La emisión del documental 'Ciutat morta' en el Canal 33 desata la polémica

La cinta denuncia una supuesta trama de corrupción policial que afectaría a la Guardia Urbana de Barcelona, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias que habrían acabado con el suicidio de una condenada por una grave agresión a un agente. ERC, ICV-EUiA y Guanyem exigen la reapertura del caso, pese a que los dos primeros gobernaban en el Ayuntamiento cuando ocurrieron los hechos. CiU y PP apoyan a la Guardia Urbana.

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Cartel del documental 'Ciutat morta' ('Ciudad muerta')
Redacción
Domingo, 18.01.2015 19:31

La emisión este sábado del documental 'Ciutat morta' ('Ciudad muerta') en el Canal 33 de la televisión autonómica ha reavivado la polémica en torno al denominado caso 4f.

La cinta, dirigida por Xapo Ortega y Xavier Artigas, y premiada en varios festivales nacionales e internacionales, denuncia una supuesta trama de corrupción policial que afectaría a la Guardia Urbana de Barcelona.

Agresión a un urbano, suicidio de una condenada y acusaciones de torturas

El caso se inició el 4 de febrero de 2006 cuando, durante el desalojo de una casa okupada por antisistemas en Barcelona, uno de los agentes de la Guardia Urbana recibió un golpe en la cabeza y quedó en estado vegetativo. Cinco jóvenes fueron condenados por estos hechos; entre ellos, Patricia Heras, que acabó suicidándose durante un permiso penitenciario en abril de 2011.

El documental argumenta que durante el proceso policial y judicial se vulneraron todo tipo de derechos de los detenidos, llegándose a torturar a algunos de ellos. También se apunta que Heras ni siquiera estaba en la casa okupada cuando se produjo el desalojo.

Un juez censura una parte, y partidos de izquierdas piden la reapertura del caso

La cinta se emitió en el Canal 33 con cinco minutos menos que en el montaje original debido a que un juez ordenó retirar cautelarmente la parte en la que se hace referencia al ex jefe de Información de la Guardia Urbana, Víctor Gibanel, porque podría violar su derecho al honor. Sin embargo, la parte censurada está disponible en internet.

Tras la emisión de la película, varios cientos de personas se concentraron en la Plaza de San Jaime de Barcelona para exigir la reapertura del caso. Algunos políticos, como Ada Colau (Guanyem Barcelona), Alfred Bosch (ERC) y Ricard Gomà (ICV-EUiA), también han solicitado que se ponga en marcha una investigación a fondo para que se aclare lo ocurrido. Cabe recordar que, cuando sucedieron los hechos, en el Ayuntamiento de Barcelona gobernaba un tripartito formado por el PSC, ICV-EUiA y ERC.

CiU y el PP salen en defensa de la Guardia Urbana

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha tildado el documental de "interesante", pero ha advertido que se ha realizado "desde un único punto de vista" y ha criticado que algunos políticos quieran hacer electoralismo con el caso. También ha defendido la labor de la Guardia Urbana: "Dudar de los cuerpos de seguridad en general sería un gran error. El documental se equivoca al intentar dar la imagen de que todo lo que está ligado al orden es mentira".

Por su parte, el presidente del grupo municipal del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha mostrado su "pleno" apoyo a la Guardia Urbana, ha instado a quien tenga nuevas pruebas que las presente ante el juez, y ha recordado que un agente sufrió "una agresión salvaje que casi le cuesta la vida y que le ha dejado lesiones irreversibles".