Moción de ICV

Artur Mas evita dar detalles económicos de la adjudicación de ATLL

ERC ‘salva’ por segundo día consecutivo al Govern de fiscalizar los detalles económicos que han quedado en el aire de una adjudicación de 1.000 millones que depende del Tribunal Supremo

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras (en el centro), sigue la intervención del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament
Cristina Farrés
Viernes, 24.07.2015 23:09

¿Cuál será el coste real para las arcas catalanas del fiasco en la adjudicación de Aigües Ter Llobregat? El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha librado por enésima vez de compartir los detalles económicos de una operación en la que están hipotecados 1.000 millones de euros de déficit público desde 2012 y depende de la decisión del Tribunal Supremo. Y, en este capítulo, el Govern no ha tenido éxito hasta la fecha. La justicia se ha opuesto a todas sus tesis para confirmar la concesión del servicio a Acciona.

La oposición mantiene el marcaje a Mas en esta cuestión. En el último pleno de la legislatura y por segundo día consecutivo, los grupos han reiterado sus críticas sobre la gestión del proceso. Este viernes ha sido el turno de ICV que, en línea de la enmienda del PSC, ha cargado duramente contra el Ejecutivo de CDC. De nuevo, ha sido ERC la que ha salvado la cara al President.

Mas-Colell se salva de la reprobación

La moción rechazada por los votos republicanos y de la antigua federación nacionalista han servido para evitar que el Parlament reprobara al consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, por la “gestión de todo el proceso de licitación y adjudicación de ATLL”.

A pesar de que el concurso público se gestó y licitó desde el departamento de Territorio, encabezado por Santi Vila, la formación ecosocialista ha insistido en señalar al economista como responsable de llevar las riendas del conflicto.

ICV ha defendido que es Mas-Colell el que se negó a modificar una coma de la adjudicación firmada en 2012 con el Gobierno en funciones a pesar de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (la antigua Oarcc) decretó una semana después que la oferta de Acciona incumplía con el pliego de condiciones; el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Supremo rechazaron aplicar unas cautelares para mantener a Acciona al frente de la gestora de agua y el TSJC ha anulado directamente la concesión.

Riesgos económicos

Más allá del escenario jurídico, la moción que el Ejecutivo ha bloqueado incidía en la repercusión a las arcas de la Generalitat. La mayoría de la oposición, excepto el PP que ha optado por la abstención, ha estado de acuerdo en forzar a Mas a detallar “cómo y cuándo piensa pagar la indemnización millonaria a Acciona” (ponen en cuestión los cálculos de Mas-Colell) y en conocer los “acuerdos firmados por el Gobierno para abonar esta indemnización a Acciona en conceptos como lucro cesante, costos financieros e inversiones realizadas”.

Ha reiterado la exigencia de conocer si se ha autorizado a la concesionaria dejar de pagar unos 40 millones de euros relativos al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, ya que nunca se ha reconocido ante el Parlament que se ha eludido este pago ni los motivos que justifican la decisión.

Auditoría externa e independiente

También pide conocer cómo se piensa “compensar económicamente a los ayuntamientos afectados por la suspensión de la adjudicación de la gestión del agua en alta” a Acciona, ya que se pueden ver afectados “por conceptos como inversiones en infraestructuras de gestión del agua en baja realizadas, incremento del canon del agua o venta de activos públicos municipales”.

El PP se ha unido al resto de partidos de la oposición para hacer un frente común en pedir que se encargue una auditoría externa independiente que “cuantifique los riesgos económicos a los que se enfrenta la Generalitat si se confirma la última sentencia del TSJC que declara nulo el proceso de adjudicación de ATLL”.