Nuestras lenguas

11 min
Jueves, 23.04.2015 08:31
0 || $newsData['author'] != '' || $newsData['comments'] != "0"){ //CATEGORY, DATE AND COMMENTS NUMBER ?>

Como uno de los impulsores de la Ley de Lenguas Oficiales, tomo el testigo que me cede Mercè Vilarrubias para continuar el debate sobre esta ley en CRÓNICA GLOBAL.

La primera razón para aprobar una ley de lenguas de España: reparar en el plano simbólico los desdenes del ayer

Se quejaba Joaquín Leguina que cada vez que en España hablamos de educación se acaba hablando de curas. Cabe apostillar que cada vez que hablamos de lenguas acabamos hablando de nacionalismo. Tanta relevancia se otorga a la supuesta influencia de clérigos y nacionalistas que, sin advertirlo, les otorgamos una primacía muy superior al que les corresponde.

En el pasado las lenguas carecían de la relevancia actual. La construcción del Estado moderno precisaba de instrumentos eficaces. La multiplicidad de leyes, jurisdicciones, inmunidades y lenguas dificultaba la acción eficaz del Estado al abocarlo a un laberinto normativo y lingüístico. Por ello todos los Estados tendieron a la uniformización.

Buena muestra de esto nos lo ofrece la instrucción reservada de 1716 que encargaba a los corregidores “poner el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado, porque los efectos que de esta uniformidad se siguen son muy beneficiosos porque se facilita la comunicación y el comercio, se unen los espíritus divididos o contrarios por los genios, y se entienden y obedecen mejor las leyes y órdenes”. Medios sinuosos y finalidad benéfica. Los derechos lingüísticos, al rincón de los muebles viejos. Lo que se niega acaba resurgiendo. En la conciencia de muchas personas resuena la primera parte de la vieja y artera instrucción, arteramente amputada hoy a partir del “porque”.

Hoy cualquier actuación del Estado que pretenda defender, aun tímidamente, los derechos de los castellanohablantes es analizada por muchos a la luz de la reservada instrucción de 1716. Por ello, porque persiste el temor y el escozor, el Estado no solo debe, sino que le conviene reparar el daño, daño que hoy ya no es material, sino simbólico. El Estado no puede delegar en exclusiva la promoción del catalán a instituciones controladas por personas que multiplican el recuerdo de la nefanda instrucción de manera sesgada, multiplicando, pues, de manera innecesaria el rencor. Esta es la primera razón para aprobar una ley de lenguas de España: reparar en el plano simbólico los desdenes del ayer, y no con bellas palabras recogidas en la Constitución, sino con hechos incontrovertibles. El Estado ya hace mucho por las lenguas de España, pero su actuar es disperso, por lo que carece de fuerza publicitaria, de la que tan necesitado se halla. La segunda razón para la ley de lenguas oficiales: disputar la política lingüística a los que hacen un uso identitario de la lengua, creando un modelo alternativo basado en el respeto y la igualdad.

La lengua no es solo un medio de comunicación, sino también de reconocimiento. Tanto es así que los partidarios de los derechos lingüísticos hablamos y entendemos perfectamente el catalán; y no cuestionamos a unas autoridades por no entender nuestra lengua, sino por no respetarnos, por tratarnos como seres a normalizar porque han decretado que el castellano es impropio de Cataluña. La lucha no es de castellanohablantes contra catalanohablantes, ni mucho menos, sino entre personas que creemos en los derechos lingüísticos y un poder que los niega. Lo que duele no es el no ser entendido, sino el ser ignorado, el ver maltratado un idioma que muchos consideramos valioso, a despecho incluso, del interés pedagógico de los niños.

La igualdad es un bien vital para el alma humana. No se mide en dinero ni en tiempo, sino en simples manifestaciones de reconocimiento por las instituciones de que a toda persona se le debe la misma consideración. Luchamos por algo bien inútil, algo con lo que no se come, pero reconforta: la dignidad, algo tan estéril pero que nos confiere la certeza de estar en un grupo humano en el que merece la pena vivir.

El Estado es hoy incomparablemente más respetuoso con los derechos lingüísticos que la actual Generalitat. El Instituto Cervantes no solo da clases de catalán en el extranjero, sino que tiene más alumnos de esta lengua que el Institut Ramón Llull. El segundo canal de Televisión Española emite parcialmente en catalán, e igualmente hace Radio Nacional de España. Los impresos de los organismos estatales en Cataluña son bilingües. Las páginas web de los ministerios son cuatrilingües. El Ministerio de Cultura premia obras literarias o artísticas en todas las lenguas de España. Nada análogo hace el nacionalismo gobernante.

El impulso nacionalista no puede saciarse. El nacionalismo es una ideología narcisista, y el narciso solo se ve a sí mismo e ignora a los demás. Él es siempre el más, el más brillante y el más desgraciado, el más competente y el más maltratado. Es vanidoso y victimista. Necesita ser el centro de atención. No puede ver a los demás porque teme desaparecer él mismo. Muchas personas, de buena fe, creen que su lengua puede desaparecer. Otros aprovechan y exacerban esos temores para marcar territorio. “la meva llengua és la meva pàtria”, decía Prat de la Riba, “una escola, una llengua, un país”, repiten los de Som Escola. Los demás no existen, ni tienen derechos, ni sentimientos. No son nada. Silencio. No se trata, pues, de agradar a los que nada hacen por agradar a los demás.

La comprensible indignación que provoca la política lingüística descrita no debe empañar la promoción de los derechos lingüísticos: los de todos, los de los catalanohablantes y los de los castellanohablantes. Los de los primeros no están –por el Estado- completamente reconocidos en un nivel simbólico. Los de los segundos son ignorados –por la Generalitat- de manera mucho más grave, por cotidiana, permanente y deliberada.

Los abusos de la política nacionalista en materia lingüística son tan flagrantes que doy por reproducido lo mucho y fundamentado que han denunciado los pioneros en esta lucha.

La lengua, como dije, no solo sirve para comunicar, sirve también para reconocer al otro. Se saluda al vecino no por un interés en iniciar una conversación que proporcione información útil, sino como muestra de que se contempla al otro como persona digna de atención. El rey, en su discurso de Navidad, dirige la felicitación en gallego, catalán y vascuence. Algunos lo pueden considerar una claudicación. Yo lo entiendo como una deferencia.
Entiendo por insuficiente reconocimiento la ignorancia que tenemos de las literaturas y lenguas hispánicas. No es comprensible que a nuestros hijos de nueve años les enseñen los cefalópodos, los artrópodos y los moluscos y no les enseñen a recitar un poema de Rosalía de Castro ni a decir “buenos días” en eusquera (y, al paso que nos llevan, a que no sepan leer bien en castellano). No se puede estimar lo que no se conoce. Estimamos la Alhambra porque de críos hemos visto fotos de ella en los libros de texto y de jóvenes nos hablaron del arco nazarí o leímos los cuentos de Washington Irving.

Todavía hay gente que desdeña lenguas españolas que solo se hablan en una Comunidad Autónoma. Para el suspicaz ese desdén es la manifestación de un intento de eliminar su propia lengua. Un Estado inteligente y justo realiza políticas que hermanen los pueblos de España; y se confraterniza cuando todos consideran que todos los hermanos son iguales en estima.

Muchos problemas se habrían evitado si Joan Manuel Serrat hubiera cantado en catalán el “La, la, la” en Eurovisión

Muchos problemas se habrían evitado si Joan Manuel Serrat hubiera cantado en catalán el “La, la, la” en Eurovisión. Cancioncilla inocua, pero de extraordinario valor si se hubiera cantado en el español de Cataluña, y en otros pueblos de España su letra hubiera sido comprendida y, por tanto, hubiera sido considerada suya.

A la postre, extracatalanizar el catalán es desnacionalistizarlo, porque implicaría que todos los hombres y mujeres de España lo consideraran propio. Creemos necesario que el himno de España tenga letra con estrofas y versos en todas las lenguas de España; que los pasaportes (que están en húngaro e italiano) también estén en todas nuestras lenguas; que los sellos de correos o timbres fiscales, en la medida que su tamaño lo permita, recojan los idiomas de España; que puedan usarse las cuatro lenguas mediante fórmulas protocolarias (como las que emplea en rey en su discurso navideño) en las sesiones de las Cortes por todos los parlamentarios. El coste económico es minúsculo. La ventaja afectiva es mayúscula.
Que catalán, gallego y eusquera vean elevado su rango a nivel nacional no merma en absoluto la posición del castellano, sino que lo realza al compartir su estatus con otras lenguas hermanas.

El nacionalismo no es más que una modalidad del miedo, del miedo a desaparecer, del miedo a no ser estimado, del miedo a ser secundario. Y el que teme se encierra en sí y rechaza cuanto considera ajeno o cuanto percibe, aún mínimamente, como una amenaza. Así como que el alérgico convierte unos inocentes granos de polen en un arma de destrucción masiva el nacionalismo intuye el castellano como un elemento de descatalanización. Su Cataluña no está en el mundo. Nunca lo ha estado. Está en su recuerdo idealizado. La ley de lenguas no es una concesión. Es un acto de respeto por nosotros mismos, por todos los ciudadanos de España, porque significa que no respondemos a los patrones del nacionalismo. La Carrera San Jerónimo, La Moncloa, La Zarzuela no son Madrid. Están en Madrid. Son Cataluña. Y Navarra. Y Galicia. También deben serlo lingüísticamente. Porque así es España: plural. Puede parecer inútil incorporar nuestras lenguas en actos simbólicos del Estado; pero lo más importante en la vida de los hombres es pura nimiedad: la llamada telefónica a un amigo enfermo, la palmada de aliento a un hijo desfallecido, un poema, el álbum de fotos… Todo ello es improductivo, pero no sabemos vivir sin esas inutilidades.

Una ley de lenguas sería un modelo ejemplar en el que el nacionalismo nunca se querría contemplar. La imagen que transmitiría este nuevo modelo contrastaría poderosamente con la mezquindad con la que trata los derechos lingüísticos en Cataluña. El activismo lingüístico del Estado, para ser coherente, debería completarse con el abandono de su pusilanimidad en la ejecución de las leyes y sentencias. Todo ello es necesario.

Artículos anteriores
Comentar