Ignorando al Parlamento autonómico

La Generalidad sigue adelante con el consorcio sanitario de Lérida ignorando al Parlamento autonómico

El Diario Oficial de la Generalidad publica el edicto que por el que se somete a información pública el proyecto de la Generalidad. Un proyecto que hace solo 12 días el Parlamento autonómico le instó a paralizar.

6 min
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el consejero de Salud, Boi Ruiz
Carles Bellsolà
Martes, 31.03.2015 17:48

La oposición en el Parlamento autonómico -incluyendo esta vez a ERC- se impuso hace 12 días a CiU para instar al Gobierno de la Generalidad a frenar su proyecto de fusionar en un consorcio de nueva creación los servicios que prestan en la provincia de Lérida dos empresas públicas de la Generalidad, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS). El pasado domingo ya se supo que el Ejecutivo de Artur Mas tenía intención de hacer caso omiso al Parlamento autonómico y seguir adelante con su proyecto. Y hoy martes se ha confirmado de la forma más oficial -y discreta- posible: vía Diario Oficial.

El Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) de este martes publica un edicto de la Consejería de Salud, que dirige Boi Ruiz, por el cual se somete a información pública la "propuesta de acuerdo" del Ejecutivo autonómico por el que "se autoriza la disolución de Gestión de Servicios Sanitarios y la constitución del Consorcio Sistema Integral de Salud Lleida (SIS Lleida) y se aprueban sus Estatutos".

El trámite, obligatorio según la Ley de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, abre un periodo de 20 días hábiles, contados a partir de mañana miércoles, para que los ciudadanos puedan examinar el texto de la propuesta, y "formular las alegaciones que se consideren oportunas".

Es decir, que el Gobierno autonómico no ha abortado en absoluto su proyecto, como le instó a hacerlo la mayoría del Parlamento autonómico, con el voto a favor de todas las formaciones salvo CiU, que votó en contra, y el PP y la diputada no adscrita Marina Geli -ex consejera de Salud con el tripartito-, que se abstuvieron.

Las críticas

La oposición al proyecto, que se ha expresado también con numerosas manifestaciones en la provincia de Lérida, se basa fundamentalmente en tres cuestiones. Por una parte, se critica que la Generalidad pretenda crear un nuevo ente, y se considera que sería más efectivo, en terminos de racionalidad administrativa, que GSS se integrara simplemente en el ICS.

Por otra parte, y relacionado con el punto anterior, los críticos al proyecto sospechan que se trata de la avanzadilla de una operación para fraccionar el ICS -la mayor empresa pública de Cataluña- en hasta una veintena de consorcios, como paso previo a una privatización encubierta.

En este sentido, la propuesta del proyecto en exposición pública -del cual hoy mismo se ha publicado la versión definitiva- contempla que el consorcio quede "adscrito al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)", y que lo formen exclusivamente entidades públicas: el propio CatSalut -que recibiría los activos de GSS antes de aportarlos al nuevo consorcio-, el ICS, la Universidad de Lérida y el Instituto de Investigación Biomédica de Lérida -en el que, a su vez, participan el ICS y la Universidad-. Pero los críticos señalan, no obstante, que la propia fragmentación del ICS podría favorecer en un futuro la entrada de capital privado en los consorcios resultantes.

Posible servicio también con "financiación no pública"

Aun manteniéndose como público, los estatutos propuestos para el consorcio sí se abren a dar servicio privado. En su punto 3.3, establecen que las actividades del consorcio "se prestan mayoritariamente en régimen de cobertura pública y financiación pública, pero también de financiación no pública respecto a la atención regida por seguros obligatorios y también, cuando la legislación lo permita y la ley lo contemple, o no lo prohíba, por seguros voluntarios o financiación no pública".

Sobre el servicio privado de instalaciones públicas, hay un claro precedente: Barnaclínic, situada en el recinto del Hospital Clínic de Barcelona, que presta atención privada -de alto precio-, en una iniciativa que la Consejería de Salud defiende en cuanto a que aporta ingresos a la sanidad pública, pero que ha recibido numerosas críticas que ven una privatización encubierta y un trasvase de recursos públicos -humanos y materiales- para el servicio privado. El Parlamento autonómico también instó a la Generalidad a paralizar la actividad privada de Barnaclínic, así como a investigar supuestas irregularidades en su gestión.

El problema del personal

La tercera gran crítica al proyecto tiene que ver con el personal sanitario. Se prevé integrar en el nuevo consorcio a los trabajadores actuales en la provincia del ICS y de GSS. Los primeros son básicamente funcionarios y personal estatutario, mientras que los segundos son personal laboral -por tanto, con peores condiciones y menos derechos-. Él proyecto prevé conservar las condiciones actuales de cada grupo. Pero los críticos señalan que las nuevas contrataciones serán exclusivamente de personal laboral, con lo cual, a medio o largo plazo se produciría una sustitución en los tipos de contratos. Y el proyecto confirma absolutamente este punto.

El 'Plan de integración de personal' incluido en el proyecto garantiza que se mantendrán las condiciones actuales para los trabajadores, consernvando antigüedad, condiciones y sueldos, y grupo, escala y subescala en el caso del personal estatutario. Con el matiz, en cuanto a las retribuciones, de que será el consorcio el que fije los pluses variables por objetivos.

Pero en cuanto a las futuras contrataciones, el proyecto no deja lugar a dudas de que se optará por contratos laborales, solo con una pequeña rendija a incorporar hipotéticos puestos de trabajo para personal estatutario. Aunque unicamente como personal adscrito, proveniente de los entes miembros del consorcio.

Las futuras contrataciones, de personal laboral

Así, los estatutos establecen que "el personal del Consorcio es contratado y se rige por las normas de derecho laboral, así como por el resto de normativa de empleo público que le sea de aplicación", y que los miembros del consorcio pueden "adscribir puestos de trabajo o personal funcionario, estatutario o laboral".

El plan de integración del personal es aun más claro, cuando reza que "sin perjuicio del personal adscrito proveniente de las entidades consorciadas" el "personal propio" del Consorcio "será de régimen laboral". "Las nuevas contrataciones, las coberturas de vacantes i/o las laboralizaciones voluntarias se incluirán en el marco del convenio colectivo propio o aplicable al sistema sanitario integral de utilización pública", aclara definitivamente el texto.

Finalmente, los estatutos establecen que "el Consorcio actúa regido por los principios de rentabilidad, economía y productividad y con aplicación de técnicas de gestión empresarial".

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