En plena intensificación del proyecto secesionista

Mas pide a Rajoy que le ayude a cuadrar los presupuestos de 2015 con 2.183 millones adicionales que no son exigibles

El consejero de Economía y Conocimiento reconoce que las cuentas de la Generalidad para 2015 están sujetas a una "negociación política" con el Gobierno para que este le transfiera 2.183 millones de euros adicionales por conceptos no exigibles. El Ejecutivo autonómico reclama 759 millones de la Disposición Adicional Tercera, que el TC invalidó; pide un anticipo a cuenta de 789 millones del Fondo de Competitividad, pese a que desde 2011 no se realizan adelantos; y exige 635 millones por la eliminación del Impuesto sobre depósitos bancarios, que la Generalidad nunca llegó a aplicar y que está estudiando el TC.

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El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell
Redacción
Martes, 2.12.2014 13:30

La Generalidad exige al Gobierno un total de 2.183 millones de euros de supuestas "deudas históricas" para poder cuadrar los presupuestos del año 2015, cuyo proyecto ha presentado este martes en el Parlamento autonómico el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.

Según las cifras provisionales, a Mas-Colell le faltan 2.500 millones de euros para nivelar las cuentas, y espera que sea el Gobierno el que se lo solucione, a pesar de que el Ejecutivo autonómico presidido por Artur Mas continúa adelante con su plan independentista en confrontación directa con el primero.

La Disposición Adicional Tercera no es exigible

Para ello, la Generalidad apela a tres conceptos difícilmente exigibles. Por una parte, reclama al Gobierno 759 millones de euros de la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto (DA3ª) relativa al año 2008. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya sentenció en su momento que esta norma no es vinculante para el Gobierno.

Además, aunque el Gobierno estuviese obligado por ella -que no lo está-, tampoco se podría incluir como un ingreso extra de la Generalidad. La DA3ª establece el porcentaje de inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña, y no prevé que, en caso de no cumplirse, esta cantidad se compense con un aumento de los ingresos corrientes de la Generalidad.

Adelantos y compensaciones no vinculantes para el Gobierno

En segundo lugar, Mas-Colell exige un adelanto de 789 millones de euros del Fondo de Competitividad. Un adelanto que, en todo caso, es voluntario y que no se ha efectuado desde el año 2011.

Y en tercer lugar, la Generalidad solicita al Gobierno una "compensación" de 635 millones de euros por la eliminación del Impuesto sobre depósitos bancarios correspondiente al año 2013. Esta tasa autonómica -que fue asumida por el Gobierno a finales de 2012- está pendiente de que el Tribunal Constitucional dictamine si es legal o no, por lo que tampoco es exigible ninguna compensación por este motivo.

Ventas de patrimonio y concesiones infladas

Con los tres conceptos anteriores, de más que dudoso cobro, la Generalidad prevé en las cuentas presentadas este lunes ingresar 2.183 millones de euros.

Y a eso añade otros 317 millones de euros por venta de patriminio y concesiones. Cabe tener en cuenta que este año preveía ingresar por este concepto 2.318 millones, pero solo consiguió obtener 311,6 millones, por lo que la previsión para el año próximo también se pone en duda.

"Reivindicaciones políticas" sujetas a "negociación política"

Así las cosas, el propio Mas-Colell ha reconocido que las cuentas no son demasiado sólidas. "Los presupuestos son políticos, pero estos lo son un poco más, precisamente porque el reto que nos planteamos es que, si no queremos bajar el gasto, con los ingresos que se nos asignan nos quedamos 2.500 millones cortos. Son reivindicaciones políticas y tendrán que ser objeto de negociación política, de reclamación política, pero es bueno saber que aquí nos jugamos mucho", ha señalado.

En términos generales, los prespuestos para 2015 prevén unos gastos no financieros de 22.481 millones y unos ingresos de 19.981 millones, lo que refleja el desfase anteriormente indicado de 2.500 millones de euros, que debe ser cubierto de alguna forma para alcanzar el objetivo de déficit del 0,7% del PIB establecido como límite.

Una deuda de 67.192 millones, el 32,7% del PIB

El sector público consolidado de la Generalidad gestionará en 2015 un total de 27.317 millones de euros -sin incluir la participación de los entes locales en los ingresos del Estado-, un 4,2% más que los 26.209 de 2014.

El Ejecutivo autonómico prevé terminar el año 2015 con una deuda acumulada de 67.192 millones de euros, un 32,7 del PIB. El año que viene, la Generalidad pagará 1.713 millones de euros en intereses por la deuda, menos que los 2.077 previstos para 2014. Mientras que deberá hacer frente a 874,2 millones de euros correspondientes a pagos diferidos por inversiones ya realizadas -principalmente en grandes infraestructuras-, algo más de los 787,5 millones que asumió en 2014.

Mas-Colell descata el carácter social de las cuentas y la recuperación de la extra

En su defensa, Mas-Colell ha alegado que este 2015 se recuperará la paga extra de los 220.655 empleados públicos, y se recuperará la jornada completa y la reducción del 15% de la retribución del personal interino. Además, ha subrayado que el 71,2% de los presupuestos se destinará a gasto social, manteniendo el mismo porcentaje que en 2014.

El consejero no ha dudado en acusar al Gobierno de "asfixiar" económicamente a las autonomías, pese a que la Administración General del Estado también pasa por serias dificultades para poder cuadrar sus cuentas. Y ha considerado que las multimillonarias ayudas procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del plan de pago a proveedores -de las que la Generalidad es la principal beneficiaria a nivel nacional- no son suficientes.

En todo caso, el Ejecutivo autonómico no tiene fácil aprobar estas cuentas en el Parlamento autonómico, cuyo debate definitivo está previsto para principios de febrero, y que quizás no llegue a producirse si, finalmente, se adelantan las elecciones.

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