Resolución de hace más de dos años

El TSJC da tres meses a la Generalidad para excluir a Acciona del concurso de ATLL

Tanto el propio TSJC como el Supremo ya han dictaminado en diversas ocasiones que debe anularse la adjudicación a Acciona -que se ejecutó en perjuicio de Agbar- pero la Generalidad se niega a cumplir las resoluciones judiciales.

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Instalaciones de la estación de tratamiento de aguas potables de ATLL en Abrera (Barcelona)
Redacción
Martes, 5.05.2015 20:23

La Generalidad sigue negándose a cumplir las resoluciones judiciales sobre la privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y la justicia sigue instándole a que lo haga. Unas resoluciones que ratifican la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) -dependiente de la propia Generalidad-, que ordenó en enero de 2013 anular la concesión de ATLL a Acciona.

En un auto notificado este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da a la Generalidad tres meses de plazo, a contar desde hoy, para que cumpla con la resolución de enero de 2013 que excluía a Acciona del concurso de adjudicación de ATLL, lo que dejaba el contrato en manos de la otra compañía que había acudido al concurso, Agbar.

Reiterados requerimientos por parte de los tribunales

De hecho, esta no es ni mucho menos la primera vez que el Ejecutivo autonómico recibe un requerimiento similar. Agbar ha acudido en diversas ocasiones a los tribunales para exigir el cumplimiento de la resolución, quienes le han ido dado la razón.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJC de 2013 y advirtió a la Generalidad por no acatar la suspensión de la adjudicación de ATLL a Acciona en perjuicio de Agbar. Mas recientemente, en marzo pasado, esta ultima compañía elevó el caso a la justicia de la Unión Europea, donde denunció al Gobierno autonómico por incumplir las resoluciones judiciales.

Una adjudicación polémica desde el primer momento

No obstante estas decisiones judiciales, la Generalidad no ha anulado el contrato de concesión a Acciona, y se limitó a crear una "mesa de contratación" que debería decidir cómo se aplicaba la resolución del OARCC.

La concesión, de hecho, ya fue polémica desde el primer momento. La Generalidad la cerró a toda prisa a finales de 2012, poco después de las elecciones y con el apoyo de ERC, por un montante de unos 1.000 millones de euros por 50 años de concesión. La celeridad para cerrar la privatización fue una maniobra para mejorar las cuentas de ese ejercicio y tratar de reducir el déficit.

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