Concurso nulo

El TSJC anula la adjudicación de ATLL

La Generalidad concedió la explotación de la empresa pública a Acciona, y la otra gran empresa aspirante, Agbar, lleva dos años y medio de batalla judicial. Diversas sentencias anteriores habían fallado sistemáticamente contra la decisión del Gobierno autonómico.

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Desalinizadora de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) en el río Llobregat
Redaccióna
Martes, 23.06.2015 14:31

Ya hay sentencia sobre el fondo -no solo medidas cautelares- de la polémica privatización -concesión durante 50 años, de hecho- del servicio de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por parte de la Generalidad. Y, como las anteriores, falla en contra del Ejecutivo autonómico. El TSJC ha declarado nulo el concurso de adjudicación, que inicialmente obtuvo un consorcio liderado por Acciona, y que fue recurrido por la otra gran empresa aspirante, Agbar.

En tres sentencias divulgadas este martes, en que resuelve tres recursos sobre la adjudicación de ATLL a Acciona -que se formalizó en noviembre de 2012-, el TSJC ha decidido declarar nulo el concurso de adjudicación, por una "contradicción" en las bases del mismo que "afecta a un aspecto esencial de la concesión y ha causado una situación de confusión grave en el momento de elaborar las propuestas por parte de los licitadores". Una contradicción que, según recalca el TSJC, es "contraria a los principios de transparencia, publicidad e igualdad, principios que son esenciales en materia de contratación".

"Base equívoca" del concurso

En concreto, el TSJC dictamina que las bases del concurso de adjudicación, por el cual la Generalitat concedió la explotación de ATLL durante 50 años a Acciona por unos 1.000 millones de euros, "incluían un programa de obras que inicialmente se calificó como orientativo, mientras que posteriormente se indicó en una aclaración que el orden y secuencia de estas obras era obligado".

El tribunal considera que esta situación de "confusión" afectó "gravemente" al concurso, "sin que sea posible enderezar la situación una vez que los licitadores efectuaron sus proposiciones sobre una base tan equívoca".

El culebrón judicial -y político- empezó poco después de la adjudicación -realizada a toda prisa antes de cerrar un ejercicio, el de 2012, en que los problemas de liquidez del Gobierno autonómico fueron especialmente agudos-, cuando el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC, que depende de la propia Generalidad) dictó que la oferta de Acciona debía ser anulada.

Más de dos años y medio de batalla judicial

El OARCC emitió este fallo tras un recurso de Agbar, que ya desde el momento de la adjudicación había reclamado a la Generalidad que revisara el concurso, razonando que su oferta obtuvo una mejor puntuación técnica. Tras este dictamen, el caso pasó a los tribunales, que sistemáticamente han quitado la razón a la Generalidad. Incluso en el Tribunal Supremo. Pese a lo cual, el Gobierno ha evitado hasta ahora revertir la adjudicación.

Ahora, el TSJC ha sentenciado que la anulación de la oferta de Acciona que dictó el OARCC "debe extenderse al conjunto del procedimiento de contratación". Se da el caso de que los recursos sobre los que ha sentenciado hoy el TSJC fueron presentados por la Generalidad y Acciona contra Agbar, pidiendo que se anulara la decisión del OARCC. Y que, técnicamente, el TSJC los estima de forma parcial, al anular esa resolución en el punto que excluía la oferta de Acciona del concurso de adjudicación. Pero el resultado final resulta quita la razón a la Generalidad a Acciona, desde el momento en que anula el concurso en si.