La Fiscalía apela a la 'doctrina Botín' para no juzgar a la Infanta Cristina

La Fiscalía ha reclamado que la Infanta Cristina haga frente a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros al considerar que no existen indicios de haber cometido ningún delito más allá de haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

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La Infanta Cristina
Redacción
Martes, 9.12.2014 12:32

El fiscal Pedro Horrach ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en el cual le pide al juez José Castro que no abra juicio oral contra la Infanta Cristina, amparándose en la denominada 'doctrina Botín’.

La doctrina, establecida por el Tribunal Supremo, evitaría que Cristina de Borbón se sentara en el banquillo de los acusados por delito fiscal si no lo solicitan la Abogacía del Estado o la Agencia Tributaria: “Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, Abogacía del Estado y la representación estatal encarnada por el Ministerio Fiscal, no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado".

Según la Fiscalía Anticorrupción, el sindicato Manos Limpias no tendría legitimación para exigir la presencia de la Infanta en el banquillo de los acusados y, en el escrito presentado, denuncian que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión”.

Finalmente, la Fiscalía ha reclamado que la Infanta Cristina haga frente a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros al considerar que no existen indicios de haber cometido ningún delito más allá de haber obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.

La Fiscalía pide 19 años para Iñaki Urdangarin

En el escrito de Horrach se incluye la petición de 19 años y medio de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y 16 y medio para su ex socio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que consiguieron de forma "directa e inmediata" entrar en los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

En su documento, Horrach detalla de forma pormenorizada los mecanismos con los que el Duque de Palma y su principal socio pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Para sus fines utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

Además de la cantidad de dinero de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros), el fiscal ha reclamado para todos los acusados multas de un total de 8.759.974 euros, de los que 3,5 millones corresponden al Duque de Palma.

Se atribuye a Urdangarin un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Los mismos que a Torres, si bien sobre éste pesa un solo delito fiscal (tres años).

11 años de cárcel para Matas

El ex presidente del Gobierno autonómico Balear, Jaume Matas, se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años).

Una de las peticiones más elevadas de condena de todo el proceso.