La Generalidad enviará un informe a Bruselas contra el Gobierno por no aceptar el 'derecho a decidir'

El consejero de la Presidencia y portavoz autonómico, Francesc Homs, ha acusado al Alto Tribunal de actuar en connivencia con el Gobierno de Mariano Rajoy: “Existe una incomprensible alienación del Tribunal Constitucional con los intereses del gobierno español”.

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El portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Gobernación, Francesc Homs.
Redacción
Jueves, 26.02.2015 13:52

El consejero de la Presidencia y portavoz autonómico, Francesc Homs, ha declarado este jueves que remitirán a las instituciones europeas un documento elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) para denunciar ante la comunidad internacional la negativa del Gobierno a aceptar el denominado "derecho a decidir".

Homs ha considerado que las instituciones del Estado “están dispuestas a cargarse la esencia de la democracia” con su comportamiento y ha acusado al Alto Tribunal de actuar en connivencia con el Gobierno de Mariano Rajoy: “Existe una incomprensible alienación del Tribunal Constitucional con los intereses del gobierno español”.

El Estado ofrece una democracia "de baja calidad"

Las acusaciones del portavoz autonómico han continuado cuando ha afirmado que el Estado ofrece una democracia “de baja calidad” después de que el TC declarara inconstitucionales los dos preceptos de la Ley de Consultas Populares no referendarias aprobada por la Cámara autonómica en septiembre, e inconstitucional y nulo de pleno derecho el acuerdo de convocatoria de una consulta secesionista del pasado 9 de noviembre.

“La sentencia sitúa los cosas en un callejón sin salida”, ha manifestado Homs, que no ha renunciado a la propuesta de el presidente de la Generalidad de que las elecciones del 27 de septiembre sean “plebiscitarias”. En este sentido Homs ha advertido a las instituciones del Estado que no podrán “impedir” el 27S.

El consejero de la Presidencia también se ha referido al pacto de la Transición alegando que “no se podría conseguir” y que “en el Estado español se pueden tener competencias pero no se pueden hacer preguntas”.

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