La Generalidad excluye el castellano en la inmensa mayoría de sus páginas web

Solo el 14,2% de la información ofrecida en las webs del Gobierno autonómico de Cataluña está disponible en español, frente al 100% que se presenta en catalán. Convivencia Cívica Catalana denunciará a la Generalidad ante el Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges y la Unión Europea por discriminar sistemáticamente a los castellanohablantes y vulnerar las normativas autonómicas y nacionales.

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La Generalidad excluye el castellano en la inmensa mayoría de sus páginas web
Redacción
Jueves, 30.04.2015 02:22

Solo el 14,2% de la información ofrecida en las páginas web de la Generalidad está disponible en castellano, frente al 100% que se presenta en catalán.

Así lo recoge un informe confeccionado por Convivencia Cívica Catalana (CCC) titulado 'Los usos lingüísticos del Gobierno catalán en internet', que se ha difundido este miércoles.

Las versiones en español son deficientes y de difícil navegación

CCC ha analizado durante este mes de abril alrededor de 2.000 páginas web de las doce consejerías de la Generalidad y, además de destacar que el 85,8% de las informaciones no están disponibles en español, también denuncia que las pocas versiones en castellano presentan numerosas deficiencias.

En este sentido, señalan que "en muchos casos, no se presenta el mismo contenido en castellano que en catalán, como sería lógico, sino que la versión en castellano está desactualizada o bien incluye menos información". "A ello debe sumarse evidentes faltas de ortografía y traducciones excesivamente literales de catalán a español", añaden.

Además, "un número importante de casos los enlaces a la versión en castellano no funcionan o bien conducen a una página que no es la deseada o no está disponible". Por ejemplo, "en un gran número de casos, una vez seleccionada en una página la versión en español, al ir a otra página vuelve a aparecer la versión en catalán y se obliga al usuario a pinchar de nuevo el enlace a la versión en castellano (si existe, claro) para visualizar su contenido en dicha lengua, de tal manera que la navegación en español se dificulta y en la práctica, se induce al usuario a desistir".

Presidencia, Justicia, Salud y Cultura, las menos bilingües

La Consejería que más menosprecia a los castellanohablantes es la de Presidencia (controlada por Francesc Homs): ni una sola de sus informaciones es ofrecida en castellano. Le sigue la de Justicia (Germà Gordó), con únicamente un 0,5% de sus contenidos en español. Las consejería de Salud (Boi Ruiz) y Cultura (Ferran Mascarell) no les van a la zaga: solo un 2% de sus informaciones se ofrecen en castellano.

El resto de consejerías ofrecen los siguentes porcentajes de información en español: Interior (Ramon Espadaler), 2,1%; Enseñanza (Irene Rigau), 2,3%; Gobernación y Relaciones Institucionales (Joana Ortega), 6,1%; Bienestar Social y Familia (Neus Munté), 11,7%; Economía y Conocimiento (Andreu Mas-Colell), 14,8%; Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural (Josep Maria Pelegrí), 20,2%; Empresa y Empleo (Felip Puig), 54,8%, y Territorio y Sostenibilidad (Santi Vila), 71,3%.

La web de los Mossos d'Esquadra, únicamente en catalán y en inglés

CCC destaca algunos casos de exclusión del castellano como especialmente sangrantes. Por ejemplo, la página web de los Mossos d'Esquadra, que solo se ofrece en catalán y en inglés, a pesar de tratar asuntos tan delicados como "consejos para la seguridad personal" y "advertencias sobre robos".

"A partir de un examen de las páginas de internet de los diversos cuerpos de seguridad en los diferentes países puede establecerse que los Mossos d’Esquadra es la única policía del mundo que no tiene web en la lengua mayoritaria de los ciudadanos de su territorio", alerta el informe.

Asistencia jurídica, Protección Civil, ayudas sociales, tráfico y bomberos

CCC también denuncia que "la web de la administración de justicia en Cataluña en que se incluye información tan relevante como la obtención de asistencia jurídica, la atención a las víctimas o gestiones y trámites de diversos tipos tampoco respeta los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos al excluir por completo el uso del español".

Lo mismo, entre otras, ocurre con la web de Protección Civil ("donde se expone a la población algo tan relevante como los planes de emergencias, accidentes o catástrofes"); el apartado de formularios de la Consejería de Bienestar Social (para solicitar ayudas sociales para personas con dependencia, con discapacidad, gente mayor, menores o adopciones); la información del Servicio Catalán de Tráfico sobre el estado de las carreteras; las estadísticas del Presupuesto de la Generalidad (que, sin embargo, sí están disponibles en inglés); la página web de los bomberos (que incluye "la información sobre prevención de incendios, las normativas o las recomendaciones de seguridad"); y la web govern.cat (que recoge las diferentes actividades del Gobierno autonómico).

En los territorios bilingües de Europa el bilingüismo es casi absoluto

El informe compara la política lingüística que aplica la Generalidad en sus páginas web con las de otros gobiernos de territorios bilingües de Europa, y el resultado no puede ser más signficativo.

En los seis territorios analizados (Gales, Bruselas, Tirol, Friburgo, Berna y Valais) cada una de las lenguas oficiales cubre por encima del 97% de las informaciones ofrecidas, y en la mayoría de los casos todas ellas al completo se ofrecen en los dos idiomas.

Vulnera el Estatuto y las normativas nacionales y autonómicas

CCC indica que la exclusión del castellano de los medios electrónicos de la Generalidad "vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía y choca contra la legislación básica en la relación entre la administración pública y los ciudadanos".

En concreto, esta situación vulnera la Disposición Adicional Sexta de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos ("Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes"); la Disposición Adicional Quinta de la Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña ("Las aplicaciones que las entidades que integran el sector público ponen a disposición de los ciudadanos deben permitir que la consulta, participación y tramitación puedan hacerse en la lengua oficial escogida por la persona interesada y deben permitir el cambio de opción lingüística en cualquier momento"), y el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña ("Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan").

Denuncia ante el Gobierno y la UE

El informe concluye tildando de "indignante que el Gobierno [autonómico] catalán se dedique a inspeccionar y multar a los ciudadanos en sus tiendas privadas con la excusa de que no respetan derechos lingüísticos cuando es el propio Gobierno autonómico el que no respeta los derechos lingüísticos de la ciudadanía de forma evidente".

Por ello, CCC anuncia que "hará llegar el presente informe a diversas instituciones, tales como el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, así como al Gobierno de España y organismos competentes en materia lingüística de la Unión Europea" con el objetivo de que la Generalidad respete los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña en sus medios electrónicos.

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