Lo niega todo ante el juez

Pujol Jr, libre sin medidas cautelares

Jordi Pujol Ferrusola declara en la Audiencia Nacional durante cinco horas, imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal, en relación a presuntos pagos de empresas adjudicatarias de contratos de la Generalidad. Niega las acusaciones y queda libre sin medida cautelar alguna.

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Jordi Pujol Ferrusola (a la derecha) junto a sus padres y uno de sus socios, en un hotel de Acapulco (México)
Redacción
Lunes, 15.09.2014 16:51

El hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ya ha declarado ante la Audiencia Nacional, que lo ha interrogado durante cinco horas este lunes, como imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Pujol Ferrusola ha abandonado la Audiencia Nacional sin ninguna medida cautelar.

En su declaración, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a Pujol Ferrusola, entre otras cosas, si cobró "comisiones ilegales" a cambio de su presunta intermediación en la adjudicación de contratos públicos de la Generalidad, una intermediación que se habría camuflado como supuestos trabajos de asesoría, según informa Europa Press. Según fuentes jurídicas, Pujol Ferrusola ha negado haber cobrado comisión ilegal alguna, y ha mantenido que los pagos se debieron a trabajos efectivamente realizados.

El fiscal no pide las medidas cautelares

El Alto Tribunal no ha impuesto fianza ni ninguna otra medida cautelar al hijo mayor de Jordi Pujol. De hecho, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado han solicitado medidas cautelares.

En la declaración han estado presentes, además del juez Ruz, la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez; el abogado defensor, Cristóbal Martell; el letrado de la esposa de Pujol Ferrusola, Mercè Gironés -también imputada-, Alberto Carrillo; y un representante de la Abogacía del Estado.

La Audiencia Nacional investiga los posibles delitos de Pujol Ferrusola y su esposa, en relación a presuntos pagos de al menos ocho millones de euros que la pareja habría recibido de empresas que se beneficiaron de contratos públicos de la Generalidad.

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