SCC denuncia a la Generalidad por vulneración de derechos fundamentales durante la consulta del 9N

La entidad acusa al Gobierno autonómico de quebrantar el secreto estadísitico al utilizar datos del Idescat para un uso indebido. También denuncian que durante la votación diferida se vulneró el sufragio secreto, al obligar a los participantes a adjuntar el número del DNI al voto en los puntos habilitados durante medio mes después del 9N.

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Rueda de prensa de SCC, con el responsable de la sectorial jurídica de la entidad, Rafael Arenas, en el centro
Redacción
Viernes, 19.12.2014 17:29

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este viernes una denuncia contra la Generalidad por irregularidades en la votación de la consulta independentista del 9N, y ha anunciado que formalizará un recurso -también contra el Gobierno autonómico- por vulneración de derechos fundamentales al usar indebidamente datos del Idescat.

En relación a este segundo punto, Alejandro Rusiñol, miembro de la sectorial jurídica de la entidad, ha señalado que la Generalidad "aprobó una norma para incumplir otra, relacionada con el centro estadístico, y así intentar crear un censo para el 9N".

Rusiñol ha indicado que el Ejeuctivo autonómico vulneró los derechos civiles de los ciudadanos, ya que el Idescat "quebrantó el secreto estadístico al destinar unos datos para un uso que no está en sus atribuciones", cometiendo delitos electorales y vulnerando el artículo 197 del Código Penal. Por todo ello, SCC seguirá adelante con el procedimiento tras ser desestimadas las alegaciones de la Generalidad.

Vulneración del sufragio secreto

En cuanto a la denuncia por las irregularidades en las votaciones, SCC señala que, como pudo comprobar el 14 de noviembre, en el punto de votación habilitado en el Palau Robert de Barcelona -la Generalidad permitió seguir votando durante medio mes después del 9N- se obligaba a los participantes a adjuntar el número del DNI al voto, vulnerando de esta manera el sufragio secreto.

En el texto presentado ante el juzgado, la entidad solicita que se abran diligencias instructoras oportunas para esclarecer los hechos y para que se investigue si hubo varios delitos, penales y civiles, durante el denominado "proceso participativo".

Luis Alamán, miembro de la sectorial jurídica de SCC, ha subrayado que estos posibles delitos no tienen nada que ver con una cuestión política sino con "la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos". Y ha dejado abierta la posibilidad de que otros ciudadanos también denuncien casos similares.

Por otra parte, el vocal de la junta directiva y responsable de la sectorial jurídica de la entidad, Rafael Arenas, ha anunciado que este jueves una representación de SCC se reunió con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para exponerle algunas de las medidas que se están llevando a cabo en relación a estas cuestiones.