Ignora la decisión del Parlamento autonómico

La Generalidad sigue adelante con el Consorcio Sanitario de Lérida

La Consejería de Salud pretende tener en marcha el nuevo ente "antes del verano", pese a que la Cámara autonómica ha instado a la Generalidad a detener el proyecto.

3 min
El consejero de Salud, Boi Ruiz
Redacción
Domingo, 29.03.2015 17:14

El Gobierno de la Generalidad pretende ignorar completamente una decisión reciente muy concreta del Parlamento autonómico. Pese a que la Cámara aprobó la semana pasada instar al Gobierno autonómico a paralizar el proyecto de crear el Consorcio Sanitario de Lérida, que los críticos ven como un plan de privatización encubierta, la Consejería de Salud, que encabeza Boi Ruiz, tiene previsto poner en marcha el polémico Consorcio "antes del verano", según informa El País.

De acuerdo con esta información, que se basa en afirmaciones del delegado de la Consejería de Salud en la provincia de Lérida, Josep Pifarré, la Generalidad seguirá adelante con su plan de integrar en un nuevo ente, el Consorcio Sanitario de Lérida, la gestión de la sanidad pública en la provincia, que ahora se reparten dos empresas públicas, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS, que se encarga de los centros traspasados por la Diputación de Lérida a la Generalidad en 1992).

El plan es criticado desde diversos sectores y desde parte de la oposición en el Parlamento autonómico -votaron la iniciativa de la semana pasada ICV-EUiA, que la promovió, ERC, PSC, C's y la CUP- porque consideran que estos proyectos de consorcios esconden el objetivo de fraccionar el ICS -la mayor empresa pública de Cataluña- en una veintena de consorcios, con el objetivo de dar paso a una privatización encubierta.

Los críticos defienden que la alternativa de racionalización más razonable pasaría por integrar GSS en el ICS, en lugar de crear un nuevo ente, mientras que desde la Generalidad se aduce que su plan aportará descentralización.

Dos tipos de contratos

El Gobierno autonómico también explica, frente a las críticas, que los profesionales de ambas empresas públicas mantendrán sus actuales contratos: como funcionarios, los del ICS, y como personal laboral los de GSS. Los críticos replican que a la larga solo habrá personal laboral en el nuevo ente que planea la Generalidad, porque las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo con personal laboral.

En los últimos meses se han multiplicado las críticas al proyecto, especialmente en forma de protestas a imitación de las mareas contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

La plataforma Marea Blanca de Ponent i Pirineus celebró la semana pasada el acuerdo del Parlamento autonómico, que consideron fruto de una presión popular con más de 350 actos de protestas y casi 40.000 firmas. Pero ya alertaron de que "el consorcio todavía no se ha parado", por lo que anunciaron que seguirían con las protestas.

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