Segunda demanda contra la Generalidad por usar datos del Idescat de forma ilegal para publicitar la consulta independentista del 9N

El demandante, un vecino de Cabrils, acusa al Gobierno autonómico de vulnerar derechos fundamentales al utilizar datos personales del Idescat "con fines distintos a los que fueron recabados", sin autorización de los afectados y quebrantando el secreto estadístico. Esta demanda se suma a otra similar presentada por Sociedad Civil Catalana hace unos días.

2 min
Mailing de la Generalidad, animando a participar en el 9N, enviado utilizando los datos del Registro de Población de Cataluña
Redacción
Martes, 30.12.2014 14:12

El uso los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para la consulta independentista del 9N -suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)- puede salirle muy caro a la Generalidad.

Un vecino de Cabrils (Barcelona), Alejandro Rusiñol, ha formalizado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una demanada contra la Generalidad por utilizar "ilegalmente" un censo del Idescat para enviar publicidad de la consulta del 9N sin tener el consentimiento preceptivo.

La Generalidad vulneraró derechos fundamentales

El demandante alega que este hecho vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y la Ley de Estadística de Cataluña, al utilizarse datos personales "con fines distintos para los que fueron recabados" -sin haber sido autorizados por los afectados- y quebrantarse el secreto estadístico.

Cabe recordar que hace unas semanas la Fiscalía se posicionó a favor de la admisión a trámite de esta demanda, y que posteriormente el propio TSJC desestimó el recurso presentado por la Consejería de Gobernación contra esta admisión.

La demanda se suma a otra similar presentada por SCC

Por otra parte, Rusiñol consiguió que en julio pasado un juzgado contencioso administrativo de Barcelona anulase el acuerdo del Ayuntamiento de Cabrils por el que pretendía ceder el padrón municipal a la Generalidad para constituir un censo de cara a la consulta independentista del 9N.

La demanda presentada este martes se suma a otra similar interpuesta hace diez días por Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad con la que colabora Rusiñol. En ese caso, además de acusar a la Generalidad de vulnerar los derechos fundamentales por usar indebidamente los datos del Idescat, SCC también denunció que durante la votación diferida se vulneró el sufragio secreto, al obligar a los participantes a adjuntar el número del DNI al voto en los puntos habilitados durante medio mes después del 9N.