Empresarios, los eternos olvidados

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Miércoles, 29.07.2015 03:46

La crisis económica ha golpeado duramente a casi toda la sociedad española. Podemos, según el CIS, ha recogido el descontento de directivos, profesionales técnicos, cuadros medios, asalariados por cuenta ajena o administrativos. En estas franjas de población es el primer partido por delante de PP y PSOE. Al bajar el nivel educativo y de renta su peso disminuye. Entre jubilados y trabajadores del campo su fuerza es marginal. No son los sectores sociales más desfavorecidos, pero sí los que tienen más conciencia del peligro de proletarizarse y los más críticos con los asuntos de corrupción.

Al tratarse de asalariados, su percepción de la salida de la crisis es la de más Estado, más impuestos, más intervencionismo, más rigidez laboral. Es decir, una concepción radicalmente distinta a la que tienen los empresarios, entendiendo por empresarios aquellos que arriesgan su patrimonio al frente de una empresa, ya se trate de autónomos por cuenta propia, o pequeños, medianos o hasta grandes empresarios.

Los empresarios -aquellos que arriesgan su patrimonio al frente de una empresa- son el sector social más duramente castigado por la crisis

Curiosamente este sector social ha sido el más duramente castigado por la crisis. Pero su ausencia de peso político producto de su atomización, del control de las patronales por las grandes corporaciones y el hecho de tratarse de personas que confían más en ellas mismas, aunque fracasen, que en el Estado, provoca que se encuentren sumidas en la más absoluta desprotección.

No estoy hablando de los accionistas puramente financieros, ni de los ejecutivos de las grandes empresas, que, sorprendentemente, hablan por los empresarios siendo la mayoría de ellos trabajadores por cuenta ajena con contratos blindados, planes de pensiones privados y buena jubilación pública, que en su vida han arriesgado su patrimonio salvo para especular en bolsa.

A continuación, un decálago de razones que sustentan la tesis de este artículo:

1. Herencia de una legislación franquista de marcado carácter estatalista, como en todos los regímenes autoritarios, protectora formalmente de los asalariados aunque la praxis diaria permitía un amplio campo de maniobra a quienes se manejaban bien con el poder. La inexistencia de sindicatos y de partidos de izquierda hacía que la legislación fuera una pura fachada, pero dejó un poso en el sistema legal que sólo ha cambiado ligeramente con la democracia.

2. El empresario tiende a ser visto como un incapaz cuando su empresa va mal y como un ladrón si tiene éxito. Las leyes invierten la carga de la prueba, y es el empresario el que ha de demostrar que ha actuado correctamente. Por ejemplo, la legislación concursal. La legislación favorece tirar la toalla y cerrar la empresa para evitar responsabilidades. Si prolongas la vida de la empresa y mantienes el empleo un año pero aumentan las deudas publicas -por ejemplo, dejas de pagar un trimestre a Hacienda, aunque hayas ingresado tres durante el año y hayas evitado que muchas personas vayan al paro-, el presupuesto legal es que tu actuación ha perjudicado a los intereses públicos. Realmente demencial.

3. Durante muchos años los sindicatos han preferido cerrar empresas, entre otras cosas por las comisiones de los EREs, que ayudar a reestructurarlas. Esto ha cambiado con la crisis, pero volverá si las cosas mejoran, porque está en el ADN de los sindicatos, más ahora que van a tener problemas para vivir de la formación.

4. El sistema fiscal penaliza a quienes obtienen rentas altas en períodos cortos -los tipos del IRPF son muy progresivos- y al siguiente pierden dinero. Si ganas 100.000 en un período de tres años pero la renta proviene de uno sólo, caso típico de un profesional por cuenta propia o un pequeño empresario, pagas mucho más que si los ganas repartido entre los tres.

5. El sistema fiscal penaliza a quien crea empleo o tiene empresas intensivas en mano de obra. La cuota empresarial a la Seguridad Social es un impuesto al empleo que no se vincula a los resultados. Las grandes corporaciones y las organizaciones empresariales presionan para bajar el Impuesto de Sociedades pero no lo hacen para bajar la cuota empresarial a la SS, cuando debería actuarse al revés. Esta es una anomalía que explica, en parte, las cifras del paro. Al penalizarse el empleo, el empresario tiende a ser más conservador o acabar en la economía sumergida por pura supervivencia. Si contratar es caro, y la relación laboral continúa siendo rigida, ¿qué incentivos hay para crear empleo?

6. Los que cotizan como autónomos carecen de protección cuando pierden su empresa, y en estos años han sido muchos, y tienen una pensión misérrima cuando se jubilan. Además, arriesgan su patrimonio si su empresa quiebra.

7. Los magistrados laborales continúan pensando que las empresas duran indefinidamente, cuando la mortandad en un mundo globalizado es altísima, y los cambios obligan a mucha flexibilidad si se quiere sobrevivir. La idea de que un puesto de trabajo es vitalicio no puede ser el punto de partida para analizar lo que ocurre en el mercado. La contrarreforma laboral que están llevando a cabo las magistraturas es notable.

8. En épocas de restricción del crédito, Hacienda y la Seguridad Social se han dedicado a acabar de hundir a empresas con problemas de liquidez con recargos del 20% (por cierto, en el caso de la SS, incrementados en plena crisis).

9. Hacienda y Seguridad Social están llevando a empresas a liquidación por la rigidez en dar aplazamientos y por el hecho de que, mientras los acreedores privados aceptan quitas en convenios de acreedores, los acreedores públicos no lo hacen: prefieren que la empresa cierre y no cobrar nada antes que ayudar a salvarla. Una concepción muy típica de la desconfianza.

10. La legislación en general está marcada por la intervención de los abogados del Estado y otros cuerpos funcionariales que miran con desconfianza a los empresarios. Incluso las leyes que pretenden ayudar acaban siendo tan restrictivas y con tantas cautelas que, en la práctica, quedan en casi nada o sólo son aprovechadas por las grandes empresas con gabinetes jurídicos y departamentos especializados en bucear en el BOE y en las relaciones con las administraciones. La legislación concursal o la ley de segunda oportunidad son ejemplos de lo que digo. Afortunadamente, en los últimos años, algunos juzgados de lo mercantil, especialmente en Barcelona, están haciendo un gran esfuerzo para buscar interpretaciones de la ley que favorezcan la continuidad empresarial.

En el panorama político actual, los empresarios son actores más que secundarios

Todo lo dicho hace que hoy incluso en las facultades de económicas y empresariales los estudiantes, mayoritariamente, sueñen con ser funcionarios, en trabajar en grandes corporaciones o ser deportistas. En Catalunya el crecimiento de la administración autonómica ha roto con una tradición que en los años setenta se recogía como una nota distintiva: el espíritu emprendedor. Se puede decir que el nacionalismo ha cambiado, a peor, los rasgos distintos de la idiosincrasia catalana. De empresarios a burócratas, aunque continúe habiendo más vocación empresarial que en otros lugares. La verdad es que si un joven me pidiera que le aconsejase, le diría que entrase a trabajar en una entidad financiera, una gran empresa o se haga funcionario público. A partir de un puesto de alta seguridad, aunque a veces haya reajustes de lujo, puede prosperar y si no hace carrera interna, puede hacer alguna chapuza fuera de horario para mejorar el salario.

En definitiva, en el panorama político actual, los empresarios son actores más que secundarios. Esto, además de injusto, es malo para la economía y para la democracia, es decir, en última instancia, para la mayoría de ciudadanos.

Se me dirá que el premio cuando se triunfa es muy alto. Es cierto, pero la gran mayoría no somos mentes privilegiadas , ni innovamos globalmente. Con trabajar, dar trabajo y mantener vivas nuestras empresas nos damos por satisfechos.

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¿Quién es... Francesc Moreno?
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Presidente del Consejo Editorial de CRÓNICA GLOBAL. Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho financiero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Derecho mercantil en la Universidad de Barcelona (UB). Ha sido vicepresidente de La Seda de Barcelona. Fue el editor de El Debat y Tribuna Latina.

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