo el mundo recuerda el caso de Banca Catalana- se ha envuelto con la bandera cuando se cuestionaba su honradez reconozca ahora que ha defraudado sistemáticamente ante la hacienda pública".

El colectivo considera ingenuo esperar la buena voluntad de Pujol para esclarecer su caso. Está preocupado, insisten, "sobre todo en esconder los movimientos de sus cuentas bancarias en Andorra".

Del mismo modo, desconfían del Gobierno, a quien acusan de estar "atrincherado tras la ley que promulgó para amnistiar a los grandes defraudadores", por lo que reiteran que su principal propósito al sumarse como acusación popular es "recuperar el protagonismo de la sociedad civil [...] en lugar de que sea el sindicato ultraderechista Manos Limpias el que lidere la exigencia de responsabilidades a Pujol en los juzgados".

"Indudablemente defendemos el derecho a decidir"

El colectivo también se distingue por abrazar el proyecto secesionista catalán, a la sazón sucesor del pujolismo, pero que las entidades denunciantes inscriben en el marco de un "avance democrático" con respecto al "régimen heredado de la Transición".

Justifican esta singular toma de postura alegando que "lo ofensivo es que alguien que ha representado a los catalanes estuviera pillado de esta forma" por dicho "régimen heredado" y esperan "una reacción de la sociedad civil catalana que se siente agredida".

"Queremos hacerlo entidades que indudablemente defendemos el derecho a decidir", insisten en su comunicado, donde reiteran que la idea es "marcar territorio, porque no puede ser que este caso esté parasitado por una organización de ultraderecha". 

Por lo pronto, este colectivo ha decidido no presentar su querella hasta septiembre, cuando se abre el último tramo del proyecto secesionista que pretende culminuar con un referéndum independentista el próximo 9 de noviembre.

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