La moratoria turística de Colau bordea la ilegalidad, según los juristas

Las justificaciones del gobierno municipal de Barcelona para frenar los hoteles entran en contradicción con la ley urbanística de Cataluña.

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Redacción
Lunes, 13.07.2015 02:45

La moratoria turística que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha decidido para la capital catalana no sólo ha cosechado el rechazo frontal del sector afectado, sino que además es vista como una actuación legalmente arbitraria por los expertos en derecho urbanístico y administrativo consultados.

La suspensión de las licencias hoteleras en Barcelona que ha sacado adelante Ada Colau están previstas en el Texto Refundido de la Ley Urbanística de Catalunya (TRLUC), en concreto en su artículo 73.1. Sin embargo, la legislación señala que el ayuntamiento que opte por una medida de estas características deberá identificar cuáles son las figuras de planeamiento urbanístico a modificar.

Desviación de poder

En este caso no se ha producido de manera correcta, según los juristas especializados. “Bajo ningún concepto es admisible una moratoria hotelera con el simple pretexto de ‘estudiar la situación turística’. Esta justificación –agrega uno de los expertos– constituye una clara desviación de poder por parte de la Administración Pública”.

En la controvertida medida adoptada por Colau se advierten, siempre según las mismas fuentes, otro elemento de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad. Es el informe de la directora de Servicios de Planeamiento, Amelia Mateos, en el que se justifica la moratoria hotelera por la saturación del turismo en Ciutat Vella y Gràcia. “Se señala que la medida intenta conjurar el riesgo de degradación de esos dos barrios de Barcelona y acaba haciendo extensiva la medida a toda la ciudad, pero sin ninguna justificación”, argumenta otro letrado que ha estudiado el texto de la medida municipal.

Una medida para dos barrios que se extiende

“Los dos barrios que motivan el informe quedan al margen de la moratoria, concretamente la zona Ramblas y el ámbito central de Vila Gràcia, ya que en el primer caso es preciso que transcurran más de tres años desde la última suspensión que les afectaba y en el segundo ya estaban suspendidas. Es decir, se aplica una moratoria en toda Barcelona con excepción de los barrios que originan el problema”, razona el responsable jurídico de un bufete especializado en derecho urbanístico. En todos los casos, los juristas prefieren mantener la máxima confidencialidad, aunque han iniciado el estudio de la medida municipal por expresa petición de sus clientes, algunos de ellos afectados por la moratoria.

Un catedrático independiente consultado también sobre el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona asegura, además, que la jurisprudencia existente exige respetar los elementos esenciales de la motivación, los tipos de planes afectados y los objetivos a alcanzar. “Ninguno de esos elementos ha sido considerado por en el acuerdo adoptado por el ayuntamiento”, señalan.

Las irregularidades detectadas por los juristas serán la base sobre la que realizarán la batalla jurídica contra el consistorio barcelonés para conjurar la moratoria turística aprobada. En algunos casos, los recursos ante los tribunales se llevarán a cabo de manera inmediata, explican.

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