El 'rescate' del Gobierno a Mas ya supera al de Bankia y Catalunya Caixa juntos

Mas solicita 9.460 millones al FLA para este año. En total, la Generalidad habrá recibido 34.197 millones de este fondo desde 2012, sin contar el plan de pago a proveedores (otros 7.200 millones). Estas cantidades ya superan las que el Gobierno tuvo que inyectar en Bankia (22.400 millones) y Catalunya Caixa (12.600 millones) para reflotarlas.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe al presidente de la Generalidad, Artur Mas, en la Moncloa
Redacción
Martes, 20.01.2015 18:18

La Generalidad ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 9.460 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para este año 2015.

Esta cantidad se sumará a los 24.737 millones que el Gobierno ha prestado a la Generalidad a través de este fondo en los tres años anteriores (6.664 millones en 2012; 10.814 millones en 2013; y 7.259 millones en 2014, según datos del Ministerio), alcanzando un total en 34.197 millones de euros. A esto hay que sumar otros 7.200 millones de euros del plan de pago a proveedores que el Gobierno ha concedido en varias etapas a la Generalidad y a las corporaciones locales catalanas.

De esta forma, el 'rescate' financiero del Gobierno a la Generalidad supera incluso la suma de los rescates de Bankia y Catalunya Caixa -los dos más elevados-, que según datos del Ministerio de Economía y Competitividad, ascendieron a un total de 35.000 millones de euros (22.400 para Bankia y 12.600 para Catalunya Caixa).

Un rescate imprescindible para evitar la quiebra

De los 9.460 millones solicitados por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Generalidad al Gobierno, 1.440 millones se destinarán a atender el déficit público previsto y autorizado (0,7% del PIB); 4.059 millones servirán para cubrir vencimientos de valores emitidos y préstamos de banca internacional; 624 millones para devolver préstamos a Hacienda -como las líneas ICO y parte del plan de pago a proveedores-, y 2.322 millones para hacer frente a vencimientos de préstamos con bancos españoles.

Además, 125 millones irán a atender la financiación de liquidaciones negativas; 578 millones para cubrir desviaciones de déficit hasta 2013 que están pendientes; y 308 millones para financiar deudas con entes locales vinculados a convenios de gasto social anteriores a 2015.

La eliminación de los intereses ahorrará a la Generalidad 1.843 millones

La Generalidad estima que la eliminación de los intereses en estos mecanismos de liquidez del Gobierno le supondrá un ahorro de 300 millones de euros en el presupuesto autonómico de 2015, y tendrá un impacto de 525 millones anuales en la reducción del déficit. El Gobierno, sin embargo, apunta que el ahorro para la Generalidad por la eliminación de los intereses es muy superior, alcanzando 1.843 millones de euros, siendo Cataluña la Comunidad más beneficiada por esta decisión.

De todo el dinero prestado por el Gobierno a la Generalidad desde 2012, esta dice haber pagado 1.501 millones en intereses (de los que 946 corresponderían al FLA).

La Generalidad reclama 2.183 millones al Gobierno que no son exigibles

En todo caso, las cuentas con las que trabaja la Generalidad para 2015 todavía presentan importantes escollos que superar para poder cumplir el límite de déficit autorizado. El principal de ellos estriba en que han sobrestimado los ingresos en 2.183 millones de euros apelando a unas supuestas deudas del Gobierno con la Generalidad que, en realidad, no son exigibles.

En concreto, el Ejecutivo autonómico reclama al Gobierno 759 millones de la Disposición Adicional Tercera, que el Tribunal Constitucional invalidó; pide un anticipo a cuenta de 789 millones del Fondo de Competitividad, pese a que desde 2011 no se realizan adelantos; y exige 635 millones por la eliminación del Impuesto sobre depósitos bancarios, que la Generalidad nunca llegó a aplicar y que está estudiando el Constitucional. De hecho, el propio consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, reconoció que los presupuestos están sujetos a una "negociación política" con el Gobierno.

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