Revista de prensa

El escultor de Pujol denuncia: Quisieron decapitarlo

La Razón entrevista al artista, que desvela que dos "censores" vigilarán el perímetro de la estatua. Más problemas para los Pujol de carne y hueso. El País advierte de la inquietud de los inversores con Cataluña.

10 min
Pablo Planas
Lunes, 6.10.2014 11:13

La estatua de Pujol en Premiá de Dalt se había convertido en un aliviadero aviar, instalación única en su género en España. De esta manera, gaviotas, buitres, palomas, cotorras argentinas y otras especies depositaban sus excrecencias en vuelo rasante sobre el mojón que representa al patriarca de CiU, obra del artista Xavier Martos. Hace una semana, la imagen del no del todo honorable apareció en tierra. Las investigaciones han concluido que la acción se debe imputar a fuerzas españolistas descontroladas. Se ha descartado que el derribo fuera obra de partidarios del buen gusto.

En La Razón, el periodista Rubén Cruz se ha puesto en contacto con Martos y ha obtenido unas interesantísimas declaraciones. Escribe Cruz: "El escultor, que no quiere decir cuánto dinero le pagó el ayuntamiento por la estatua -cuya inauguración tuvo lugar en marzo de 2011- ya ha reparado los 'pocos' daños que presentaba. 'Le intentaron cortar la cabeza con una sierra y le rompieron un dedo', indica". Horreur. Una estatua decapitada es como una cabeza de caballo sobre la almohada, de escalofrío.

Cruz apunta que le van a colocar unos "censores" a la estatua para que salten cuando alguien rebase determinado perímetro en torno a la escultura. Se trata, sin duda, de una errata. Serán unos sensores como los que tienen el David de Miguel Ángel o la Venus de Milo, objeto en el pasado de "amputaciones". Resulta sorprendente el número de estatuas que presentan desperfectos varios no atribuibles a la intemperie.

Del texto se deduce que una vez repuesta en su pedestal, reforzados los anclajes, instalada la sofisticada alarma, la estatua de Pujol será invulnerable, inviolable, objeto de una protección propia de una monumento nacional. Puede incluso que lo de los censores no sea una errata y el ayuntamiento esté dipuesto a poner vigilancia humana permanente en el lugar donde se alza el artefacto, que es como un Lladró pero hecho en Corea del Norte. Dos censores o cuatro mossos d'esquadra vestidos de gala y con el trabuco reglamentario. Podrían interpretar un cambio de guardia al paso de la oca que se convertiría sin duda en un grandioso atractivo turístico. La estatua del líder supremo y los agentes con chistera...

Mientras Pujol se convierte en un mito de piedra indestructible en un depósito municipal del pueblo de su madre, continúan las peripecias de los Pujol de carne y hueso. En El Mundo son Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta quienes aportan novedades en torno al menor de la saga, Oleguer Pujol Ferrusola, y escriben: "Hacienda fue advertida en 2007 y 2008 de que Oleguer Pujol defraudaba impuestos con sus operaciones inmobiliarias y podía estar blanqueando con ellas fondos de origen ilícito. La alerta fue activada por el Banco de España, que a través del Sepblac (Prevención de Blanqueo de Capitales) tildó los movimientos de "sospechosos". Pese a los avisos, la Agencia Tributaria no sólo no hizo nada, sino que dio vía libre y no fiscalizó la inversión de 2.600 millones de euros que el hijo pequeño del ex presidente autonómico efectuó en la compra de 1.152 oficinas y la ciudad financiera del Santander, 105 sucursales de Bankia y las tres sedes históricas de Prisa. Estos fondos llegaron desde cuatro paraísos fiscales: Jersey, Guernsey, Antillas Holandesas y Luxemburgo. Concretamente, el Banco de España advirtió de los movimientos que llevó a cabo el conglomerado empresarial de Oleguer para la construcción del mayor centro comercial de Melilla, donde detectaron compraventas de participaciones con un desfase de hasta "1.400 veces" su valor en apenas 15 días con sociedades radicadas en paraísos fiscales con el único objetivo de "evitar el pago de impuestos"".

El asunto está en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Otro magistrado, Pablo Ruz es

Quien instruye el expediente relativo al hijo mayor de Pujol. En el Abc, la novedad al respecto viene servida por Javier Chicote: "Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironés, han puesto en venta su mansión. Se trata de una casa de cuatro plantas que suman mil metros cuadrados y que se levantan sobre una parcela de 1.400 metros. La villa está en Pedralbes, en la mejor zona de Barcelona, dentro del cotizado distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Según ha podido saber ABC, la expareja ha confiado la operación inmobiliaria a una agencia especializada en inversores extranjeros de alto poder adquisitivo, principalmente rusos. El precio no está cerrado, es «a negociar», pero expertos consultados valoran el inmueble en unos seis millones de euros. Todo apunta a que el primogénito del expresidente de la Generalitat y su exesposa, ambos imputados por blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública, quieren deshacerse de la villa barcelonesa porque ésta ya no goza del anonimato que tenía. (...) Finalmente decidieron alquilar la villa de Pedralbes, pero cuando ABC reveló su existencia, la zona se llenó de fotógrafos y cámaras de televisión. Desde entonces es pública y notoria la identidad del polémico dueño de la casa, lo que no ayuda a la hora de alquilarla. Los inquilinos capaces de pagar los más de 10.000 euros mensuales que cuesta el alquiler suelen ser personas poco dadas al escándalo. Según fuentes del entorno de Pujol Ferrusola, éste tuvo como inquilinos a la familia del entonces primer ministro de Angola: «Le pagaron casi 100.000 euros y no estuvieron ni un año». Se referían a ellos como «los negros»".

El vodevil de los Pujol es un entremés al lado de la que se avecina, según El País, que advierte en portada de las consecuencias previas a la independecia con el titular: "Los inversores extranjeros se blindan ante la deriva catalana". La historia es de Alicia González: "A mediados de julio, un importante directivo de un gran fondo de inversión estadounidense empezó a hacer una ronda de llamadas a sus contactos en España. Quería conocer de primera mano, y de distintas fuentes, qué deriva podía tomar la creciente tensión política en Cataluña y cuál era el riesgo real de que se celebrara un referéndum de independencia. Desde entonces, ese tipo de llamadas se ha disparado y los inversores internacionales han empezado a tomar medidas.

Es el caso de los grandes fondos inmobiliarios internacionales, que están aprovechando la bajada generalizada de precios en España para intentar hacerse con importantes activos a un considerable descuento. “En los contratos que se están firmando en Cataluña se están incluyendo cláusulas para protegerse en caso de independencia”, asegura desde Nueva York un gestor de fondos. “Es el mismo concepto que se utilizó en Grecia, cuando existía el riesgo de que el país saliera del euro”, remata. Como consecuencia de la crisis económica y financiera, la banca española acumula una enorme cartera de inmuebles de los que se está deshaciendo gracias a los enormes descuentos aplicados. En el último año y medio los fondos extranjeros han realizado operaciones inmobiliarias por miles de millones de euros en España, algunas destacadas en Barcelona como la venta del Hotel W, y no quieren correr el riesgo de verse atrapados con un activo poco líquido en una región que puede, potencialmente, salir de la unión monetaria e, incluso, de la Unión Europea".

Pero nada arredra a Mas, que va como una moto tras el bochornoso espectáculo del sábado intramuros del Palau, con los alcaldes sometidos en vasallaje gritando independencia. La unidad independentista es pura ficción. Unió hace campaña por el "sí, no" y se registra ya una deserción en el frente filibustero. La cuenta Pere Ríos en el mismo diario, el de Prisa: "Apenas tres días después de ser nombrada por el presidente de la Generalitat, la comisión del control del 9N, la junta electoral que ha de velar por la consulta soberanista se reunió ayer, pese al anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto firmado por Artur Mas. La reunión se celebró envuelta de secretismo por parte de la Generalitat, que no dio noticia del encuentro, pero que fue desvelado por el diario digital Crític. La comisión de control la componen juristas de reconocido prestigio y entre ellos figuran dos abogados. Uno de ellos, Joaquim Brugué, nombrado a propuesta de ICV, se desmarcó ayer del resto de sus compañeros y no solo no asistió a la reunión, sino que anunció que renunciará al cargo porque considera que “no se dan las garantías democráticas” para celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre".

¿Garantías democráticas? Hoy es seis de octubre y en El Mundo se conmemora el ochenta aniversario del Estado Catalán de las doce horas (en La Vanguardia dicen que nueve) con una entrevista de Esther Esteban al ministro de Interior, Jorge Fenández Díaz. Entradilla: "La entrevista, prevista inicialmente en su despacho del Ministerio a mitad de la semana pasada, se realiza ayer mismo y por teléfono, debido a que el ministro está enfermo con un virus estomacal que le ha hecho guardar cama de forma intermitente. Aún así, es él mismo quien llama a la periodista para cumplir su compromiso. Se muestra preocupado por la deriva secesionista y lamenta que algunos no hayan aprendido nada de la Historia. Tiene un discurso firme, consciente de que el Gobierno no puede ceder ante ningún tipo de ilegalidad, pero tranquilo, sin estridencias, porque «son horas de volar alto»". La sustancia tiular es que "Mas y Junqueras nos quieren llevar a otro octubre de 1934". En una de las respuestas muestra la disposición nada cerrada del Gobierno: "El Constitucional se ha pronunciado muy claramente y da la sensación de que Mas está realizando una suerte de ingeniería legislativa absurda para burlar al TC, porque publicar una norma sin fecha de entrada en vigor y diciendo que lo hace «a los efectos que la legalidad determine» es algo insólito en el mundo del Derecho. Pero al final son el TC y el Poder Judicial quienes tienen la última palabra. El respeto a la ley es condición previa necesaria e inexcusable para garantizar una convivencia democrática civilizada y en paz, para que se pueda hablar de lo que se tenga que hablar o de lo que se pueda hablar".

De lo que se pueda hablar. De lo que no se puede hablar, en absoluto, es de los contusionados de la diada castellera de este domingo. Se sabe hasta el número de folres sin pilar que ejecutaron con magistral destreza los verdes de Vilafranca, pero existe una censura absoluta sobre el parte de víctimas de la jornada. Nos llegan informes de una cierta fiabilidad sobre la utilización ilegal de menores en espectáculos públicos que podrían comportar la suspensión cautelar de las torres humanas. Entre susurros se habla de niños vendidos en el Este de Europa que son adiestrados en Cataluña para "enxenetes".

6 de octubre, santoral: Bruno, Emilio, Román, Fe, María Francisca de las Cinco Llagas, Saturnino y Modesta.