Por falta de consenso

Rajoy retira la ley del aborto de Gallardón

El Gobierno da marcha atrás y retira una polémica reforma, que no satisfacía ni siquiera a los votantes del PP. La ley de 2010 seguirá vigente, pero se exigirá a las menores permiso de sus padres para abortar. Gallardón queda políticamente muy tocado.

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El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2013.
Carles Bellsolà
Martes, 23.09.2014 16:19

La polémica reforma de la ley del aborto que había emprendido el Gobierno, de la mano del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quedará finalmente en nada. Así lo ha confirmado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha anunciado que el Ejecutivo retirará el proyecto, por no haber logrado el suficiente consenso entre la ciudadanía. En su lugar, introducirá solo una modificación relativamente menor en la ley vigente -aprobada hace solo cuatro años por el gobierno Zapatero-, para que las menores de edad necesiten el consentimiento familiar para abortar.

"Creo que he tomado una decisión que es la más sensata", ha declarado  Rajoy este martes, en declaraciones a la prensa en el Foro Mundial de la Comunicación, en Madrid. "Vamos a seguir trabajando por la cohesión, lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno la cambie al medio minuto", ha razonado.

"Estamos ante un tema que afecta a convicciones profundas de todos los ciudadanos", ha continuado. "Es un tema que hay que tomárselo, y yo desde luego me lo tomo, muy en serio", ha explicado Rajoy, para justificar el freno a una ley que "genera división en mucha gente".

Las menores, con permiso familiar

Con esta decisión, la ley del aborto de 2010 -una de las grandes reformas legislativas del ex presidente Zapatero, junto con la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo- seguirá vigente. Pero no sin retoques. Rajoy ya ha avanzado que se modificará un punto muy concreto, que había despertado una fuerte oposición en algunos sectores de la sociedad: el hecho de que las menores de edad, a partir de los 16 años, puedan abortar sin permiso familiar, solo informando a uno de sus progenitores o tutores. "Se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres", ha explicado.

La finiquitada ley del aborto que elaboraba Gallardón había encontrado una fuerte oposición entre amplias capas de la opinión pública, mientras que solo era aplaudida sin reservas por parte de la jerarquía eclesiástica y de los sectores más conservadores de la población.

De hecho, según una encuesta de este mismo año, solo un 16,6% de los ciudadanos apoyaban la reforma de Gallardón, mientras que un 73,5% preferían mantener la ley de Zapatero. Un rechazo que compartían incluso los votantes del PP, entre los cuales un 52,9% prefería no cambiar la ley, por un 31,6% que aprobaba el proyecto de Gallardón.

Ley más restrictiva que la de 1985

En esencia, el proyecto de Gallardón suponía abandonar el criterio de plazos de la ley de Zapatero, que permitía el aborto libre, sin ninguna condición previa, en las 14 primeras semanas de gestación, para volver a una ley de supuestos, como la de 1985.

En realidad, el proyecto de Gallardón era más restrictivo que la ley de 1985. Mientras esta permitía el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud -física o psíquica- de la madre o malformación del feto, el anteproyecto aprobado en diciembre pasado excluía este último supuesto.

La retirada del anteproyecto deja seriamente tocado a Gallardón, uno de los ministros más polémicos del Ejecutivo en lo que llevamos de legislatura, que se ha granjeado la enemistad de parte de la opinión pública -especialmente de la izquierda- en sus dos máximos proyectos de reforma: la ya retirada ley del aborto, y la reforma de la justicia, con sus muy criticadas nuevas tasas judiciales.

 Hace justamente una semana, Gallardón anunciaba que su departamento "posponía" el proyecto de ley del aborto, argumentando que debía "centrar todos los esfuerzos" en responder al "desafío soberanista", ya que preveía presentar uno o varios recursos ante el Tribunal Constitucional.

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