Varapalo a la Generalidad

El Tribunal Supremo anula la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat a Acciona

La sentencia recuerda que el Gobierno autonómico cerró la concesióna antes de escuchar el dictamen de su propio organismo de control, que resultó ser desfavorable.

2 min
Instalaciones de la estación de tratamiento de aguas potables de ATLL en Abrera (Barcelona)
Redacción
Jueves, 30.10.2014 17:23

El gran proyecto de privatización -y de entrada de liquidez para unas depauperadas arcas- de la legislatura del presidente autonómico, Artur Mas, la privatización durante cincuenta años del servicio de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), ha resultado ser un fiasco en toda regla. Después de casi dos años de batalla legal, el Tribunal Supremo ha decidido este jueves anular la adjudicación original, que fue para la empresa Acciona. Y que, muy probablemente, deberá ser resarcida, con cargo al dinero público.

Según informan diversos medios, el Supremo ha decidido anular la concesión porque esta se formalizó sin esperar a la resolución correspondiente del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, el órgano de control de la propia administración autonómica para concesiones y adjudicaciones, que posteriormente dictaminó que Acciona debería haber sido excluida del concurso.

Tras esta polémica inicial, la gran aspirante derrotada en el concurso, Agbar, inició una serie de acciones legales encaminadas a anular la adjudicación, entendiendo que esta no se ajustaba a derecho. Y los tribunales le han ido dando la razón sistemáticamente, en todas las instancias, hasta llegar al fallo de hoy del Supremo.

Concesión a 50 años

La anulación de la adjudicación de ATLL a Acciona, que se planteó en su día -a finales de 2012- como una poderosa inyección de dinero para la Generalidad, concretamente 1.000 millones de euros por una concesión de 50 años, con la que hacer frente a sus dificultades de financiación, podría acabar en un grave perjuicio económico.

Y es que el contrato de adjudicación con Acciona -que ya está prestando el servicio desde enero de 2013- contempla una indemnización del 10% del precio de la adjudicación -por tanto, 100 millones de euros- si se anulara la concesión.

Expertos consultados por CRÓNICA GLOBAL aseguraron hace un año que, en caso de sentencia judicial que anulara la concesión, la Generalidad no debería hacer frente a esta indemnización. Pero eso lo deberá resolver la propia justicia, y los propios magistrados del Supremo han señalado que, si Acciona gana el recurso contencioso administrativo correspondiente, la administración autonómica debería resarcirla.