Según 'El Confidencial'

Un informe de inteligencia acusa a Mas de supervisar las presuntas comisiones irregulares cobradas por CDC

El informe, de doce páginas, asegura que CDC ha recibido entre 2011 y 2012 comisiones de entre el 4% y el 6% por adjudicaciones, y que el propio presidente autonómico "supervisaba" el cobro. Desde la Generalidad niegan cualquier verosimilitud al informe.

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El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el ex presidente de la Generalidad y fundador de CDC y CiU, Jordi Pujol
Redacción
Lunes, 8.09.2014 14:33

Según afirma este lunes El Confidencial, el Gobierno tiene en sus manos un informe que acusa directamente al presidente de la Generalidad, Artur Mas, de "supervisar" el cobro de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública, cuando este ya era presidente autonómico. Unas comisiones que, según este informe, serían aun mayores que el famoso 3% que citó el expresidente autonómico Pasqual Maragall en la época de Jordi Pujol al frente de la Generalidad, y que oscilarían entre el 4% y el 6%.

Según esta información, un "informe de inteligencia" de doce páginas -sin especificar más-, con fecha del 12 de octubre de 2012 y enviado al Gobierno, afirma que desde 2011 "dirigentes y ex dirigentes de CiU pedían una mordida" a los adjudicatarios de obra pública "para ir preparando la supuesta estructura del nuevo estado europeo que sería hipotéticamente Cataluña". Un cobro de comisiones que habría estado supervisado por el propio Mas.

Joan Lluís Quer, hombre clave

Así, según publica El Confidencial, el informe acusa a Mas de "controlar las comisiones que las empresas pagan a su partido a cambio de adjudicaciones de obra pública". Estas comisiones se habrían vehiculado "a través de cuatro empresas públicas: Gisa, Regsa, Regsega e Ifercat", y, según el texto, "al frente de todo ello, Mas ha puesto a un hombre de su total confianza, Joan Lluís Quer", implicado en un caso de presuntas adjudicaciones irregulares y en un conflicto de intereses.

Sgún esta misma información, desde el Gobierno autonómico se ha negado cualquier verosimilitud al informe. "Si eso fuera cierto, el Gobierno central ya habría actuado. Es más, debería haber presentado una querella y presentado las pruebas. Lo que pasa es que es muy fácil decir cosas, porque eso no es perseguible", dice a El Confidencial una fuente del Ejecutivo autonómico.

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