La Generalidad vulnera su propia legalidad

Villarejo denuncia que la consulta del 9N es antidemocrática

Para el ex Fiscal, el Gobierno autonómico no respeta en "absoluto" los principios de "neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación" al utilizar recursos públicos para publicitar la consulta y no ofrecer, por ejemplo, espacios gratuitos en los medios públicos a los que se oponen a la misma.

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Carlos Jiménez Villarejo
Redacción
Viernes, 7.11.2014 11:26

El ex Fiscal Anticorrupción y exdiputado europeo por Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, califica de antidemocrática la consulta que se celebrará este domingo en Cataluña, en un artículo publicado hoy en El País.

Según Villarejo, "conforme a la ley que parece aplicable —el Título III de la Ley Autonómica 10/2014, de 26 de septiembre— la consulta del 9-N, si es que puede denominarse así, es simplemente un “proceso de participación ciudadana”, apartado de dicha ley que no fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Es un proceso, que quede claro, en el que no se vota, sino que “se recoge la opinión de los ciudadanos”. Por tanto, está manipulándose la conciencia ciudadana, ya que se reclama su participación para un objetivo, el de votar, que es manifiestamente falso. Además, el Gobierno de la Generalitat está obrando en conciencia de forma desleal con las propias leyes autonómicas. Es decir, las está desobedeciendo y vulnerando".

Para el ex Fiscal, el Gobierno de la Generalidad no respeta en "absoluto" los principios de "neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación" al utilizar recursos públicos para publicitar la consulta y no ofrecer, por ejemplo, espacios gratuitos en los medios públicos a los que se oponen a la misma.

Para Villarejo la cuestión capital es" cómo no se ha formalizado dicha iniciativa en un acto administrativo en los términos exigidos por la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Generalitat" y se pregunta si se levantó acta del acuerdo del Gobierno decidiendo impulsar el proceso y, si es así, "¿por qué, tal como está ordenado, no se ha publicado en el DOGC y se sustituye por una cadena de actos publicitarios? ¿Estamos en un Estado de derecho?".

La consecuencia de todo ello, según el ex Fiscal Anticorrupción, es que se niegan al ciudadano derechos fundamentales, entre otros, ante la ausencia de publicación del acuerdo, el de obtener “una información veraz y de calidad”, así como el de impugnar o recurrir la decisión adoptada para expresar se desacuerdo.

El artículo concluye que "es más que evidente que el 9-N no es un proceso electoral, pues están ausentes todos los requisitos legales del mismo, particularmente el censo y una Administración electoral independiente. Es un modo de saber qué opinan los catalanes sobre la ruptura de Cataluña con España, a través de un procedimiento plagado de ilegalidades y desacreditado por su parcialidad y el descarado dominio sobre el mismo de organizaciones cívicas partidistas que solo hacen que aumentar el descrédito de la convocatoria y la necesidad de denunciar lo que no es más que una expresión de los intereses partidistas de quienes han convocado la jornada. Desde cualquier vertiente que se examine, el 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado Democrático de Derecho".

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