Mas se queda sin sus "estructuras de Estado": el Gobierno las recurre ante el TC

El Gobierno presentará recurso de inconstitucionalidad contra los artículos y disposiciones de la Generalidad que pretendían ir preparando la secesión de Cataluña. En concreto, impugnará la "hacienda propia"; la Seguridad Social autonómica; el catálogo de infraestructuras del Estado; el plan director de sectores estratégicos, y la atribución de la información meteorológica para la navegación aérea al servicio autonómico. Todas estas "estructuras de Estado" quedarán suspendidas cuando el TC admita el recurso a trámite.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
Redacción
Viernes, 12.06.2015 13:58

El Gobierno ha anunciado este viernes que presentará recursos de inconstitucionalidad contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 3/2015 de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas del Parlamento autonómico de Cataluña por vulnerar competencias de la Administración General del Estado.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de las normativas que prentendían "sentar las bases para la creación de las llamadas por la Generalidad estructuras de Estado".

"Sson preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de una separación, se asuman funciones propias del Estado. Estas previsiones se hacen para un supuesto inconstitucional como sería esa separación unilateral de Cataluña del Estado español", ha insistido.

Además, ha subrayado que el recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) hará "especial mención al artículo que permite suspender automáticamente la vigencia, la aplicación del precepto impugnado".

Hacienda propia, inventario, infraestructuras estratégicas, Seguridad Social

Las "estructuras de Estado" recurridas son la denominada "hacienda propia"; el "inventario del patrimonio de las Administraciones Públicas de Cataluña"; el "catálogo de infraestructuras estratégicas"; la "creación de la Agencia Catalana de Protección Social"; el "Plan director relativo de los sectores de la energía, las telecomunicaciones, los sistemas de información y los transportes ferroviarios", y la atribución de competencias en materia de navegación aérea al Servicio Meteorológico de Cataluña.

También se presentará recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ordenación de las grandes superficies comerciales aprobada por la Generalidad. Así como contra el artículo de los Presupuestos autonómicos de 2015 que abre la puerta a ampliar la plantilla de la Generalidad.

Esto supone un duro varapalo a la estrategia del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y de su socio y líder de ERC, Oriol Junqueras, en su hoja de ruta secesionista, que preveía, entre otras cosas, ir desarrollando esas "estructuras de Estado" en los próximos meses con el objetivo de ir preparándose para una supuesta e inminente independencia de Cataluña.

Informe favorable al recurso por parte del Consejo de Estado

Sáenz de Santamaría ha destacado que los recursos cuentan con un informe favorable del Consejo de Estado, que ha respaldado la impugnación "por las mismas razones que el TC declaró la incompatibilidad de la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña con la Constitución".

"Ya hay un principio clarísmamente sentado por nuestro TC, que de nuevo ayer volvió a reiterar por unanimidad que la soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español", ha zanjado.

Además, ha recordado que el TC ha ido declarando inconstitucionales los principales elementos de la "hoja de ruta" secesionista diseñada por Mas, como la declaración de soberanía, la Ley de Consultas no refrendarias o la organización del 9N.

Todos los aspectos recurridos se basan en una hipotética secesión de Cataluña

En concreto, el Gobierno recurrirá los artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la citada ley. En su argumentación, el Ejecutivo recuerda que esta normativa está relacionada con el Comisionado para la Transición Nacional, que pretende impulsar e implementar "las medidas necesarias para la culminación del 'proceso de transición nacional' y el seguimiento de las estructuras de Estado", extralimitándose en las competencias atribuidas a la Generalidad, no solo por la Constitución sino por el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Además, señala que todas las actuaciones previstas por la Generalidad en los puntos que se recurrirán se basan en "una condición inconstitucional y antiestatutaria, como es la creación de un Estado catalán sin el cumplimiento de los procedimientos exigibles para tal reforma, y sin participación alguna del Estado".

Vulneración de innumerables preceptos constitucionales y estatutarios

De forma más detallada, con la "hacienda propia" la Generalidad reconoce que pretende "gestionar todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior", lo que vulnera las competencias constitucionales reservadas a la Administración General del Estado en materia de administraciones públicas, relaciones internacionales, soberanía, autonomía e igualdad de los españoles, entre otras.

En cuanto al "Inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña", el Gobierno indica de que "se trata de dividir y reasignar los activos y pasivos de las administraciones públicas afectadas" y advierte de que no es legal inventariar los bienes de la Administración General del Estado bajo la premisa de que "en alguna ocasión u oportunidad" puedan pasar a ser patrimonio de una Cataluña independiente.

En lo relativo al "Catálogo de infraestructuras estratégicas", la Generalidad pretende regular, entre otros, "los sectores del agua y la energía, sin excluir los aeropuertos y puertos de interés general y las telecomunicaciones" para "garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas de Cataluña en caso de desconexión legal con el Estado". Esto sería inconstitucional porque la Generalidad no tiene competencia sobre las infraestructuras estatales.

La creación de la "Agencia Catalana de Protección Social" pretende asumir las competencias de la Seguridad Social en Cataluña, lo que rompería el principio de "caja única" que establece la legislación básica de ese ámbito.

Mientras que el "Plan director relativo a los sectores de la energía, de las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario" vulnera toda una serie de competencias estatales en esos sectores.

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