Polémicas 'embajadas'

El Gobierno aprueba recurrir ante el TC la Ley de Acción Exterior de Cataluña

El Ejecutivo considera que vulnera la Constitución al invadir las competencias exclusivas del Gobierno en relaciones internacionales. El recurso es también una reacción a la ofensiva 'diplomática' de la Generalidad para difundir su plan secesionista.

3 min
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes
Redacción
Viernes, 6.03.2015 15:33

El Gobierno de Mariano Rajoy no va a quedarse impasible ante la última ofensiva de la Generalidad para intentar difundir en el extranjero sus planes secesionistas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley autonómica de acción exterior y de relaciones con la UE, que entró en vigor en diciembre, -y que aprobaron CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, con el voto en contra de PP y C's y la abstención de la CUP-. Una ley con la cual, según reconoció la propia Generalidad, se pretende "construir un verdadero servicio exterior catalán".

Según ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo entiende que la ley autonómica invade competencias exclusivas de la administración central de Estado, por lo que sería inconstitucional.

El Ejecutivo recurrirá 20 de los 40 artículos de la norma autonómica. Se trata de los artículos 1 a 9, que consideran a la Generalidad como actor internacional al margen del Estado español; el 26, que regula las relaciones del Ejecutivo autonómico con gobiernos extranjeros, los que van del 29 al 33, sobre la representación autonómica en el exterior, y los artículos del 34 al 38, que versan sobre la diplomacia pública de Cataluña.

La competencia en relaciones internacionales, del Gobierno

En general, y según ha resaltado la vicepresidenta, el Ejecutivo cree que estos artículos vulneran dos artículos de la Constitución: el 149.1, que establece que es la administración central del Estado la que tiene la competencia exclusiva en relaciones internacionales, y el 97, que dicta que es el Gobierno quien ha de dirigir la política exterior.

Sáenz de Santamaría ha señalado que la ley autonómica contempla a la Generalidad "como un actor internacional al margen del Estado español", cuando Cataluña "no es un Estado", y por tanto "no es sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas".

En este sentido, Santamaría ha precisado que la Generalidad puede desarrollar "algunas funciones de proyección exterior", de acuerdo con el Estatuto de autonomía. Pero que esta "proyección exterior" ha de ejercerse "respetando las competencias estatales".

Reacción a la ofensiva 'diplomática' de la Generalidad

La ley autonómica que recurrirá el Gobierno entró en vigor hace ya casi tres meses, pero el Ejecutivo se ha decidido a recurrirla al ver la aplicación que estaba haciendo de ella la Generalidad. Especialmente, por lo que respecta a la ofensiva de nuevas delegaciones de la Generalidad en el exterior, las popularmente conocidas como embajadas.

Así, el Gobierno autonómico anunció recientemente que iba a inaugurar dos nuevas embajadas en Roma y Viena, para sumarlas a las cinco ya operativas -en Bruselas (Bélgica), Washington (EEUU), París (Francia), Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania)-. Además, fichó al ex portavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj como "representante permanente" de la Generalidad ante la UE, y ha proclamado su intención de ampliar la red de embajadas hasta el medio centenar.

En el proyecto de presupuestos de la Generalidad que se presentó en diciembre, se contemplaba un importante aumento de la partida para acción exterior -contrastando con recortes en otras áreas-. Además de la acción de promoción económica que llevan a cabo las delegaciones y oficinas de la Generalidad en el extranjero, el ejecutivo autonómico no esconde que un objetivo de su acción exterior es "dar a conocer internacionalmente el proceso democrático iniciado hacia el derecho a decidir, apoyando las iniciativas de la sociedad civil".

Comentar