Santi Vila lleva dos años haciendo oídos sordos

Agbar solicita al TSJC que ordene a la Generalidad excluir a Acciona de ATLL

La compañía presidida por Ángel Simón pide amparo a los tribunales para que se haga efectiva la resolución del OARCC y las diferentes sentencias de los tribunales. La Generalidad lleva dos años haciendo oídos sordos.

2 min
Desalinizadora de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) en el río Llobregat
Redacción
Viernes, 6.02.2015 17:37

Agbar ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligue a la Generalidad a excluir a Acciona de la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y que se la adjudique a ella.

En el escrito remitido al TSJC, Agbar apela a la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) el 2 de enero de 2013, que anulaba la adjudicación de la gestión de ATLL a Acciona, y a las diferentes sentencias de los tribunales en la misma dirección.

La Generalidad lleva dos años haciendo oídos sordos

Agbar pide al TSJC que inste a la Generalidad para que "proceda, de modo inmediato, a la ejecución" de la resolución del OARCC, "absteniéndose para ello de inventar órganos ni procedimientos nuevos".

De esta forma se refiere a la decisión de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de convocar a una mesa de contratación para resolver el contencioso. El consejero Santi Vila señaló en su momento que la mesa tenía dos ocpiones: convocar un nuevo concurso para adjudicar la gestión de ATLL o bien entregar la gestión a Agbar.

Posible "responsabilidad patrimonial exigible" al Gobierno autonómico

Agbar ya ha advertido en diferentes ocasiones de que la exclusión de Acciona del concurso -por incumplir algunas cláusulas- les convierte a ellos en los legítimos adjudicatarios de la concesión, puesto que solo se postularon las dos compañías, y que no es legal declarar desierto el concurso.

Además, desde la empresa presidida por Ángel Simón han avisado a la Generalidad de que su actitud obstruccionista está "lesionando los intereses de Agbar", lo que podría conllevar una "responsabilidad patrimonial exigible".

La adjudicación de ATLL por 1.000 millones de euros durante 50 años es la mayor de la historia de la Generalidad, y se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo autonómico.

Comentar