Privatización encubierta

El Parlamento autonómico exige a CiU que frene el Consorcio Sanitario de Lérida

ERC deja solo a Mas y permite que prospere una iniciativa de ICV-EUiA. Los críticos crees que el proyecto significaba trocear el ICS para favorecer una privatización encubierta de la sanidad pública catalana.

3 min
Redacción
Jueves, 19.03.2015 17:24

ERC ha salvado este jueves a CiU de perder varias votaciones en contra de la política sanitaria de la Generalidad, incluyendo una que pedía la reprobación del consejero de Salud, Boi Ruiz. Pero los de Junqueras han dejado sola a la federación nacionalista en otra votación quizás menos simbólica, pero no menos importante: la que ha instado al Gobierno autonómico a paralizar el proyecto de crear el Consorcio Sanitario de Lérida, que los críticos ven como un plan de privatización encubierta.

La propuesta, presentada por ICV-EUiA, se ha aprobado con los votos a favor de los propios ecosocialistas y de ERC, PSC, C's y la CUP, y ha tenido el voto en contra de CiU y la abstención de PP y la diputada no adscrita Marina Geli.

El proyecto del Consorcio Sanitario de Lérida -paralelo a otros que contempla el Ejecutivo autonómico en otros puntos del territorio- pretende integrar en un único ente, el propio Consorcio, la gestión de la sanidad pública en la provincia, que ahora se reparten dos empresas públicas, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS), que se encarga de los centros traspasados por la Diputación de Lérida a la Generalidad en 1992.

¿Por qué el ICS no absorbe a GSS?

A priori, una iniciativa de racionalización. Pero con muchas sombras, según los críticos. En primer lugar, porque consideran que estos proyectos de consorcios esconden el objetivo de fraccionar el ICS -la mayor empresa pública de Cataluña- en una veintena de consorcios. En este sentido, se ha planteado como opción más racional que simplemente el ICS absorba a GSS.

En segundo lugar, se teme que la fragmentación del ICS acabe dando entrada al capital privado -como pretendía la Consejería de Salud en un sus planes iniciales-. Además, los críticos señalan que la creación del Consorcio significaría una pérdida de derechos para los trabajadores, ya que se generalizarían los contratos laborales del GSS en lugar de las plazas de funcionario predominantes en el ICS.

En los últimos meses se han multiplicado las críticas al proyecto, especialmente en forma de protestas a imitación de las 'mareas' contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Y desde la plataforma Marea Blanca de Ponent i Pirineus se ha celebrado la decisión del Parlamento autonómico, que consideran fruto de una presión poipular con más de 350 actos de protestas y casi 40.000 firmas. No obstante, la plataforma ha anunciado nuevas movilizaciones, porque "el consorcio todavía no se ha parado".

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